La reforma a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y otras normatividades, que incluye la defraudación fiscal en este catálogo, equipara a empresarios con irregularidades en sus declaraciones, con secuestradores, narcotraficantes o integrantes de bandas de robo.
Se trata de una reforma que está endureciendo las reglas para la recaudación, y el endurecimiento es a través de la amenaza al castigo penal, señaló el jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Luis Eloy Morales Brand.
“Esto, en vez de otro tipo de sanciones que pudieran ser administrativas y no tan lesivas, sobre todo cuando la declaratoria de defraudación proceda de la determinación unilateral que la autoridad fiscal pueda hacer, con base en reformas a leyes fiscales aprobadas en fecha reciente”.
En entrevista, el catedrático explicó que realmente el cambio está en que se incluye la defraudación en la clasificación de delincuencia organizada, porque no cumplir ante Hacienda ya es delito hace mucho tiempo, tanto a nivel local como federal.
“Lo cual está bien, pues aquellos que están defraudando por supuesto que tienen que ser sancionados, sin embargo la reforma aprobada anteayer por el Senado de la República constituye un riesgo precisamente a partir de las facultades recién otorgadas al fisco”.

OÍDOS SORDOS. En ese sentido, detalló que el fisco tiene ahora condición para desechar las declaraciones y los argumentos que presente una persona que paga impuestos y determinar que lo declarado no forma parte de las actividades expresas e incurre en incumplimiento de requisitos, unilateralmente.
“La consecuencia de ello será iniciar un procedimiento de sanción y se determina defraudación fiscal, aun sin comprobarse dará vista para la investigación del hecho; si a ello se suma que esté involucrado el contador público o el abogado, serán 3 o más personas y serían tratadas como delincuentes organizados”.
Morales Brand puntualizó que ello es un extremo, pues es complicado que se pueda demostrar tal situación, pero el riesgo es que los casos que pudieran darse, aun sin comprobación inicial, llevarían a prisión preventiva oficiosa a los participantes.
“La aplicación de ambas reformas -fiscal y de delincuencia organizada-, implicaría un trato a presuntos defraudadores fiscales no como delincuentes comunes o de baja monta, sino como personas de alta peligrosidad como son los secuestradores, narcotraficantes o integrantes de bandas de robacoches, entre otros de ese nivel”, concluyó.