Claudia Guerrero 
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El acuerdo alcanzado con Estados Unidos en materia migratoria obligó al Gobierno de México a incrementar el número de elementos de la Guardia Nacional que inicialmente tenían contemplado desplegar en la frontera sur del país.

Así lo reconoció este miércoles el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien detalló que, para esa región, sólo habían sido asignados 4 mil 500 elementos y no los 6 mil que terminaron posicionando desde la línea fronteriza hasta el Istmo.

«Se anticipó el despliegue, pero ya estaban programados. Agregamos algunas regiones, un par de regiones, pero ya teníamos calificadas como prioritarias la mayor parte de ellas», dijo.

«Aumentamos de 4 mil 500 a 6 mil elementos porque ampliamos la zona de cobertura hasta llegar al Istmo de Tehuantepec».

El funcionario explicó que para poder desplegar esa cantidad de fuerzas federales fue necesario reasignar a personal de las policías Federal, Militar y Naval que estaban asignados a otras tareas.

Detalló que se tomó esa decisión, para no descuidar otras coordinaciones.

«Lo que hicimos fue tomar elementos de otras áreas de todas las corporaciones que están participando en la Guardia Nacional para mandarlas y cumplir en el sureste sin afectar a otras regiones también calificadas de prioritarias, hay más elementos de la Marina, del Ejército y de la Policía Federal», indicó.

Tras defender que sea un militar en activo el que coordine las labores de la Guardia Nacional en territorio, Durazo reconoció que el crecimiento del fenómeno migratorio ha convertido ese problema en prioridad.

«Ahora se ha multiplicado y se vuelve prioritario, porque no obstante el tema humanitario con el que nosotros concebimos el tema migratorio, es imprescindible ordenar el flujo migratorio», aseveró.

«La mayor parte de los migrantes son enganchados por alguna organización criminal que recibe un pago para su traslado y, consecuentemente, por ese solo hecho, el tema migratorio está vinculado con la seguridad».

Los autobuses

Por otro lado, el Secretario adelantó que el Congreso ya tiene en sus manos una iniciativa de reforma para obligar a las líneas de autobuses a solicitar identificación oficial a sus pasajeros.

Aunque el tema fue planteado ayer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la idea es que las empresas cumplan por razones legales.

«El protocolo lo establece una modificación que se propuso a un par de leyes que ya están en el Senado. Va a ser mediante modificación legal que se obligará a las empresas de transporte a solicitar una identificación oficial a cualquiera que busque moverse al norte de la República», señaló.

«Será responsabilidad de las empresas verificar, recibir la credencial o alguna identificación oficial, tendremos que ir supervisando cada una de estas empresas de tal manera que bajo la supervisión de la autoridad oficial se sientan doblemente obligadas y comprometidas a exigir este requisito».