Con dos noticias trascendentales está a punto de cerrar el año el gobierno del estado, una de ellas se refiere a que durante 2017 logró que alrededor de 90,000 personas recibieron el servicio de agua potable y otra el regreso de Interjet con cuatro rutas.

Visto desde perspectivas distintas ambas acciones dejan un beneficio muy amplio a diversos sectores de la sociedad, ya que mientras el agua entubada llegó a comunidades rurales que tenían muchos años solicitándola, el transporte aéreo es indispensable para los segmentos económico, empresarial y turístico.

En el primer caso se aplicó una inversión superior a los 40 millones de pesos para la ejecución de las obras de infraestructura, principalmente perforación de pozos, instalación de tanques elevados, rehabilitación de redes de alcantarillado y ampliación de líneas de conducción y alimentación de la red, lo que favoreció a residentes de Bimbaletes, Asientos; El Tecongo, San José de Gracia; La Unión, El Llano; El Tepozán, Tepezalá; La Punta, Cosío; La Cañada, Jesús María, y Ojo de Agua y Ojocaliente, Calvillo, entre otras.

El gobernador Martín Orozco Sandoval afirmó que gracias a estas obras se consiguió dotar de agua en cantidad y calidad “a familias que por muchos años se mantuvieron en el olvido y sin acceso a este recurso indispensable para su salud y bienestar”.

De igual manera, reiteró que a través del Instituto del Agua del Estado se trabaja en coordinación con los ayuntamientos para seguir proveyendo del vital elemento a más comunidades, lo que confirma que una de las prioridades de su administración es atender esta necesidad que conforme se tengan los recursos necesarios, sean directos o en una mezcla con los municipales y federales, se aplicarán conforme al esquema establecido.

En forma paralela hay estudios permanentes sobre la calidad del agua que se extrae para que en la destinada al consumo humano exista la plena confianza de su potabilidad, con lo que se cumple un derecho universal de velar por la salud de los habitantes.

En lo que se refiere a la empresa Interjet, que había suspendido los vuelos entre Aguascalientes y la capital del país, finalmente se obtuvo no sólo la reanudación del servicio sino que agregará tres destinos: a Puerto Vallarta, Cancún y Monterrey, con viajes desde y hacia esta entidad.

En la ceremonia que tuvo lugar en el aeropuerto local Jesús Terán Peredo, el gobernador Orozco Sandoval resaltó la importancia que tiene el servicio aéreo para la entidad, ya que el enlace con Ciudad de México y con Monterrey “son destinos prioritarios para los empresarios nacionales e internacionales, que están invirtiendo en Aguascalientes”.

Son operaciones que fortalece la labor que desarrolla el gobierno estatal en materia de atracción de capital, que es el caso de 32 nuevos proyectos con una inversión que supera los 700 millones de dólares, por consiguiente estos vuelos serán una parte fundamental, apuntó el mandatario, “para que las empresas vean en Aguascalientes a un estado rentable, que puede facilitar la comunicación de las personas y su traslado a cualquier parte del mundo y del país”.

En condiciones similares se observa el beneficio que aportará al turismo, ya que al haber transporte aéreo a destinos de playa, como Cancún y Puerto Vallarta, favorecerá traslados de esta ciudad a esos lugares y viceversa, lo que es una política de “ganar-ganar”, al haber mayores ingresos para los medios hotelero, gastronómico y comercial.

Ojalá que en 2018 y en los siguientes años se multipliquen las acciones que auspicien mejores condiciones de vida para cada uno de los sectores de la sociedad, que en cada uno de estos casos son el mejor ejemplo, en función que quienes recibieron el agua potable saben lo que esto significa para el desempeño de su vida diaria, y los que utilizan el tránsito aéreo reconocen la importancia de tener al alcance un medio que facilita sus actividades.

