Sacar de la circulación vehículos particulares que portan placas vencidas exige un procedimiento administrativo previo de la autoridad, señaló el profesor-investigador del Departamento de Derecho de la UAA, José Manuel López Libreros.
Recordó que la Constitución General de la República protege a todas las personas para que no sean molestadas en sus bienes ni en sus posesiones, y si bien es cierto que este mandato no es ilimitado, sí obliga a las autoridades a tener que adoptar medidas específicas para restringirlo.
“Lo regular sería emprender un procedimiento administrativo en el cual el particular pueda ser oído y vencido como preámbulo a la imposición de una sanción equivalente a desposeerlo de un automóvil, en atención a que las placas que porta el vehículo están vencidas”.
En entrevista, el catedrático subrayó que invariablemente es motivo de discusión la legalidad de cualquier detención que no sea en función al mandamiento de un juez. Y es que por otro lado, debemos entender que estas acciones obedecen a planes y programas de seguridad pública, que debe ser fin y garantía del Estado respecto del conjunto de la población.
Así que el escenario muestra la necesidad de depurar y controlar el registro de vehículos, frente a la necesidad de que cualquier particular que vaya a ser desposeído de su auto se vea sometido a un procedimiento administrativo. En ese sentido, López Libreros estimó que el punto de equilibrio sería emprender procedimiento y resolver tanto el registro de cada vehículo, como la garantía de audiencia de su dueño.
“Y es que no hay que perder de vista que los propietarios de vehículos en esa condición son quienes están incumpliendo leyes y la ley tiene que ser respetada, por lo que lo pertinente sería un procedimiento administrativo para que los particulares sean oídos, vencidos y en su caso, privados de su bien”, concluyó.