Saúl Alejandro Flores

Mis apreciables lectores, el tema de la regulación indudablemente da para mucho y más que eso, podría decirse que es casi interminable para abordarlo en un libro, más aún en una editorial. Son diversos los aspectos que pueden y deben discutirse, así como analizarse y someterse a una mejoría, o bien a obtener nuevas conclusiones y propuestas. Para el caso que nos ocupa y preocupa, es que en Aguascalientes debe implementarse, la regulación, la que ha estado ausente en diversos aspectos de la prestación de los diversos servicios públicos, con mayor razón en el correspondiente al agua potable y saneamiento. Es aquí en donde comenzamos por plantear los pormenores y la imperiosa necesidad de contar con este instrumento.
No debe pasar por desapercibido que la regulación debe ser la adecuada, un traje a la medida, porque de excederse puede caer en un riesgo de peores consecuencias, como la sobreregulación, que a su vez puede provocar otro fenómeno que es la sobrereglamentación cuyo resultado sería el caos no sólo en la prestación del servicio si no en todo el aparato administrativo que entra en acción.
Entonces, pasemos a describir las funciones que debe tener un ente regulador podríamos por empezar a enumerar lo siguiente: a) Funciones del órgano regulador en cada entidad federativa. b) Diseño e instrumentación de planes de contingencia. c) Recomendar e incentivar incentivos fiscales y financieros. d) Profesionalizar personal. e) Implementar los planes y programas operativos. f) Vigilar cumplimiento de la política tarifaria. g) Gestiona y orienta la aplicación de recursos. h) Promover la cultura del agua. i) Aplicación de indicadores de gestión. j) Adaptar y transferir investigación y desarrollo tecnológico. k) Instrumentar mecanismos de participación de usuarios y, l) Fungir como árbitro.
El marco regulador tiene por objeto establecer y facilitar la regulación y lograr las mejores condiciones para los usuarios, asegurar su prestación en forma sostenible y con calidad. En este aspecto, vale la pena precisar que la implementación de un esquema y política regulatoria se requieren diversos componentes. Razón por la cual podríamos comenzar por la planeación, misma que debe darse apoyada por un sistema de información que refleje claramente la operación de los organismos conteniendo datos tales como: a) los estados financieros, b) resultados de auditorías, c) licitaciones y concursos de obra pública o servicios, d) tabuladores de sueldo de empleados y directivos, e) el perfil profesional de los servidores públicos de primer nivel, f) la argumentación clara de incrementos en las tarifas, cuando estos ocurran, g) la política de subsidios, etc. y h) se permita el acceso de dicha información a los sectores usuarios y a la sociedad, de una manera constante y ordenada, tomando en cuenta las leyes y ordenamientos federales y estatales en la materia.
El otro componente fundamental vienen a ser las tarifas y aquí la implementación y su definición deberá ser tomado en cuenta: Porque la eficiencia económica, suficiencia financiera, neutralidad, simplicidad, equidad y transparencia, considerando que las metodologías utilizadas para la elaboración del régimen tarifario, deben garantizar la recuperación de la totalidad de los costos de prestación de los servicios y de las inversiones, con total transparencia, eficiencia y efectividad en el uso y asignación de recursos generados por la prestación y utilización de los servicios, garantizando siempre la calidad necesaria para el abastecimiento de los usos del agua.
Otro de los elementos indispensables, no tanto precisamente un componente viene a ser la necesidad a nivel nacional de una Ley General de Agua, pero a nivel local, es impostergable una ley del agua en el Estado, que considere y abarque no sólo los problemas presentes sino también los futuros, así como necesidades y condiciones que harán presencia en Aguascalientes. El objeto de dicha ley nacional debe ser: “Establecer las bases de una política pública nacional, garantizar el desarrollo sostenible de los servicios (eficiencia, continuidad, eficiencia y calidad); las condiciones de regulación y los criterios para la valoración económica, social y ambiental de los servicios, las políticas de concurrencia y coordinación y concertación del gobierno federal y los locales y el sector social y privado, en materia de servicios de agua potable y saneamiento.
A la par a nivel estatal debe también diseñarse una nueva ley que no sólo considere a la regulación, sino a los diversos aspectos y componentes que integran la política hídrica, así como cada uno de los rubros y problemas que vive Aguascalientes, por supuesto los elementos que se mencionan en el párrafo anterior, respecto a lo concerniente a los servicios y regulación, pero haciendo un paréntesis en los modelos existentes a nivel local, sus inercias y condiciones, presentes y futuras, sin dejar de lado, los antecedentes que han privado.
La semana próxima continuaré con este apartado, porque faltarían algunos componentes más, de los cuales no se pueden omitir, pero tampoco sobrepasarse, porque incurriríamos en la sobreregulación y sobrereglamentación, como lo advertí al principio de esta colaboración, convirtiendo en problemas las soluciones y en nido de conflictos los procedimientos encaminados a resolver o a garantizar el equilibrio y certeza al que debe tender la regulación.
Hablaremos de los componentes que presenta un sistema regulatorio, destacando el mismo derecho humano al agua y el papel de la política pública como médula de la política regulatoria. Recuerden amables lectores que estas deben ser acciones y propuestas encaminadas a que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

Comentarios: saalflo@yahoo.com

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