Saúl Alejandro Flores

Mis estimados lectores como lo anticipamos la semana pasada continuamos con el tema de los organismos operadores y los requerimientos para avances reales, al terminar la columna de la semana pasada, recordarán que deje una interrogante misma que vuelvo a retomar: “¿Ha sido la municipalización de los servicios una verdadera solución?”.
Comenzaré por uno de los problemas del medio rural es que está prácticamente abandonado por los propios municipios, la mayor parte de los cuales atienden exclusivamente los servicios de las cabeceras municipales.Entonces ¿Cuál sería la posibilidad de una verdadera sostenibilidad de los servicios en el medio rural y en los municipios pequeños? La sostenibilidad tiene un ámbito que está determinado por una masa económica y social que permite la viabilidad de sistemas suficientes para subsistir por sí mismos.
Sin la existencia de esa masa crítica económica y social, los sistemas se degradan y entran en círculos viciosos de insuficiencia, mal servicio y rechazo de la comunidad. Esto se repite no sólo en el medio rural, sino en la mayoría de los municipios de poca población o poco desarrollo económico, los cuales constituyen desafortunadamente la mayoría de municipios del país.
En tanto la promoción de la participación privada y social, es decir de los propios usuarios se interese por la prestación de los servicios, se constituirá en una solución para aquellos organismos grandes y atractivos por su potencial de rentabilidad, lo que llevará a la marginación de los restantes con menos posibilidades de acceder a servicios de buena calidad.
Es evidente que no se puede en forma permanente crear programas especiales con inversiones propias o de crédito, los cuales brindan soluciones parciales y de corto plazo y en los cuales se trate de aplicar soluciones muchas veces importadas e implantadas en los municipios sin la suficiente respuesta de las comunidades, esto ha sido un problema recurrente sin salida.
No se puede seguir buscando soluciones individualmente en cada Estado, la mayor parte de las cuales sólo duran lo que las administraciones políticas, aun cuando las soluciones alcancen buenos resultados.
Es evidente que se requiere un mínimo de directrices nacionales. Es necesario definir en forma clara el papel de los Estados y lo que su activa intervención puede conseguir en bien de los servicios.
En este sentido, se debe comenzar a partir de los siguientes planteamientos ¿Cuál es la función que debe corresponder a los Estados? 1. La regulación de los servicios: a) desde su punto de vista técnico en cuanto a la calidad de los mismos, b) desde su punto de vista económico para garantizar la estructura y suficiencia de las tarifas, pero sin abuso de los operadores y c) la regulación para que la prestación de los servicios pueda ser por empresas públicas o privadas de acuerdo al mejor interés de los usuarios y de la calidad de los servicios. 2. Ser interlocutor de la federación en la materia, como responsable integral del desarrollo del Estado, y 3. Ser responsable de un sistema estatal del agua (mecanismo del cual ya les he hablado en otras ocasiones) que garantice la sostenibilidad del mismo con apoyo logístico y operativo para los sistemas sin interferir en la prestación de los mismos y que pueda priorizar las inversiones como el medio de incentivar la búsqueda de eficiencia de los operadores.
Es indudable que existe en México un avance real, pero que no obedece todavía a lo que puede alcanzarse en forma congruente, para lo cual se ven como requerimientos los siguientes aspectos urgentes: 1. Reforzar y extender la formación de organismos operadores descentralizados de la autoridad para alcanzar más permanencia de personal, planes y características empresariales. 2. Establecer una regulación congruente con los objetivos, que sea válida para organismos operadores públicos y privados si se pretende incrementar la participación privada en el subsector. 3. Establecer una política nacional en la materia que sirva de apoyo al desarrollo, defina la forma de interactuar de los diferentes órdenes de gobierno y de gobierno con particulares, y que establezca los límites de la responsabilidad social en materia de los servicios. 4. Reformar y adecuar el marco legal a la política establecida y los objetivos por alcanzar. 5. Complementar el proceso de descentralización de la gestión del agua, de la que los servicios y sus organismos operadores deben formar parte indispensable, ya que en cualquier política es el ser humano y sus necesidades vitales la dimensión a respetar.
Para comenzar esos serían los primeros componentes, sin embargo, faltan un par de elementos que surgen a partir del artículo 4° constitucional y es el derecho humano al agua y por otro lado, la necesidad de diseñar e implementar un modelo de política regulatoria con sus variantes para cada figura o forma de organismo operador y realidad municipal, lo anterior, puede ayudar a que superemos la inercia que ha sido inevitable de las buenas intenciones y cero resultados. La siguiente semana retomaré otra vez algunos de los preceptos legales indispensables para concretizar las líneas de acción y componentes que he mencionado en este texto. Recuerden nuestra reflexión de implementar acciones y políticas que permitan que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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