A dos semanas que concluya el plazo para que el Ayuntamiento de Aguascalientes tenga un Reglamento de Vialidad acorde con la nueva Ley de Movilidad del Estado, se desconoce los avances que hay, ya que a estas alturas deben haber concluido los consensos con los sectores involucrados.

Los citados sectores puede ser organizaciones ciudadanas, colegios de profesionistas como urbanistas, arquitectos y abogados, entre otros, lo mismo que agrupaciones de taxistas y camiones urbanos, representantes de ciclistas, motociclistas y peatones, de empresas repartidoras, del comercio y el empresariado en general.

Aunque la citada legislación procede del Decreto que dispuso el gobernador Martín Orozco Sandoval, con fecha 27 de abril de 2018, el director del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Jaime Gallo Camacho aseguró que “desde hace un par de años se trabaja en el proyecto de reglamento de movilidad vial”, lo que actualmente lleva a cabo la comisión correspondiente que preside Alejandro Monreal.

El propósito de esa comisión, explicó, es “especificar la jerarquía de la movilidad, la cual pone en primer lugar al peatón, luego al ciclista, al transporte público como un medio indispensable para la movilización de personas, seguido del transporte de carga y en último lugar queda ahora el vehículo particular”.

Adelantándose a lo que planteen los “sectores involucrados” y la propuesta que presente la citada comisión, Gallo González definió el rol que tendrá el Reglamento de Vialidad, al mencionar que tradicionalmente en todas las ciudades del mundo se la ha dado prioridad al vehículo particular, lo que desde su punto de vista “gradualmente ha desplazado al peatón y al ciclista de los espacios públicos de movilidad”, por lo que ahora se invierten los papeles para que los cerca de 400,000 vehículos particulares que circulan en Aguascalientes vayan al final de los derechos que corresponden a los usuarios de la vía pública.

También incluirá atender condiciones claras para el control del servicio público, “el cual ha sido una asignatura pendiente desde hace muchos años, pero ahora se logran instrumentar acciones que molestan a quienes se han manejado como monopolios concesionados”, además restó importancia a las amenazas por parte de los usufructuarios del transporte digital y otros sectores del transporte colectivo, “que sólo quieren mantener posturas anárquicas, por lo que deben saber que existen jurisprudencias y esquemas de operación de movilidad legales y probados en otros lugares, por lo que difícilmente prosperarán sus quejas”.

Pidió al Cabildo que avance en el consentimiento general para el citado reglamento y aquello que se legisle a nivel municipal “tenga la mejor aceptación de los involucrados sobre el uso del espacio público como límites de velocidad, carriles confinados o para el transporte público, entre otros”.

Lo único que le faltó comentar fue sobre las sanciones que se impondrán a los infractores, lo que deberá ocupar un primerísimo lugar en el escrito, ya que en una administración que se ha distinguido por su afán recaudatorio debe tenerlo como el más importante.

Si el Instituto Municipal de Planeación tiene ya elaborado o hilvanado el documento, pasa a segundo término lo que opinen o propongan representantes de los sectores, como también aquello que planteé la comisión conducente, sin embargo se debe cumplir el término que hay, que de alguna manera servirá para hacer un acto en que se exacerbe el ánimo localista por ser el primer municipio en el estado que cuenta con un reglamento de esta naturaleza.

HISTORIA SIN FIN

Desde que María Canica andaba por estos andurriales escuchaba las quejas de los pobladores por los atropellos que sufrían de los guardianes del orden, que en su papel de autoridad utilizaban el garrote para imponer la ley, algo que no cambia en la época actual pese a que ahora los policías son egresados de academia y por lo mismo, deberían tener nociones de lo que establecen las constituciones federal y local sobre los derechos que tienen los ciudadanos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), informó que en lo que va del año se tienen documentadas 140 denuncias contra policías municipales, estatales y ministeriales, que se presentan cuando los perjudicados perciben que son violados sus derechos humanos al momento de ser detenidos en libertad, y que se violenta su seguridad e integridad personal, asimismo ha habido 86 acuerdos de no responsabilidad.

Sobre el particular, el presidente de ese organismo, José Asunción Gutiérrez Padilla declaró que las quejas son en contra de las corporaciones policíacas del municipio capitalino y de otros, al igual que de la policía estatal y policía ministerial.

Aunque es un delito que debería estar erradicado totalmente, en pleno Siglo XXI la tortura se mantiene vigente en Aguascalientes como se demuestra en las denuncias que hace el procesado ante el juez, de que fue objeto de tratos crueles que en su mayoría involucran a policías ministeriales y de la municipal.

La queja principal es porque fueron maltratados en el trayecto o que en lugar de llevarlos directamente a las instalaciones se desvían, por lo que la CEDH interviene y abre un expediente que permite conocer cómo sucedieron los hechos y en caso de haber delito se investiga hasta llegar al o los autores.

De lo averiguado y con estricto apego al Protocolo de Estambul, se han llevado a cabo 20 indagatorias sobre tortura y de ellas 6 salieron positivas, lo que determina que aún queda mucho por hacer para que los policías entiendan que el uniforme no les da ninguna facultad para actuar de esa manera, por el contrario, hacerlo los puede llevar a la pérdida del empleo y terminar en la cárcel, por lo que tienen que reflexionar antes de actuar.

Cada vez que salen a la luz pública situaciones de esta naturaleza de inmediato los diputados ofrecen sus “buenos oficios” para erradicar cualquier acto policíaco fuera de la ley, así fue el 7 de octubre de 2016 cuando el entonces legislador Enrique Juárez Ramírez – actual presidente estatal del PRI–, dio a conocer que la Comisión de Seguridad Pública que presidía, aprobó el dictamen que contiene la iniciativa de la Ley de Uso de la Fuerza en el estado.

Juárez Ramírez aseguró que con ello “se busca evitar la brutalidad y garantizar que los elementos policíacos actúen bajo los principios legales para salvaguardar la integridad de la ciudadanía y garantizar la impartición de seguridad en la entidad”.

Días antes de lo señalado, Óscar González Mendívil, que fungía como fiscal general del estado, informó que “hay otros casos de extorsión con la misma forma en como operaban los elementos de la Policía Estatal que fueron aprehendidos, en la víspera, en flagrancia, cuando exigían el pago de un botín”.

Al igual que como actuaban los jenízaros de huarache y ropa de manta en los tiempos de María Canica, proceden hoy los que exhiben flamantes uniformes y patrullas y tienen mejores salarios, como lo tiene documentado la CEDH.

CLAMAN EN EL DESIERTO

Con más ganas de hacerse escuchar que cumplir sus amenazas, los operadores del transporte urbano reiteran que podrían llegar la huelga si los concesionarios se niegan a constituirse en una sola empresa, como lo exige el gobierno para dar paso a la modernidad y en lo que han venido luchando. El dirigente sindical, Roberto Mora Márquez dijo que lograr ese objetivo es indispensable para terminar con la incertidumbre laboral en que están. Ante ello, los patrones no les informan nada, “con nosotros no hay algún comentario de qué van a hacer, cómo le van a hacer, cuándo va a ser, nada, en absoluto”, lo que le obliga a estar muy atento “para evitar la simulación”, por lo que “o se hace o no se hace, simple y sencillamente”, refiriendo que la empresa única debe estar constituida para el mes de agosto del presente año y hasta la fecha no ven visos de que vaya a ocurrir, por ello el único camino es paralizar el servicio, que de suceder sería catastrófico para la ciudad.