RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

En un hecho sin precedente la Suprema Corte de Justicia ordenó al Poder Legislativo –al Congreso de la Unión- emitir la ley reglamentaria sobre gasto de comunicación social del gobierno, y debe hacerlo a más tardar el 30 de abril. Fue un proyecto de sentencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en defensa de una demanda de una organización civil denominada “Artículo 19” en defensa de la libertad de expresión. Aquí lo importante es la orden de la Suprema Corte de Justicia al Poder Legislativo para que cumpla con la obligación de legislar esto que se había mantenido sin operar, que no se había legislado de manera reglamentaria.

Lo que marcaba la iniciativa que no ha sido reglamentada deriva de una promesa del propio Presidente de la República Enrique Peña Nieto hecha en julio de 2012 cuando era candidato presidencial del PRI para impulsar la creación de una instancia ciudadana y autónoma para supervisar la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios en todos los niveles de gobierno, y habrían de sumarse a todo esto compromisos de 2015, 2017, de cortes al gasto real y publicidad oficial, además de una reglamentación en la materia estancada. Lo ordenado por la Corte es simple y llanamente que el estado mexicano cumpla con la palabra comprometida y con la Constitución.

Desde luego que hay inquietud respecto a los concesionarios de radio, televisión y los periódicos respecto al gasto publicitario. Hay inquietud sobre ¿Qué va a pasar ahora? Lo que tiene que pasar, y ojalá y así sea, y que entre pronto a un esquema donde los principios constitucionales rijan el gasto público de comunicación social.

Esta demanda, como lo comento líneas arriba, que planteó la organización Artículo 19 para que no haya un mecanismo de restricción o limitación indirecta o arbitraria de la libertad de expresión que está claramente proscrita por la Constitución. Esta misión legislativa quedará salvada una vez que se cumpla este mandato, algo sin antecedente en la Suprema Corte de Justicia.

Estimado lector, la tesis relevante de lo anterior es que el gasto publicitario o el gasto en materia de comunicación del Gobierno Federal debe estar ejercido de acuerdo con un reglamento y no de acuerdo con un temperamento, como actualmente sucede. ¿Que quiere decir esto? Que el Gobierno tendrá que decir porqué le da publicidad a un medio y no se la da a otro. La respuesta más antigüa de todo esto era: “¡Porque sí!” Hoy tendrán que explicar porqué sí y porqué no. Y eso es lo que tiene que ver con la orden judicial del tribunal máximo del país que le ha dado al Poder Legislativo para que legisle en esta materia. Hasta ahí todo es luminoso, bello y justiciero. Pero por desgracia las cosas en la vida real no son así. No son así aunque Artículo 19 haya puesto esta tesis, digamos políticamente correcta, de que los medios son la única forma de demostrar la existencia de la libertad de expresión. Los medios son producto comercial. Su contenido puede llevar implícitos elementos libertarios, o no. Y tomando en cuenta de que la importancia de los medios- y cuando digo medios los incluyo a todos- no son del interés absoluto de la sociedad, excepto algunos y en muy contadas excepciones. Si tomamos todo el paquete de periódicos y sumamos la cantidad de ejemplares de la Ciudad de México, difícilmente vamos a llegar a los 700 u 800 mil, ¡sumándolos a todos!, en un país de 120 millones de habitantes, no llega ni al millón la edición diaria de periódicos en la Ciudad de México, que es la concentración metropolitana más grande del planeta, no sumando entre todos la quinta parte de un periódico en Japón, para que entendamos la importancia y el interés que la sociedad tiene por sus medios impresos. La revista que más ejemplares tira en este país es una revista de chismes, amores desastrosos de los artistas y de la gente del espectáculo.

En cuanto a los medios electrónicos tienen una cobertura masiva porque todos, excepto los nuevos que son de paga, son gratuitos y no cuesta nada escuchar música o los noticiarios en la radio o ver los programas de la televisión abierta. Por esa razón tienen que vender su tiempo, y se lo venden a patrocinadores que pueden ser del sector privado o del sector público.

En este país habríamos de entender la naturaleza de la prensa, la naturaleza de los medios electrónicos, la naturaleza de los medios digitales y por medios digitales me refiero a las plataformas: páginas de internet, y redes sociales. ¿Cómo se van a reglamentar las redes sociales? ¿Al amparo del dinero que se gasta el gobierno en promover sus obras? Sí. Pero también la imagen del gobierno. Se tendría que empezar a buscar que haya una ley de comunicación social, porque la comunicación social en este país es una entelequia. ¿Por qué? Porque la comunicación no existe. Existe la propaganda. Existe la imposición. Existe la “sugerencia”. Existe la petición y existe el comercio. Y existe también, y vuelvo a usar una sinécdoque arriesgada, pero sinécdoque al fin, que se oía en las calles cuando se gritaban consignas contra el gobierno y el establishment.

Creo que Artículo 19 está instalado en una gran demagogia y que el Ministro Zaldívar, desde mi punto de vista,  cayó en la trampa de ordenar una legislación. Vamos a ver el Congreso con que inteligencia puede procesar todas estas contradicciones, porque al final de cuentas Artículo 19 no está pidiendo libertad de expresión, está pidiendo dinero. Y es una maravilla que este es un debate desde el tiempo de Francisco Zarco, el gran hombre de Benito Juárez, su canciller. El hombre que hizo la gran crónica del Congreso de 1857 en donde él mismo se preguntaba: Yo no confundo la libertad editorial y la libertad de radiodifusión que son actividades de las personas que a ello se dedican con la libertad de expresión y la libertad humana, que son asuntos de todos los que leemos, los que escribimos y los que no participamos de los medios de comunicación, ni de la comunicación más allá de la palabra humana y de la libertad que en este país existe.