CONTROVERTIDA LEY

Con argumentos sólidos se refutó las modificaciones que se hicieron al Código Penal del Estado de Aguascalientes, que permite la “legítima defensa” cuando se produzcan robos en casa-habitación, negocios y edificios públicos, al interpretarse como una “licencia para matar”, que sin embargo no será un elemento disuasivo para reducir el índice de fechorías.

Tal parece que la actual Legislatura tropieza con la misma piedra que sus antecesoras, que por el prurito de pasar a la historia como “reformadora” no investiga, no consulta y no valora la trascendencia de sus actos, por lo que vendrán otros diputados a corregirles la plana.

Según los legisladores, el propósito de la “legítima defensa” es “prevenir cualquier conducta ilícita que termine por afectar física, emocional y patrimonialmente” a los habitantes del estado, y se reconoce el derecho que hay a defender el patrimonio y la tranquilidad “siempre evitando caer en linchamientos o en actos que priven de la vida a terceros”, esto es, el afectado “se podrá defender siempre que exista un peligro real hacia la persona, su tranquilidad o su patrimonio, teniendo el respaldo jurídico necesario”.

En apoyo a ese acuerdo, el fiscal general del Estado, René Urrutia de la Vega aseguró que no es una autorización que permita emplear cualquier medio para repeler una agresión, sino que se pretende “ampliar la esfera de protección a la ciudadanía, que es lo primordial, usando las reglas de legítima defensa y atendiendo ahora los supuestos que se agregaron a la norma en tal sentido, pero no legitima excesos”.

Sostuvo que la legítima defensa ya se contemplaba en el Código Penal del Estado y como figura jurídica se encuentra en todo el país, por lo que, lo aprobado por el Congreso local “se suma a los estados que tratan de ampliarla para proteger a la ciudadanía”, misma que prevé dos puntos fundamentales, como son un riesgo real e inminente de ser agredido, y la proporcionalidad que debe existir en el uso de los medios para repeler la agresión, sin embargo, el funcionario dijo que esto no significa que el pueblo esté indefenso ante las agresiones de los delincuentes, puesto que para eso están los encargados de hacer valer la ley.

Contrario a lo manifestado por diputados y diputadas, el jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), José Luis Eloy Morales Brand, calificó de “ociosa” la reforma, al considerar que la legítima defensa lleva implícito el riesgo de que su efecto sea contrario a la “buena intención” del Poder Legislativo.

Dejó en claro que se trata de una copia de la reforma que se hizo en mayo pasado en Nuevo León, cuyo resultado está a la vista: no sólo no han disminuido los índices delictivos, sino que se han multiplicado los linchamientos. De acuerdo a la información que genera esa entidad, no hay hasta este momento un solo caso de linchamiento o reacción desproporcionada que se haya podido acreditar como legítima defensa y por los reportes de jueces y ministerios públicos, las personas que se han señalado como responsables están siendo procesadas a título doloso o intencional, tal como aconteció hace unos días aquí con tres balconeros que privaron de la vida a un contumaz delincuente y ahora enfrentan una pena de cuatro años.

El doctor Morales Brand afirmó que en Aguascalientes la legítima defensa está regulada desde la década los 90 con un artículo amplio y puntal que no requería ajustes y por si fuera poco, lo avalado por los diputados de que todo ingreso indebido al domicilio o negocio es un supuesto para actuar en legítima defensa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo tiene previsto y definido desde hace 15 años.

Más que incrustar innovaciones a la ley lo que hace falta es fortalecer la educación y comunicación en familia y entre los ciudadanos y no seguir con la creencia de que reformando se resuelven los problemas, y menos cuando no se calcula los alcances que tengan los cambios jurídicos y la interpretación que pueda darle la sociedad.

CORRIGE LA PLANA

Luego de los reclamos que hubo de autobuseros, taxistas, ciclistas y usuarios del transporte público ante la nueva Ley de Movilidad que presentó la Seguot (Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial) del gobierno del estado, el ayuntamiento de Aguascalientes indicó que en enero próximo el Congreso llevará a cabo los procesos de consulta ciudadana.

