Laura Carrillo
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 20-Ago.- En año y medio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha denunciado a 34 empleados de la Administración General de Aduanas (AGA) ante el Ministerio Público.
El periodo comprende de enero de 2016 a junio de este año, según estadísticas de la Secretaría de Hacienda.
La mayoría ha sido por cohecho (sobornos), pero también hay casos de abuso de autoridad, peculado, ejercicio indebido del servicio público e incluso operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el mismo periodo, el SAT ha denunciado también a 443 funcionarios ante el Órgano Interno de Control (OIC) por responsabilidades administrativas en el desempeño de sus funciones.
La AGA ha sido el eslabón más débil del fisco en México por la corrupción en los trámites de comercio exterior.
En 2016, por cada 10 mil trámites de importación y exportación, se detectó que hay mil 57 donde ocurren actos de corrupción, según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e impacto Gubernamental del Inegi.
En trámites federales, la actividad de comercio exterior ocupa el cuarto lugar en corrupción, por debajo de averiguaciones previas, procesos judiciales laborales y juicios laborales.
En abril de 2016 el SAT comenzó con su proyecto Hacia la Aduana del Siglo 21 para mejorar la operación con tecnología más avanzada en la revisión y, sobre todo, hacer más transparente el despacho aduanero, pero aún así siguen apareciendo irregularidades.
El pasado lunes, REFORMA publicó que Marcoflavio Rigada Soto, administrador central de Apoyo Jurídico de Aduanas, fue destituido por el SAT porque forma parte de una red para importar autos chocolate, tráfico ilegal de mercancías e incluso traficar patentes para agentes aduanales.
El jefe del SAT, Osvaldo Santin admitió el martes en entrevista en una estación de radio que el funcionario fue separado de su cargo y se investigan responsabilidades administrativas o penales.
Sin embargo, el propio organismo respondió más tarde a REFORMA que no podía hacer pública información involucrada en procedimientos legales, porque ponía en riesgo el debido proceso y, por lo tanto, no le es posible proporcionar detalles del caso.
En la red también está involucrado el agente aduanal Roberto Ruiz Armas, con patente número 1656 y sede en San Luis Río Colorado, Sonora.
Ante ello, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), explicó que dicho agente no forma parte del organismo y por lo tanto no le pueden exigir seguir el Código de Ética.
Aclaró que hay 66 agentes operando fuera de la CAAREM.

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