De acuerdo a los datos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), en el 2016 se dio aviso de 5 mil 953 testamentos; se inscribieron 1 mil 179 embargos; las hipotecas sumaron 1 mil 686; se registraron 19 mil 338 operaciones de compraventa; y los avisos de arrendamiento fueron solamente 73.

De enero a mayo del presente año, en ese orden la cifras son 761 testamentos; embargos 493; hipotecas 684; compra-venta 7 mil 374; y 31 arrendamientos.

Como se ve, los avisos de arrendamientos son mínimos, la gente no hace el trámite por desconocimiento o simplemente porque quieren evadir a Hacienda.

Si bien, la mayoría de las personas actúa de buena fe al arrendar un bien mueble o inmueble, no siempre los inquilinos hacen un uso adecuado de la propiedad, de ahí la importancia de que el arrendador se blinde.

Virtud a que el arrendamiento ahora es de alto riesgo, se deben tomar las precauciones debidas; debe darse seguimiento constante durante toda la vigencia del contrato y dar aviso a las autoridades en caso de observar cualquier irregularidad.

El Código Civil del Estado, establece que debe inscribirse o dar aviso del contrato de arrendamiento al RPPC, conforme a lo dispuesto por el Artículo 2876.

Ante esta instancia se deben registrar los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un periodo mayor de seis años y aquellos en que haya anticipo de rentas por más de tres.

En cualquier otro supuesto, bastará que se dé aviso de la celebración del contrato, especificando la ubicación del inmueble y anexando copia de identificación oficial y comprobantes de domicilio de los contratantes y del fiador u obligado solidario en su caso.

El aviso podrá entregarse en la oficina de catastro correspondiente y la recepción de este aviso es gratuita.

Es importante que los propietarios sepan que existe la figura de Extinción de Dominio, cuando se trata de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas y se usa el inmueble para tales fines.

La extinción de dominio es el medio jurídico por el cual se pierde el derecho de una propiedad sobre los bienes que directa o indirectamente que sean instrumento, objeto o producto del delito.

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