“La leche fresca no encuentra destino en el mercado doméstico y con ello se está afectando a los medianos y pequeños productores de Durango, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Querétaro”, expresó el gobernador de Aguascalientes, José Carlos Lozano de la Torre durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que tuvo lugar el mes de febrero pasado en Durango.

El presidente Enrique Peña Nieto escuchó la petición del mandatario local, de que el gobierno federal haga un esfuerzo por salvar a este importantísimo sector y evitar que el bajo precio de la leche en polvo y las altas importaciones de la misma siga perjudicándolos.

La demanda fue directa: que el gobierno de la República dé respuestas claras para evitar que continúe agravándose la actividad lechera del país, habiendo un acuerdo entre los gobernadores de los estados afectados, de formar parte de una comisión en que intervinieran dependencias federales y estatales para encontrar una solución definitiva.

No obstante, prácticamente nada se ha avanzado, empeorando la economía del sector pecuario que cada día resiente pérdidas millonarias, ya que no hay dónde colocar el producto y no le queda otro camino que regalarlo o tirarlo.

El problema de fondo radica en que se permite a empresas trasnacionales la importación en grandes volúmenes de sueros, sustitutos o leche en polvo, lo cual relega al producto fresco mexicano, que afecta a medianos y pequeños productores; de los 200 mil que había en 2010, el número ha decrecido, ya que no pueden soportar las pérdidas que se generan, toda vez que aun cuando una parte tenga equipos de refrigeración, el producto tiene fecha de caducidad.

Otro elemento en su contra es que la mayoría de los centros comerciales de capital extranjero distribuyen los productos que envían sus países de origen, por lo que las empresas procesadoras nacionales no tienen campo para colocarlo en el interés de los consumidores, y cuando les dan la oportunidad es en pequeños espacios, que por lo mismo pasa desapercibido.

Entre las denuncias que hay, destaca el hecho de que en casi todo México se elaboran y traen productos que no son hechos con leche pura, sino con materias primas de residuo, que se hacen a partir de productos lácteos que les sobran a los países industrializados, fomentándose la importación en gran escala.

Lo anterior obliga a los mexicanos a vender el producto por debajo de los costos, con la desventaja de que la industria nacional y las instituciones que compran para programas sociales ponen muchas trabas y pagan a precios castigados.

En una reunión que tuvo lugar en la capital del país y a la que asistieron ganaderos de Aguascalientes, un funcionario de Liconsa propuso que podría elevarse el volumen de compra si los productores estaban de acuerdo en que se les pagara a menos de cuatro pesos el litro y llevaran el producto al mismo DF, lo cual naturalmente fue rechazado, ya que no obtendrían ni la inversión y al mismo tiempo tendrían que pagar el arrastre.

La situación es angustiosa debido a que las medidas planteadas no son para resolver, sino como una salida momentánea y sin sustento. La irritación crece y mayormente contra el gobierno federal, que los indujo al repoblamiento del hato ganadero bovino, destinado para carne, leche o doble propósito, a la compra de equipo computarizado y aplicación de medidas profilácticas, que se hizo mediante inversión propia y con créditos oficiales.

La inversión global hecha en 21 estados en los últimos años ha sido cuantiosa y que ya registra pérdidas ante lo cerrado del mercado, lo cual los empuja a tomar medidas radicales para hacerse escuchar, pues está en juego una de las industrias vitales para la República que, por consiguiente, debe recibir mayor atención de las autoridades.

Los acuerdos políticos no significan mayor cosa si no “aterrizan”, si se quedan en la pose y los mensajes rimbombantes, que a final de cuentas generan mayor excitación y rencor, por lo tanto, bien haría el gobierno en atender el reclamo de la industria lechera, principalmente que restrinja la importación y no permita la comercialización de sueros que se ofrecen como si fueran lácteos puros.

TURBACIÓN MAGISTERIAL

La distancia que mantiene con la base el dirigente de la Sección Uno del SNTE, Mario Armando Valdez Herrera, ha generado toda clase de rumores sobre la permanencia en el trabajo de los profesores, y que se fortalece con las declaraciones que provienen Instituto de Educación (IEA).

Aunque el secretario general asegura que tiene reuniones con sus compañeros, lo cierto es que lo hace sólo con algunos comités delegacionales, en que se habla de cuestiones político-partidistas, cuando lo que demandan los docentes es conocer a detalle todo lo relacionado a su labor.

Sobre el particular hay confusión sobre lo que dicta la ley, al afirmarse que el personal en servicio debe pasar un examen para seguir en su puesto, y no, lo que se hace es una evaluación. El examen es únicamente para los aspirantes a ser incluidos en una bolsa de trabajo, en cambio, el que ya tiene su plaza será valorado sobre sus conocimientos y en caso de que el resultado sea “insuficiente”, participará en programas de regularización y luego será sometido a otra prueba, y bajo el supuesto que todavía tenga dificultades recibirá otro proceso de regularización, y sólo si después del tercer intento no lo pasa se daría por terminado los efectos del nombramiento.

La Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013, señala en el Artículo 52, que “las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado”. La evaluación es obligatoria y será “por lo menos cada cuatro años”.

El Artículo 53 cita que cuando en la evaluación “se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate se incorporará a los programas de regularización que la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado determine, según sea el caso. Dicho programa incluirá el esquema de tutoría correspondiente”, para ello el personal tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses después de la evaluación anterior y que deberá hacerse antes del inicio del ciclo escolar o lectivo. De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación, que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses.

“En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda”, concluye el Artículo 53.

En términos casi idénticos está el Artículo 128 de la Ley de Educación para el Estado de Aguascalientes, difundido en el Periódico Oficial del Estado el 11 de marzo de 2014, que debe ser lo que guíe las acciones y conductas de los mentores, que si su líder sindical está más atento a las órdenes de su partido y de quien lo puso en ese cargo, que se adentren en el contenido de ambas legislaciones para saber qué caminos deben tomar.