El director del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Jaime Gallo, indicó que lo mismo procederá con el nuevo Reglamento de Tránsito, aunque sobre este particular no precisó si será un reglamento con aplicación sólo para el municipio capitalino, ya que hasta la fecha la Ley de Tránsito del Estado ha sido para las once municipalidades.

Lo que sí mencionó fue que el Poder Legislativo le dedicará el mes de enero para el análisis, consulta y trabajo en comisiones sobre la Ley de Movilidad del Estado y entre febrero y marzo harán lo propio en el Cabildo para tener el reglamento de tránsito, para ello se tomará en cuenta la opinión de todos los sectores involucrados.

LA SCJN DECIDIRÁ

Como era de esperarse, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior con lo que dio entrada para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare si la norma se apega a la Constitución para entonces consumarla.

Frente a las exigencias de diversos grupos e instituciones para que vetara la legislación, fue necesario dar este paso y que el máximo tribunal del país ofrezca los razonamientos legales de si es o no conveniente su aplicación.

“De acuerdo con nuestro marco jurídico la Suprema Corte sólo puede pronunciarse sobre una ley una vez que ésta ha sido promulgada, por tanto doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Corte sobre esta ley”, señaló el mandatario.

Agregó que está consciente de que este ordenamiento “es especialmente sensible para la vida pública del país, por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”.

Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que tuvo lugar en Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo sostuvo que la Corte “será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”.

Al mismo tiempo, EPN reiteró que la Federación continuará auxiliando a los estados que necesitan el respaldo de las Fuerzas Armadas, señalando – una vez más – la urgencia que las autoridades estatales y municipales fortalezcan su capacidad para proteger a la población ante el crimen.

Entre los acuerdos que se adoptaron en la sesión fueron: realizar acciones para prevenir y atender la violencia generada por el uso de armas y exhortar a la Cámara de Diputados para que analice y resuelva la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, también que la PGR y las fiscalías y procuradurías estatales lleven a cabo la investigación de toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso bajo protocolos de feminicidio, y el establecimiento de mecanismos para aplicar las acciones que marca la ley en la materia de desaparición forzada.

En consonancia con la exhortación del presidente Peña, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, demandó a  los estados asumir su papel en materia de seguridad y tener presente que el apoyo de las Fuerzas Armadas debe ser temporal.

“Es fundamental que las entidades asuman por completo y lo antes posible su responsabilidad constitucional en materia de seguridad que hoy en día realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. La labor debe ser vista como una oportunidad por definición temporal para que los estados aceleren y concluyan la construcción de policías sólidas y confiables”, apuntó.

Entre los más acérrimos opositores a la  Ley de Seguridad Interior está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyo presidente Raúl González Pérez ratificó que una vez promulgada la legislación presentará una acción de inconstitucionalidad debido a que, afirmó, no se escucharon todas las voces. “Tenemos 30 días a partir de su promulgación y publicación, a partir que esté en el Diario Oficial de la Federación. Tenemos 30 días para interponerla, estamos en ese análisis jurídico, vamos a acercarnos también las opiniones de la sociedad civil en sus argumentos, porque queremos escuchar a esa sociedad civil e incorporar en sus argumentos a la acción de inconstitucionalidad”, sostuvo.

Al mismo tiempo entre “colectivos” de la sociedad civil se insiste que es una ley regresiva y abre las puertas a la militarización del país, que está investida de elementos de opacidad, por lo que lucharán por echarla abajo, sin embargo parte de los gobernadores estatales se han pronunciado a favor al considerar que se debe otorgar el apoyo legal al trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en distintos lugares del país.

El mandatario de Nayarit, el panista Antonio Echevarría, de plano aventó la toalla ante la ola de ejecuciones que han azotado a su estado. Dijo que es necesaria la participación de las Fuerzas Armadas en las calles: “Claro que sí. Vean qué armamento trae la policía municipal, qué armamento trae la policía preventiva estatal y pues qué armamento trae el crimen organizado.

