David Reynoso Rivera Río.

Hace unos cuantos días, el Instituto Nacional Electoral sesionó para aprobar el proyecto de presupuesto que será otorgado a los partidos políticos en el año 2018 y frente al proceso electoral presidencial que formal y legalmente se encuentra a tan sólo unas semanas de arrancar. Virtud de dicha sesión, pudimos conocer que los partidos políticos recibirán una nada módica cantidad que asciende a los casi siete mil millones de pesos.

Dicha cantidad representa sin duda alguna una cifra que solucionaría grandes problemas en el país, motivo por el cual definitivamente surge una indignación por parte de los mexicanos; sin embargo, también resulta importante mencionar que dicha cantidad no necesariamente representa la mayor cantidad de recursos entregados a los partidos políticos frente a un proceso electoral ni corresponde a una designación directa, sino que obedece a fórmulas establecidas en nuestro propio ordenamiento jurídico electoral.

La base segunda del artículo 41 constitucional establece algunos de los principales criterios para la asignación del financiamiento a los partidos políticos, misma que establece la multiplicación del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por sesenta y cinco por ciento de la recién incorporada UMA (unidad de medida y actualización). Producto de ello es que la verificación que el padrón arrojó la cifra de 87’557,868 personas que multiplicados por el valor de referencia nos dan una cantidad de que supera los 4 mil millones de pesos aproximadamente. De igual manera, se otorga un cincuenta por ciento adicional en caso de elecciones presidenciales, representando más de 2 mil millones de pesos y un tres por ciento adicional para tareas de capacitación, investigación y empoderamiento político de las mujeres; la cifra total asciende a los casi 7 mil millones de pesos.

Mencionado lo anterior, habrá que hacer la precisión de que independientemente de si la cantidad destinada es o no la mayor de la historia si consideramos la inflación monetaria, lo preocupante es que los partidos políticos no se den cuenta que la sociedad en general cada día se encuentra más decepcionada y resulta imperante que los partidos busquen recuperar la confianza ciudadana. Cosa que a todas luces no podrán hacer mientras continúen aceptando presupuestos tan jugosos cuando millones de mexicanos requieren inversión en hospitales, servicios públicos y seguridad.

Considero que nuestro país, al encontrarse frente a un mundo globalizado y en ciernes de transparencia, cuenta con una oportunidad histórica para aprovechar esta gran indignación social y replantearse los esquemas bajo los cuales obtienen financiamiento los partidos y sus candidatos. El esquema actual de financiamiento opera bajo la preponderancia de recursos públicos sobre los privados y obedece a un sistema que intenta cuidar el denominado “piso parejo” así como la intervención de recursos provenientes de fuentes ilícitas; sin embargo, en el mundo entero existen mecanismos dónde impera el recurso privado sobre el público y los controles para identificar los recursos de procedencia ilícita son altamente eficientes, confiables y por supuesto castigables.

Es momento de hacer conciencia ya que probablemente cambiando los esquemas de financiamiento combatamos de igual manera los casos de partidos políticos “satélites” que únicamente se han convertido en verdaderos negocios sin realizar mayor aportación a la democracia y el funcionamiento del Estado Mexicano.

Correo: davidreynoso@sapiensiuventus.com

Twitter: @davidrrr

 

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