Salvador Rodríguez López

Para las personas que acuden a terapia ocupacional al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es normal la atención que reciben, y más ahora en que se abrió una tercera sala de rehabilitación física en el Hospital General de Zona Número 3 (HGZ-3), que se suma a la del HGZ-1 y de la Unidad de Medicina Familiar Número 10 (UMF-10), pero hubo varios años en que funcionó sólo la del HGZ-1 (Clínica Uno), lo que generaba un problema para el personal encargado de esa labor ya que era demasiada la demanda, lo que obligaba a tener una lista de espera que se prolongaba por días. Los obreros o sus familiares que tenían recursos económicos acudían a recintos particulares, sin embargo el costo era prohibitivo para la mayoría de los asegurados, por lo que no tenían otra opción que esperar hasta que hubiera un lugar, lo que significaba una demora en su recuperación. Para alcanzar las metas que actualmente se tienen hay un funcionario que sin aspavientos cumple eficientemente su labor y es el delegado Diego Martínez Parra, que ha sido un factor fundamental para ampliar la cobertura hospitalaria y de servicios que registra Aguascalientes, que además ha sabido adaptarse a los relevos estatutarios del Sindicato, con el que lleva una relación que beneficia a la institución y a los propios trabajadores.

SIN MOÑO

Tantas veces se ha prometido un cambio sustancial en el servicio del transporte colectivo, que los usuarios ya no se hacen ilusiones con algunos puntos que se incluyeron en la Ley de Movilidad del Estado, como la aplicación todo el año de la tarifa preferencial a estudiantes, un botón de pánico y validadores de pago con tarjeta.
Lo que espera el público no son compromisos de palabra ni obligaciones por escrito, sino una atención eficiente de los concesionarios y una inspección tenaz de las autoridades, en donde los autobuses estén en buen estado mecánico y en sus interiores, con horarios y recorridos inalterables y paraderos que respeten los conductores.
Algunas de esas demandas son tan antiguas que ya se perdió la década en que empezaron a ser planteadas, y ahora en que por enésima ocasión se proyectan es poca la credibilidad que hay de que se materialicen, de cualquier forma es un avance tener a la mano un documento avalado por el Congreso del Estado, ya que al menos existen los elementos legales para proceder en caso de incumplimiento de algunas de las partes.
El caso de los estudiantes que viajan con descuento, es una petición reiterada de que ATUSA deje de imponer condiciones para aceptar ese pago. Hasta la fecha los transportistas deciden cuándo es válido y que por regla general sólo es de lunes a viernes, por lo que sábados y domingos y días festivos no admite la credencial, sin importar que hay jóvenes que acuden a clases o trabajos de investigación los fines de semana.
Es un problema que ha persistido sin que la autoridad imponga una norma. La Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes alega que registran pérdidas con el pago del 50%, pero no toma en cuenta que para obtener la credencial el estudiantado pagó una cantidad, que se convierte en una recaudación cada seis meses superior a los tres millones de pesos, lo que les asegura una suma por adelantado, se utilice o no el documento.
El artículo 76 de la Ley de Movilidad no prevé limitaciones, al citar que las personas con discapacidad, estudiantes y adultos mayores “gozarán de tarifas preferenciales en el transporte público colectivo urbano y foráneo, equivalente al cincuenta por ciento de la tarifa pública, previa identificación vigente expedida por instituciones que acrediten tal carácter, conforme a los acuerdos y decretos que en su caso se publiquen en el Periódico Oficial del Estado”.
Por lo anterior ya no hay pretexto para que los 365 días del año tenga vigencia y quien niegue el servicio o que obligue a pagar la tarifa completa se hará acreedor a una sanción, que inclusive puede llevar a que se abra una investigación para determinar si el chofer lo hace de mutuo propio o por órdenes del concesionario, lo que permitiría deslindar responsabilidades.
En lo que se refiere a taxis, deberán prestar servicio gratuito a su cargo a favor de adultos mayores y personas con discapacidad, atención que se regirá mediante convenios con el DIF Estatal, organismo que fijará las directrices a las que deberán acogerse los beneficiados y los propios conductores.
Por acuerdo de diputados y diputadas, el gobernador del estado podrá autorizar, de manera adicional, la interrupción del pago hasta por el 100% en la tarifa de transporte urbano y colectivo foráneo (“combis”), además, las personas con movilidad limitada que se hagan acompañar de perros de asistencia, tendrán acceso a todos los servicios de trasporte de personas, lo que deben saber los choferes para que sean accesibles.
Como dijera aquel, con el tiempo y un ganchito se sabrá en que termina lo que hoy se festina como la ley mejor acabada en materia de tránsito general.

30 DE MAYO

El próximo 30 de mayo vence el plazo para que las empresas entreguen utilidades a sus empleados y quienes no cumplan para esta fecha con esa exigencia legal, serán multados hasta por 403 mil pesos.
De acuerdo a lo que dispone la Ley Federal del Trabajo las empresas con un ingreso anual declarado menor a 300 mil pesos no están obligadas a otorgar utilidades, lo mismo que las empresas de reciente creación quedan exceptuadas y las que se dediquen a la elaboración de un producto novedoso de reciente creación, no obstante sólo durante los dos primeros años de trabajo.
La agencia Notimex informó que el representante de la plataforma digital Enconta, Daniel Martínez señaló que puede existir confusión respecto a quienes están obligados a realizar este pago a los trabajadores, en especial las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con una plataforma de servicios contables que las oriente y brinde herramientas para hacer más eficientes los procesos administrativos.
De manera particular se refirió a las empresas de la industria extractiva de reciente creación y en período de exploración, así como las instituciones de asistencia privada sin propósitos de lucro, o las públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia; tampoco están obligadas a realizar el reparto de utilidades.
También detalló que entre los negocios que deben realizar el pago existen personas que están excluidas de recibirlo, como directores, administradores y gerentes generales, así como los empleados domésticos y los trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días en el ejercicio fiscal.
Por el contrario, todos los trabajadores subordinados mediante el pago de un salario a una persona física o moral, esto es, un patrón o una empresa, deben recibir la parte proporcional de las utilidades, lo que también incluye a quienes hayan laborado un mínimo de 60 días durante el ejercicio fiscal, aún cuando ya no se encuentre en activo durante el período de pago.
A nivel local, el líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, José Alfredo González, informó que de las 360 empresas con las que se tiene relación contractual, sólo 50 no pagaron utilidades, lo que perjudica a cerca de 8 mil trabajadores, por lo que se harán las investigaciones fiscales necesarias para determinar si se ajustaron a lo que ordena la legislación, que de ser así solicitarán a los empleadores que hagan el esfuerzo de otorgar un bono de compensación, que podrá ser mínimo pero es una manera de reconocer el esfuerzo que hizo el personal durante el año pasado, actitud que valga mencionarlo, no están obligados a hacerlo, por lo que todo queda a su criterio.