En medio de las tensiones que envuelven la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el Gobierno federal emitió un pronunciamiento en el cual señala que el Poder Legislativo debe dotar de un marco jurídico a la actuación de las distintas fuerzas del orden, incluyendo las Fuerzas Armadas.

En un comunicado conjunto, las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República, advirtieron que este marco debe fortalecer las respuestas para garantizar a la ciudadanía la seguridad que demanda, especialmente ante los efectos negativos que plantea la delincuencia organizada en algunos lugares.

“El marco normativo que se discute actualmente en el Senado de la República, y que en su momento fue considerado por la Cámara de Diputados, busca reglamentar y limitar la temporalidad de las operaciones de auxilio a cargo de las Fuerzas Armadas, lo que a su vez permitirá fortalecer los esfuerzos para avanzar en el reforzamiento de los cuerpos policiacos locales a fin de que cumplan con sus responsabilidades en materia de seguridad pública”, señalaron las dependencias.

Indicaron que el proyecto de ley establece de manera clara la importancia del respeto a los derechos humanos, y a su vez, facilitará las respuestas a nivel local y federal, asegurando que el papel de las Fuerzas Armadas sea acotado a aquellas situaciones en las que sea absolutamente indispensable y a través de procedimientos claros.

“El Gobierno de la República destaca su pleno y firme apoyo a dicho proyecto de ley, al tiempo que reconoce el papel de las Fuerzas Armadas en la protección a la población en distintas zonas, sin cuya presencia su seguridad se vería seriamente afectada”.

Ante los señalamientos de organismos de derechos humanos, las dependencias apuntaron que el Gobierno ha buscado privilegiar la comunicación y remisión de información sobre la iniciativa de ley, incluyendo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

En ese sentido, detallaron que se ha reiterado que en la aplicación de la legislación en la materia deberá regir lo dispuesto en el artículo primero constitucional y otras disposiciones fundamentales, como el imperativo de promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas.

“El Gobierno de la República ratifica su compromiso para continuar el diálogo y la cooperación con las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, así como con los actores interesados y la sociedad civil en su conjunto”.

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