Con motivo de mi última publicación, he decidido abordar en esta ocasión uno de los grandes temas que han surgido nuevamente a la luz tras la conmemoración de los cien años de la Constitución. Dar paso a un nuevo instrumento fundante representa una opción para muchos doctrinarios, juristas y analistas.
En días pasados tuve la oportunidad de escuchar una magistral ponencia al respecto por parte del ministro Fernando Franco, de la cual tuve a bien nutrir información para la publicación del presente texto. Resulta divertido el analizar la numeralia tras 100 años de vida de nuestra Constitución ya que debemos partir de la base de que nuestra norma fundante originaria se conformó por cerca de 23,000 palabras, mientras que actualmente oscila alrededor de 75,000 palabras en su articulado y rebasa las 120,000 si contamos el contenido de los ya bastantes transitorios que la conforman.
Hemos mantenido los originales 136 artículos y únicamente 22 de ellos no han sufrido modificación sustancial. Todo esto, nos da un cúmulo de cerca de 230 Decretos Reformatorios publicados en el Diario Oficial de la Federación, mismos a los cuales habremos pronto de agregarle el correspondiente a la justicia laboral.
Dentro de las reformas más importantes que han impactado nuestro máximo ordenamiento me atrevería a destacar la reforma en materia de Derechos Humanos que integró el nuevo paradigma constitucional en nuestro país; las reformas en materia de educación e igualdad de género; la reforma para el establecimiento de la doble nacionalidad; la reforma político-electoral y el establecimiento de las candidaturas independientes al igual que los diversos instrumentos de control constitucional en materia electoral; la ya comentada anteriormente reforma a la Ciudad de México; así como la abundante regulación e implementación de diversos organismos constitucionales autónomos; el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y la previsión de la figura del gobierno de coalición, entre otras.
Los que seguimos muy de cerca el proceso del establecimiento del congreso constituyente para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, sabemos que las condiciones políticas del país hoy en día dificultarían en extremo el establecer un constituyente para crear un nuevo texto constitucional federal y con mayoría de razón resultaría inviable proponer el establecimiento de un nuevo texto constitucional estatal.
La conmemoración de los cien años debe servir como un buen ejercicio de reflexión, de manera que el verdadero reto no consista en elaborar una nueva constitución; sino en hacer que nuestro texto tenga plena eficacia y vigencia. A cien años del histórico ejercicio que dio vida a nuestra norma fundante, el reto también consiste en enfrentar los grandes problemas que achacan al país, tales como la inseguridad personal y jurídica, la desigualdad social, la corrupción y la impunidad. Para combatir lo anterior no basta únicamente con un marco legal, sino con el hecho de propiciar una cultura generalizada del cumplimiento del derecho.
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