Saúl Alejandro Flores

La panorámica que prevalece en el uso público urbano, sigue con una serie de problemas y circunstancias que no ha permitido la consolidación de los organismos operadores, recordarán las semanas anteriores que se abordó la evolución histórica que nos llevó a contar con dichos organismos, la intención ahí ha quedado, el reto es continuar en esa consolidación, sin embargo, para avanzar es importante detectar cuáles son los problemas de origen, mismos que estaré tratando en estas semanas. Pasemos entonces, a la mención de esos antecedentes que se tienen en el rubro de los organismos prestadores de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, es decir los organismos operadores.
Es indudable que el marco legal debe ser actualizado y la descentralización de la gestión del agua es una necesidad urgente. Sin embargo esto no significa poder prescindir de una rectoría del estado a nivel de planeación nacional y definición de políticas sectoriales dentro de las cuales se dé la flexibilidad en tiempo y profundidad para la aplicación de las mismas. Por otra parte, el desarrollo alcanzado por los organismos operadores que han llegado en varios aspectos a niveles de excelencia, ha sido producto de condiciones especiales de cada caso, del interés del personal de los mismos y de la acción de circunstancias concurrentes que se han sabido aprovechar.
A pesar del centralismo, no existe una verdadera política nacional de agua y en especial de agua potable, alcantarillado y saneamiento que determine rumbos y objetivos alcanzables.
Se pretende, y muchas de las leyes locales ya lo consideran, la autosuficiencia de los servicios a través de tarifas reales. Sin embargo, no existe el consenso entre sectores, partidos políticos, gobierno y sociedad, de aceptar el valor real de los servicios y dejarlos al margen de vaivenes e intereses políticos del momento.
La última reforma constitucional al artículo 115, pretendiendo fortalecer el municipalismo, ha establecido como norma el que las tarifas de los servicios pasen por los congresos locales, dando marcha atrás a logros de algunos estados cuyas tarifas eran ya un trámite administrativo y poniéndolas en manos de un partidismo enajenante y radical cuyo menor interés es el del mejoramiento de los organismos operadores y del servicio que prestan a la población.
Se ha hecho un fantasma del corte de los servicios por morosidad en el pago. Aunque el análisis de la legislación federal vigente ha dado como resultado algunos dictámenes jurídicos de Conagua en el sentido de que el corte del servicio por falta de pago del mismo no es ilegal, no ha habido un pronunciamiento claro y definitivo en ese sentido que apoye a los organismos operadores en su lucha por el pago oportuno y en la mayoría de los estados se considera ilegal el corte del servicio por morosidad.
El acuerdo de descentralización de los servicios de 1980 establece que no haya exenciones de ningún tipo en el cobro de los servicios. Sin embargo, las modificaciones a la legislación han creado en el transcurso del tiempo espacios de privilegios a diferentes sectores gubernamentales. No existe una definición clara de cuál es el alcance social de los servicios y si la redistribución de ingresos mediante subsidios cruzados debe ser reforzada por los esquemas tarifarios, o evitada como ha expresado alguna vez el personal de la SHCP. En todo caso, es una práctica generalizada y al parecer aceptada en todos los organismos operadores.
La CONAGUA promueve por un lado la autosuficiencia de los servicios y por otro lado otorga concesiones de explotación de agua para servicio urbano industrial a particulares en el ámbito de organismos operadores establecidos, haciendo una competencia desleal a los mismos y privándolos de usuarios fuertes que podrían auxiliarlos en forma importante en su objetivo de autosuficiencia y de apoyar los subsidios a las clases más necesitadas. Lo mismo otorga concesiones de fuentes a particulares para prestar servicios en fraccionamientos, aunque el servicio es municipal y no media ninguna concesión del municipio correspondiente, violentando lo establecido por el artículo 115 constitucional.
Ya se llevan cuatro décadas que deberían ser suficientes para tener una política nacional e integral respecto al uso público urbano, al abastecimiento y saneamiento, pero hay otros problemas que han surgido distintos a los existentes hasta 1980, se ampliaron las coberturas, pero la calidad del servicio no se ha logrado que alcance parámetros altos, sólo son contados los organismos operadores, que lo han logrado, y eso también se debe a esa contradicción que vive la Conagua, en donde a veces asume el rol de autoridad y en otras como se señaló en párrafos anteriores, se deslinda, aunado a la ausencia de una autoridad del agua en materia del uso público urbano, una ley reglamentaria del artículo 115 constitucional y una política, en donde el gobierno federal asuma la rectoría, pero que cada vez más los estados asuman su papel, y brindando un acompañamiento a los municipios, para que la calidad del servicio y la propia sustentabilidad no quede en letra muerta, la siguiente semana abordaré la reflexión siguiente: ¿Ha sido la municipalización de los servicios una verdadera solución? Y otras más encaminadas a definir cuál debe ser la política y característica central y accesorios en materia de la prestación de los servicios de agua, más ahora, que se han sumado nuevos retos y componentes como el derecho humano al agua, y además la incertidumbre o la forma fácil e irresponsable que asumen los actores políticos de pretender resolver los problemas del sector con tal de obtener votos.
Amables lectores recuerden que estos temas van a encaminados a generar una conciencia que nos permita emprender programas, políticas y acciones tendientes a que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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