En relación a varias iniciativas que hay en el Congreso, sobre el tema del fuero, los diputados no han logrado ponerse de acuerdo, si lo eliminan, lo dejan y en tal caso, si se hacen especificaciones para la protección de libertad de expresión para determinados servidores públicos, como los diputados.

El pasado martes iba a sesionar la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para dictaminar lo conducente, pero se canceló la reunión posponiéndose para ayer. Sin embargo, los cinco comisionados no lograron llegar a un consenso, declarándose un exceso para la siguiente semana.

Este organismo está integrado por los diputados Jorge Saucedo del PRD, Dennis Gómez del PAN, Enrique García también del PAN, Karina Banda del PES y Érika Palomino de MORENA. Hasta ayer tres estaban a favor del fuero con ciertas limitantes y dos en contra.

La Constitución local, en su Artículo 75, establece que serán sujetos de responsabilidad penal los servidores públicos que tengan fuero y cometan hechos delictivos del orden común en los términos de la normatividad penal, durante el tiempo de su encargo y por el enriquecimiento ilícito por sí o por interpósita persona que aumente sustancialmente su patrimonio, adquiera bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar.

Para proceder penalmente en contra de los diputados locales, el gobernador, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los miembros del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial, el secretario general de Gobierno, el fiscal general del Estado, el presidente municipal, regidores y síndicos de los Ayuntamientos, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, el comisionado presidente y los comisionados ciudadanos del Instituto de Transparencia del Estado, el Congreso del Estado será erigido en Gran Jurado y declarará por consenso de las dos terceras partes del total de los diputados, si ha lugar a formación de causa.

En caso negativo, no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando el acusado haya dejado de tener fuero, comenzando entonces la prescripción.

En caso afirmativo, el acusado quedará automáticamente separado de su cargo y sujeto a la acción de los tribunales comunes.