Noé García Gómez

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los salarios mínimos que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2015. En general, el aumento es de 4.2% quedando para el área geográfica A, la cantidad de 70.10 pesos al día, un aumento de 2.81 pesos con respecto al monto previo; para la zona B se fijó un salario mínimo de 66.45 pesos, un alza de 2.68 pesos, zona donde se encuentra Aguascalientes.

Dichos incrementos no solo son irrisorios, sino indignantes y ofensivos para el pueblo de México, considerando los privilegiados sueldos que gana la clase política en nuestro país, por ejemplo, el presidente de dicha comisión, que establece anualmente los salarios mínimos (Conasami), gana 174 mil pesos mensuales, casi 6 mil pesos diarios. Otros funcionarios, sus exagerados sueldos son los siguientes: un ministro de la Suprema Corte de Justicia gana 560 mil pesos mensuales; los legisladores: diputados, 124 mil pesos y senadores, 165 mil pesos. En el poder Ejecutivo, el presidente gana 204 mil pesos, los secretarios 198 mil pesos; los gobernadores, en promedio, ganan 150 mil pesos; en los municipios, por ejemplo, en Aguascalientes un regidor gana aproximadamente 70 mil pesos mensuales; y de los órganos autónomos como el INE 252 mil pesos para cada uno de los 11 consejeros electorales.

Estudios establecen que el gasto corriente del gobierno representa el 76% de todo el presupuesto que se ejerce en México; 39% se destinó al pago de los salarios de la burocracia, esto incluye asesores, choferes, asistentes, etcétera; 27.2% en servicios que incluye los celulares, gasolina, renta de oficinas, electricidad, entre otros.

Ante la inminente contienda electoral del 2015, partidos y políticos demagógicamente impulsan supuestas acciones para incrementar el salario mínimo, lanzan consultas, iniciativas para desvincular el salario mínimo como medida en diversos cobros y multas, convocan a foros, emiten opiniones y declaraciones, etcétera. Pero hay que destacar que ninguno de esos políticos impulsa una reducción en sus prestaciones, por ejemplo, en el Distrito Federal donde se impulsa con más fuerza dicho debate, el jefe de Gobierno del DF gana 105 mil pesos mensuales y un asambleísta legislativo gana 80 mil; en Aguascalientes se presentó un copy paste adaptado de las iniciativas presentadas en la Asamblea Legislativa del DF para desvincular el salario mínimo, pero claro que no se ha propuesto que los legisladores locales reduzcan su dieta y prestaciones, que sumado haciende casi a los 100 mil pesos mensuales por cada legislador, ¿con qué calidad moral darán el debate con esos sueldos?

Los políticos que quieran encabezar la discusión del salario mínimo, moral y éticamente tiene la obligación de a) Acompañar con el debate de la reducción de salarios de la alta burocracia y presentar iniciativa de Ley de Salarios Máximos para Servidores Públicos, b) No esperar a que se apruebe la Ley y se establezca el tabulador, ellos mismos tendrían que regresar a las arcas parte de sus exagerados sueldos que actualmente reciben, como muestra de solidaridad a la clase trabajadora del estado y el país.

Un planteamiento e iniciativa que no se acompaña de hechos corre el riesgo de quedar en la demagogia política y el populismo legislativo.

¿Habrá algún partido y sus respectivos políticos que asuma el reto?

Ccp.- para la LXII del H. Congreso del Estado de Aguascalientes