David Reynoso Rivera Río

Hacea aproximadamente una semana, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de una reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato, misma que ahora se encuentra bajo discusión de nuestros Senadores. La votación arrojada por nuestros diputados federales logró la mayoría calificada que se exige para una reforma de este tipo, ya que 329 diputados votaron a favor, 153 diputados en contra y existieron 2 abstenciones que se acompañaron además de la ausencia al momento de la votación por parte de 16 diputados.

A grandes rasgos, la iniciativa contempla introducir la figura de la revocación de mandato que permitirá a la ciudadana decidir si desea que su Presidente de la República continúe en el cargo, aún antes de que fenezca su mandato constitucional para el que fue electo. Los pormenores en cuanto al número de ciudadanos que deberán participar para que su resultado sea obligatorio se manejan sobre una base del 3% que resulta mínima en comparación con los instrumentos similares existentes a nivel local y/o municipal en países como Estados Unidos de Norteamérica, mismos que contemplan su vinculación bajo una participación mínima del 15%; sin embargo, basta con repasar los antecedentes de los países que cuentan con dicha figura para advertir lo que se podría avecinar como resultados mínimos obligatorios.

Bolivia y Venezuela, son dos de los referentes que lamentablemente se me vienen a la mente al pensar en gobiernos de izquierda que implementan acciones populistas como la revocación de mandato presidencial, en la que mágicamente han encontrado en dichos mecanismos, una oportunidad de consolidar el populismo disfrazado de democracia para beneficiar a su partido e inclusive a su propio culto político.

Lo interesante sobre el dictamen que se aprobó en la Cámara de Diputados, resulta ser que la consulta sobre la revocación de mandato en nuestro país, deberá ser realizada en las elecciones del año 2021 y por ende aumentan las posibilidades de que el fenómeno “AMLO” influya en el voto de la ciudadanía ante la elección de otros cargos públicos. De igual manera dispone el dictamen que para el caso de que el resultado sea adverso a la continuidad del Presidente, será el Congreso quien elija a un nuevo presidente para finalizar un mandato y no bajo un nuevo proceso electoral, lo cual pone en evidencia que, ante la apabullante mayoría de Morena en el Legislativo, estaríamos repitiendo y exponenciando las antiquísimas prácticas de un partido hegemónico que tanto se criticaban.

Las elecciones intermedias lamentablemente en nuestro país no han logrado consolidarse como un mecanismo de evaluación ante el proyecto de nación que cierto partido pueda encontrarse manejando. Lo anterior, dado a que hemos convertido nuestro sistema electoral en un sistema de clientelismo bajo esquemas de “liderazgos” y dádivas que abarcan los momentos previos de la elección, así como la propia jornada electoral.

Habrá que estar muy atentos a las discusiones que en este momento se encuentran en el Senado de la República para evitar que la revocación de mandato se convierta en un perverso mecanismo que permita perpetuar en el poder a algunos perfiles que indignamente se encuentran legislando y/o gobernando. Para ello basta recordar que en el pasado proceso electoral existieron candidatos que ganaron su distrito sin ni siquiera haber realizado un acto de campaña y únicamente bajo la bandera de un discurso antisistema que logró permear en la sociedad de manera tal que se eligieron diputados y senadores sin la más mínima experiencia o conocimientos legislativos.

Nuestro país merece gobernantes y legisladores capaces, dejemos de creer en falacias populistas y mejor exijamos como ciudadanos la existencia de mecanismos que propicien que dichos perfiles capaces y probos, sean postulados por los partidos políticos.

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