Salvador Rodríguez López

Los usuarios del transporte urbano tienen varias demandas que la autoridad está obligada a atender, entre ellas horarios fijos en el arribo de las unidades a los paraderos y que sea el número suficiente de camiones en cada ruta, lo que en términos reales debería de ser parte de la norma y no una cortesía gubernamental ni de los concesionarios.

Aunque parezca ilógico, en la dirección de movilidad  se mostraron muy ufanos porque con 550 vehículos atienden las 44 rutas, lo que significa 147 carros menos de lo que había hasta hace unas semanas, por ende, en las horas-pico la tardanza es lo común y cuando finalmente el viajero logra abordar lo hace apretujado.

Se ha mencionado hasta la saciedad que la creación de nuevas colonias obliga a incluirlas al transporte masivo, pero esta ampliación se hace en las rutas, no con más autobuses, por lo que obligadamente tardan más tiempo en arribar a cada apeadero. Por más cálculos o cruces que hagan el resultado siempre será el mismo, por consiguiente, quien sale perdiendo es el pueblo, que tiene únicamente dos opciones: esperar el camión o trasladarse en taxi.

Según el titular de movilidad, Gustavo Gutiérrez, “con estas unidades se tiene suficiencia en las 44 rutas para prestar el servicio que requiere la sociedad en cuanto a tiempos y cobertura de los recorridos”, sin embargo sería interesante que personalmente hiciera un recorrido por los lugares de mayor demanda y dialogara con los usuarios, para que conozca de primera mano cuál es su postura y qué propuestas o reclamos tienen.

En hipótesis nada es imposible, inclusive con la mitad de los 550 que dice están en operación, el asunto radica en cómo se otorga y qué piensa el pueblo cuando debe aguardar quince minutos o más a que  llegue la unidad que espera y luego viajar como cigarrillo.

Una manera de conocer con precisión como están las cosas es que el funcionario utilice los urbanos por lo menos un mes para traslados personales y familiares, con lo que podrá darse cuenta de la situación en campo y escuchar lo que comentan las personas que, obligadamente, deben hacerlo todos los días.

Lo anterior no es proposición del autor de este espacio, fue algo que hizo un ex presidente municipal y cuyo hijo fue gobernador. Parte de su rutina diaria era inspeccionar las obras en proceso y más tarde preguntarle al director de obras públicas el avance que tenían, también recorría la ciudad para preguntar aquí y allá a los habitantes cuál era su opinión sobre el quehacer de la comuna, actuar que luego retomó otro alcalde, quien al año y medio pidió licencia para convertirse en diputado federal, Aunque tenían personal que se encargaba de este tipo de indagatorias, lo hacían directamente para escuchar de viva voz el comentario de los aguascalentenses.

En el caso del transporte colectivo debería haber un seguimiento similar, lo que comprobarían en movilidad que no se puede solucionar ese tipo de problemas con declaraciones ni con informes de escritorio. Quienes habitan en los fraccionamientos que se ubican en los límites de la mancha urbana deben caminar un largo trecho para abordar o descender de un camión, en virtud que sólo transita por las avenidas principales, lo que además se convierte en un problema de seguridad para quienes no tienen otra opción.

Lo importante en el sector público es que puede hacer toda clase de experimentos hasta que dar con la clave, en tanto más de 300 mil usuarios pueden esperar a que encuentren la cuadratura al círculo.

COBRO ABUSIVO

Durante varios años se comentó Con Usted de la ilegalidad del DAP (Derecho de Alumbrado Público) que cobran cada mes diez de los once ayuntamientos del estado, pero siempre se ha tenido una respuesta – supuestamente – jurídica para darle validez a un acto que a todas luces es indebido.

De manera particular, el Ayuntamiento de Aguascalientes no sólo exigía ese pago sino que le molestaba sobremanera que las grandes empresas se negaran a hacerlo, quienes recurrían a la justicia federal que invariablemente le daba la razón y obligaba a que les restituyeran lo que les fue aplicado. Se llegó al grado que varios de los alcaldes hicieron público los nombres de las compañías que se amparaban, como si hacerlo fuera un delito, lo que no amedrentaba a las firmas que cada año recobraban su dinero, suma que por cierto ha sido por varios millones de pesos.

En cambio el ciudadano común no tiene para pagar los servicios de un abogado y menos para sostener un juicio, por lo que obligadamente contribuía con algo que muchas veces ni siquiera estaba enterado, ya que el cobro se ha hecho mediante el recibo de energía eléctrica, al que se le agrega 10% por concepto del tristemente célebre DAP.

En su edición del pasado 29 de mayo El Heraldo dio a conocer la declaratoria de invalidez al cobro del DAP, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó al Congreso de Aguascalientes “a no repetir los mismos vicios de inconstitucionalidad al legislar para el próximo año fiscal, ya sea en la Ley de Hacienda o en las leyes de Ingresos de los municipios”.

La sentencia publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE) el 27 del mes pasado, se destaca que el DAP es un impuesto y no un derecho, que es inconstitucional, y por lo mismo, no debe establecerse en los ejercicios fiscales subsecuentes al de 2018, lo que supondría que los diputados hicieran los ajustes necesarios para que a partir de junio deje de imponerse ese recurso.

Para poner en orientación la citada cobranza basta citar que, por ejemplo, quien paga 200 pesos mensuales en su recibo de energía eléctrica, aportó 20 pesos por el DAP, lo que significa que al año entregó 240 pesos.

El primero en imponer el DAP  fue el ayuntamiento de Aguascalientes y después Jesús María, Calvillo, San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia, Tepezalá, Asientos y El Llano, mientras que Cosío fue el único que nunca lo aplicó.

En su momento la gestión de institucionalidad la presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de las leyes de Ingresos 2018 de diez de los once municipios toda vez que Cosío se abstuvo de hacerlo.

Con lo que recauda la Comisión Federal de Electricidad por el DAP se cobra parte o todo el gasto que hace el municipio respectivo por el alumbrado público y otros consumos, que en lo sucesivo deberá hacerlo de sus propios ingresos.

Pese a que la Suprema Corte estableció la ilegalidad del cobro, el diputado del PAN, Guillermo Alaniz, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, dijo que el cobro seguirá atribuyéndose el resto del año, por lo que a partir de enero próximo será cuando deje de fijarse

Ante la resolución hay despachos de abogados a nivel regional y nacional que ofrecen recuperar para los causantes lo que les fue descontado a lo largo de los años, lo que de prosperar le abrirán un boquete financiero del tamaño de palacio municipal, pero en el pecado lleva a la penitencia ya que nunca esperaron que un día la Corte le daría la razón al pueblo.