Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores continuamos con los requerimientos para el uso público urbano, ahora enfocados como lo advertí la semana pasada en aspectos normativos, básicamente en los preceptos constitucionales y su correspondiente apartado aplicable al sector agua, pues entremos entonces directo al tema.
Las principales adecuaciones necesarias podemos concretarlas en los siguientes puntos: 1. Las correspondientes al artículo 27 constitucional:El artículo 27 constitucional debe modificarse para incluir la corresponsabilidad del Estado y el Municipio con la Federación en la gestión del agua y abordar una reflexión seria sobre la conveniencia y forma de hacerlo, no como un intento de repartir facultades sino con el objetivo de encontrar la mejor forma de gestión en beneficio del país, de los usuarios y de la economía en general.
2. Las correspondientes al artículo 115 constitucional: a) El artículo 115 constitucional debe ampliarse para que la autorización de las tarifas, aunque sea facultad de los congresos estatales, pueda ser delegada en órganos reguladores del estado o los consejos de los propios organismos operadores en un marco claramente regulado para conseguir los objetivos de eficiencia y sostenibilidad. b) Debe incluir también la facultad de los Estados o la Federación en su caso, para la regulación de los servicios y el establecimiento de un marco nacional. c) Debe eliminar cualquier exención de pago de los servicios por parte de dependencias y edificios de gobierno. d) Reflexionar ante los objetivos importantes que debemos de perseguir en materia de salud, eficiencia y sostenibilidad, si no deben romperse paradigmas y evaluar con seriedad si el municipio es necesariamente el ámbito en el que debe recaer la responsabilidad de servicios que exigen horizontes de largo plazo y que se plantean como autosuficientes, lo que demanda límites económicos y no políticos o administrativos, lo mismo que la posibilidad de cruzar economías entre las grandes ciudades y el medio rural. e) En tal caso, considerar la posibilidad de dar a los Estados un papel director más activo y con posibilidades de decidir la responsabilidad entre ámbitos intermunicipales, regionales o estatales que ofrezcan viabilidad en el largo plazo, sin retroceder en la autonomía municipal, sino contemplar en todo caso su participación y aligerar la carga que en ese momento no se ha soportado.
A la Ley de Aguas Nacionales: 1. Fortalecer y aplicar en todos sus aspectos los principios de política hídrica ya contenidos en la Ley. 2. La Ley de Aguas Nacionales o General de Aguas debe incluir el concepto del Derecho humano al Agua como límite de la posible concesión de las mismas y como el derecho mínimo al servicio entregado por el gobierno en forma de un subsidio y más allá del cual se convierte en un servicio que debe de ser pagado por los usuarios a su costo. 3. Debe también ampliar el concepto del sistema financiero del agua como una función nacional y no dejar la posibilidad de confundirlo con el sistema financiero de la Comisión Nacional del Agua (este componente financiero lo he manifestado en otras ocasiones en este mismo espacio, un sistema financiero para cada estado, como parte de un sistema estatal del agua).
A la Ley de Salud: La Ley de Salud debe expresar claramente la posibilidad de suspensión de los servicios por morosidad del pago dentro del esquema de servicios domiciliarios contratados y adecuadamente regulados, diferenciando la obligación de permitir en todo momento el acceso al agua potable como derecho fundamental de los habitantes.
Al sistema de derechos del agua: El sistema nacional de derechos del agua, plasmado anualmente en la Ley Nacional de Derechos debe incluir un derecho por el agua de riego, que pudiera ser mínimo o subsidiado, pero que complemente en forma general los derechos de explotación del recurso y propicie su uso eficiente. Es evidente la diferencia de la eficiencia que se da entre el uso del agua en distritos de riego y el uso en unidades de riego, impulsada por el pago de la energía eléctrica.
Respecto al artículo 4 constitucional párrafo V, concerniente al derecho humano al agua, en puerta Ley General de aguas o si permanece la vigente Ley de Aguas Nacionales, deben ser explicitas en el desarrollo de lo estipulado en la propia constitución, definir y precisar las bases, modalidades y apoyos, que aún no parecen quedar claras, luego se tendría que considerar la importancia de los entes reguladores y su correspondiente política regulatoria, la cual brinde certeza tanto a usuarios como a los propios prestadores de los servicios sean privados, públicos o sociales, el estado o municipio no puede ser juez y parte, debe existir un tercero ajeno que como lo mencioné mantenga el equilibrio entre usuario y prestador, vigilancia de los derechos y obligaciones de cada una de las partes.
Pero además de los propios artículos constitucionales y la legislación federal, se precisa de una concientización de los propios estados que desarrolle una política hídrica local y sea un respaldo para los propios municipios, así los estados o principalmente sus gobernadores y directores tengan la concientización de la importancia del agua y no omitan su responsabilidad, porque desgraciadamente hay un número considerable de casos en los estados en que los gobernadores pasan de largo y no quieren responsabilizarse de ese tema, con las consecuencias graves que esto traerá en un futuro para los habitantes de sus correspondientes estados que gobiernan. Recuerden estimados lectores, la legislación en materia de agua es importante y su propia adecuación a las circunstancias para que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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