En alguna parte del universo hay fuerzas extrañas que mueven los hilos de la vida humana, por lo que no debe sorprender que al mismo tiempo que hay una denuncia por una violación a los derechos profesionales surja alguien que pone en entredicho esa delación.

El pasado 4 de febrero, Francisco Frausto Ruiz Esparza, presidente del Colegio de Abogados y miembro del recién constituido Consejo Coordinador de Abogados de Aguascalientes, exigió a las autoridades conducirse con eficacia y ética, como primer paso para acabar con las deficiencias que, afirmó, existen en la procuración de justicia.

La demanda se basa en que desde hace varios años los abogados litigantes enfrentan una actitud hostil en el ejercicio de sus actividades y que lejos de terminarse se ha ido agravando, lo que motivó que 15 agrupaciones crearan el Consejo Coordinador, como una manera de hacerse oír y que aún cuando en varias ocasiones de manera dispersa denunciaron los actos, hoy cambia la situación con un frente común.

Reprochó que la Fiscalía Estatal siga bajo la férula del anterior Procurador de Justicia (Felipe de Jesús Muñoz Vázquez), quien continúa “moviendo los hilos” y que en su momento clasificó al gremio como “narco-abogados”, que además de denigrar a la profesión es una manera abusiva de calificarlos, porque si hay pruebas en contra de alguno que las presente y se hagan las investigaciones correspondientes, pero que no generalice.

El líder del Colegio de Abogados habló de ética, palabra con una gama muy amplia en su significado, por lo que piden a las autoridades que con sus actos justifiquen honestidad, responsabilidad y comportamiento apegado a la ley y a la razón.

Habían pasado unos días de esa exigencia cuando a nivel nacional se hizo público que el alcalde de Calvillo, Adán Valdivia López, compró el certificado de bachillerato y con el cual cursó estudios de abogado en una universidad privada y actualmente está en una maestría, estudios que automáticamente se invalidan a partir que hay un origen falaz.

Entre los profesionales del derecho hay un axioma: “A confesión de parte relevo de pruebas”, lo que significa que quien confiesa algo, libera a la contraparte de probarlo.

En este caso, Valdivia López admite que pagó cinco mil pesos por el documento a un “prestador de servicios” (esto es, a un “coyote”) y reconoce que aún cuando estaba sujeto a investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) no informó a los comités nacional y estatal del Partido Acción Nacional, por lo que no hubo objeción para que en 2016 fuera postulado como candidato a la presidencia municipal, misma que hoy ostenta.

En su defensa argumenta que adquirió el diploma de bachillerato cuando tenía 17 años y lo hizo porque quería ser “alguien” en la vida, por lo que no dudó en pagar la referida cantidad. Podría creerse que al ser muy joven no midió las consecuencias de sus actos, pero hoy, con la madurez que le da ser “licenciado en derecho” ¿porqué le ocultó al Partido que era objeto de un proceso jurídico?, lo hizo porque sabía que su sueño de ser candidato se vendría abajo y supuso que como era un asunto de “carácter privado” no tenía razón para revelarlo. Lejos de reconocer la serie de dislates en que ha caído se dice víctima de la PGR por “filtrar” esa información con motivos políticos y que le causan un desprestigio personal.

Es de sobra conocido que uno de los principales requisitos para aspirar a un cargo de elección popular es la probidad, esto es, que todas las acciones se hayan conducido – y se conduzcan – con decencia y decoro y en caso contrario, cuando se prueba que hubo mentira, engaño y farsa, acepte las implicaciones.

Mientras que las agrupaciones de abogados demandan ética a las jerarquías oficiales, uno que se ostenta como jurista actúa en sentido contrario.

Pese al arropamiento partidista que recibió Adán Valdivia en la conferencia de prensa que tuvo lugar el sábado pasado, Acción Nacional tiene que sopesar las consecuencias, porque un hecho doméstico puede convertirse en una piedra en el zapato en un año que hay elecciones en cuatro entidades. Seguramente que en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz nunca han oído hablar del presidente municipal de Calvillo, sin embargo su caso será parte de los dardos que utilice la oposición, máxime que se hizo público en medios nacionales.

MENOS LEGISLADORES

Como parte de la plataforma política 2012-2018, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) impulsa la reducción de senadores y diputados federales, lo que permitirá tener una representación popular más comprometida y que estén en las cámaras quienes realmente encarnen el pensamiento colectivo.

El proyecto se centra que en lugar de 200 diputados plurinominales sean 100 y eliminar los 32 senadores por el mismo principio de representación proporcional, lo que de lograrse generaría un ahorro considerable para el erario y al mismo tiempo prosperará el debate.

Los partidos que se han valido de esa figura para estar presente en el Congreso de la Unión se oponen a que disminuya los escaños, con el razonamiento que las “minorías” deben tener presencia, pero lo que no mencionan es que por años han sido los mismos legisladores. En una elección aparecen en la Cámara de Diputados, en la siguiente de Senadores o como asambleístas en la ciudad de México y en ninguno de los casos han sido electos por los ciudadanos, luego regresan de diputados o senadores y así sucesivamente han cumplido 15, 18 o más años; cuando caen del volantín se van como representantes del partido ante los organismos electorales o con un cargo en la administración pública, el caso es estar en un lugar que les permita “defender al pueblo”.

El representante de Aguascalientes ante la Cámara de Senadores, Miguel Romo Medina, destacó que en la agenda del Segundo Período de Sesiones Ordinarias se incluye “una profunda transformación de nuestro Sistema Político”, por lo que insistirán en una reforma mediante la cual se reduzca a la mitad el número de diputados plurinominales y la cancelación de los senadores por la misma vía.

Se considera que habrá una discusión muy intensa, toda vez que los panistas coinciden con los priístas sobre la necesidad de adelgazar el Congreso, pero los demás partidos rechazan esa medida al suponer que se pretende sacarlos de la jugada.

De concretarse esa medida, esta entidad quedaría con sólo dos senadores y tres diputados de mayoría y un diputado de minoría, aunque esto último dependerá del acomodo que se haga de los 100 escaños y del lugar que se ocupe en la circunscripción respectiva.

ENIGMÁTICA OPOSICIÓN

Cada vez que el gobernador del estado otorga la autorización para que un licenciado en derecho ejerza como notario público surgen voces que rechazan la designación, lo que es entendible cuando se trata de alguien que ha perseguido esa oportunidad y le ha sido negada, pero que lo haga quien ya goza del fíat resulta un tanto incomprensible. La Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes faculta al titular del Poder Ejecutivo a expedir esas licencias, las cuales deben ajustarse a lo que dispone el artículo 89 de la misma legislación. El que ya la ejerce y la objeta – como lo hizo hace doce años – no menciona bajo qué condiciones la obtuvo, porque en ninguno de los casos hay un concurso por oposición, simplemente es con el consentimiento del mandatario en turno.