“Nosotros  no podemos. Nosotros nos vamos a dedicar a gobernar, a hacer infraestructura, a ver por la salud, a ver por lo que le haga falta al pueblo de Nayarit, y pues, la seguridad que lo tomen personas de ese nivel, como son las Fuerzas Armadas. Ellos tienen con qué responder”

El mismo problema que enfrenta el mandatario nayarita lo tienen sus homólogos de Veracruz, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Chihuahua, entre otros, que no obstante las reiteradas recomendaciones del gobierno federal para que tengan corporaciones policíacas capacitadas y confiables han hecho caso omiso, por lo que su responsabilidad la descargan en la Federación, cuando ésta sólo podría ser coadyuvante en algunas tareas.

Ante los reiterados reclamos a la Ley de Seguridad Interior cabe la pregunta ¿Qué pasaría si el presidente Enrique Peña dispone el regreso de las tropas a los cuarteles y deja que cada estado responda de los actos que tengan lugar en sus jurisdicciones?, se debe recalcar que la obligación de la seguridad pública es absoluta de gobernadores y presidente, no de la Federación.

LIBERTAD CONDICIONAL

Bien dicen que la jaula aunque sea de oro no deja de ser jaula, por lo que Elba Esther Gordillo Morales está de regreso en su casa, pero no podrá hacer uso de teléfono e internet, y las visitas serán exclusivamente de familiares, abogados y médicos, que sean autorizados por la PGR.

Tras casi cuatro años en prisión, la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) obtuvo el derecho que por ley le asistía – por edad y enfermedades – de estar al lado de su familia, sin embargo está sujeta a vigilancia permanente por la Policía Federal Ministerial (PFM) en su departamento de Polanco, de Ciudad de México.

Entre las medidas de seguridad que la Agencia de Investigación le impuso en la prisión domiciliaria, fue la prohibición absoluta de salir del inmueble, salvo autorización judicial, se le recogió su pasaporte y visas, y tendrá un régimen de visitas controlado, que incluye sólo a familiares, personal médico y abogados acreditados ante la PGR, quienes deberán informar fecha y horarios en que acudirán al edificio.

También se le aplicó una pulsera con GPS en el tobillo, que permite detectar si se aleja unos cinco metros de la torre habitacional de 12 pisos y no podrá establecer comunicación telefónica ni por internet, sólo con las personas autorizadas.

A una semana que regresó a su domicilio, un grupo aproximado de diez agentes federales, entre uniformados y de civiles, se ubicó en calles aledañas, como Avenida Campos Elíseos, Aristóteles, Newton y Temístocles.

Gordillo Morales fue apresada por la PGR el 26 de febrero de 2013 en el aeropuerto de Toluca, procedente de San Diego, California, acusada de utilizar de manera indebida para su beneficio los recursos del SNTE, por un monto de 2,000 millones de pesos (157 millones de dólares), a lo que posteriormente se le agregaría los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal.

Desde su detención fue asesorada por el abogado Marco Antonio del Toro Carazo, que siempre mantuvo la tesis que era injusta la reclusión debido a que la PGR ni la Secretaría de Hacienda habían podido acreditar fehacientemente los cargos que le imputaban, además de su edad y las varias enfermedades que padece, por lo que al lograr su salida de la Clínica Medi Access rumbo a la calle Galileo de Polanco, el jurisconsulto se dijo sentirse “muy contento”.

Quien fuera una de las mujeres más poderosas de México, políticamente hablando, fue la pieza escogida por el actual sexenio, como en su momento lo fue el líder petrolero Joaquín  Hernández Galicia, La Quina, para el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y más tarde Raúl Salinas de Gortari en la administración de Ernesto Zedillo. En los tres casos la coincidencia fue que las detenciones ocurrieron al inicio del gobierno.

ROCES POLÍTICOS

Con adhesión al viejo libreto de la política electoral, los “precandidatos” a la Presidencia de la República envían mensajes punzantes a sus oponentes, que son devueltos en los mismos términos, lo que establece el preámbulo de lo que vendrá a partir de marzo en que ya estarán investidos como candidatos.

José Antonio Meade Kuribreña, aspirante por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido Nueva Alianza (PNA),  pidió en Campeche que todos los aspirantes a Los Pinos se realicen exámenes toxicológicos y de salud, físicos y mentales, y se comprometan a realizarse dichas pruebas en lo inmediato.

Prometió que la siguiente vez que visite Campeche “voy a traer mis pruebas toxicológicas que acrediten mi estado de salud física y mí estado de salud mental”, lo que también deben hacer sus adversarios y que lo hagan público.

Ante el reto, el panista Ricardo Anaya, que también representa los intereses del PRD y PMC, respondió que antes Meade haga un examen de conciencia de la situación que, dijo, tiene su partido al país, principalmente de inseguridad y corrupción, por su parte el Instituto Nacional Electoral (INE) consideró que no es posible obligar a los interesados en el máximo cargo a que se hagan ese tipo de exámenes.

Otro de los pactos de Meade con el priismo campechano fue que la mitad de las candidaturas van a ser para las mujeres “que siempre han sido el centro y protagonistas de nuestro desarrollo” y que por lo general han logrado ganar, además aprovechó la visita a la entidad para reunirse con el obispo de la Diócesis de Campeche, José Francisco González, con quien conversó sobre la importancia de fortalecer los valores al interior y exterior de la familia.

En el mismo sentido, en uno de los spots que difunde el PRI, José Antonio Meade expresa: “En diciembre nos preparamos para la Navidad. Preparamos nuestras casas  para estar en familia. Preparamos nuestro espíritu para renovar el cariño y los buenos deseos. Este año yo me he preparado de una forma especial”.

Ricardo Anaya arrancó en su tierra natal la precampaña, en Ezequiel Montes, Querétaro, donde arremetió en contra de Meade y de Andrés Manuel López Obrador, que encabeza la alianza Morena, PT y PES.

Afirmó que coincide con López Obrador en el análisis de los problemas del país, pero se equivoca en las soluciones que propone y vaticinó que se va a quedar con las ganas, por tercera vez; “Es la tercera vez que va a dejar a un grupo de ciudadanos con las ganas de integrarse al gabinete. Ya dos veces nombró gabinetes que nunca se hicieron realidad y el problema con él no está en los diagnósticos ni en los gabinetes, el problema es que constantemente se equivoca en las soluciones que propone y lejos de resolver los problemas se van a agravar”.

Igualmente, desde Ahuacatlán, en la Sierra Gorda de Querétaro, Ricardo Anaya aseguró que el abanderado priista representa la continuidad del actual gobierno, además se comprometió a hacer una campaña austera y sencilla, de contacto con la gente “no como el PRI que ponen gigantescos templetes y hasta se disfrazan, que traen a miles de personas en camiones y los entrevistan y no saben a qué los llevaron”.

Por su parte López Obrador mantiene el ataque al sistema, al asegurar que quienes han empobrecido al país y propiciado altos índices de inseguridad por su ambición al dinero “son los de la ultraderecha, como el PRI y el PAN”. Cuestionó que son: “¿Liberales? ¿Moderados?, no, son quienes han llevado a cabo una política de saqueo, de pillaje que ha empobrecido al pueblo”, en cambio él se catalogó como un liberal que respeta la religión del pueblo y por lo mismo promoverá una diálogo entre los distintos credos para fomentar el respeto entre los mexicanos.

Son los prolegómenos de unas campañas que se alargarán por los próximos seis meses, con el acompañamiento de millones de spots.

 

 

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