Por: Octavio Díaz García de León

Twitter: @octaviodiazg

Todos los días surgen noticias sobre problemas de corrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción está lejos de entrar en funcionamiento. Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el periódico en internet Animal Político y en general los medios de comunicación, constantemente reportan casos de corrupción. Uno de los más recientes se refiere a sobornos que la empresa brasileña Odebrecht le dio al gobierno de Michoacán encabezado entonces por el perredista Leonel Godoy. Por su parte, en las recientes elecciones estatales, las acusaciones de compra de votos, cuyos recursos seguramente vienen de actos de corrupción, fueron denunciados durante los procesos electorales.

Pero sigue sin haber consecuencias. Las denuncias públicas no se traducen en casos administrativos o penales que lleven a los acusados a proceso. La captura del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, en Panamá es un avance, pero aún está por verse que vengan a dar a una cárcel mexicana los ex gobernadores que saquearon a sus estados.

La semana pasada se nombró al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pero la lista de nombramientos pendientes en el Sistema sigue siendo larga: el fiscal anticorrupción, los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el nombramiento de contralores en los órganos autónomos. Tan solo armar la estructura de la Secretaría Ejecutiva del SNA, requerirá incorporar una plantilla de alrededor de 200 personas. Todo ello ha tomado demasiado tiempo y tomará más. Lo malo es que las expectativas son muy altas y la paciencia de la sociedad muy corta.

En esta nueva etapa de combate a la corrupción (Desde 1982 ha habido muchos intentos por combatirla desde adentro del gobierno) la sociedad civil ha asumido un papel protagónico, tanto en el diseño de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3) como por su participación en el Comité de Participación Ciudadana del SNA y al haber asumido la presidencia del Comité Coordinador de dicho Sistema.

Con ello la sociedad civil asume una función de gobierno y una gran responsabilidad por dar resultados. Se pone a prueba su capacidad de gestión, primero para conseguir recursos para operar y luego para mover a las estructuras burocráticas que coordinan. Ambos resulta un reto tal que en ello suelen fracasar hasta los burócratas y políticos más avezados.

La apuesta para la sociedad civil es elevada. Si da resultados pronto, se abrirán más caminos para que autoridades no elegidas por la vía electoral sino por procesos meritocráticos o en base a cuotas partidistas, lleven a cabo funciones de gobierno. De darse por la vía meritocrática, entonces el ideal de Platón en su República se podría ver cristalizado con el gobierno de los filósofos desplazando a los políticos de sus funciones tradicionales. De darse el segundo caso, se pueden poner en riesgo las instituciones al nombrar personas que tomarán decisiones con criterios políticos y no técnicos. Por otra parte, de no tener éxito el experimento de llevar al poder a la sociedad civil, se podría dañar el papel de esta en temas de gobierno y ser ignorados en el futuro.

Por lo pronto y ya puestos en la realidad cotidiana, el Comité Coordinador del SNA tiene que moverse muy rápido para lograr resultados. Por principio de cuentas tiene que coordinar a instituciones muy bien establecidas, con sus propias agendas y mandatos, los cuales actualmente no están alineados al propósito de combatir a la corrupción sino con las tareas propias que les dan las leyes que los rigen. También deberán vencer intereses creados de todo tipo, redes de protección entre funcionarios y otros obstáculos que serán difíciles de vencer.  Sin embargo, les ayudaría que se dieran unos golpes rápidos contra la corrupción y se publicitaran adecuadamente.

Empezando por pedir resultados inmediatos sobre los casos más notorios como el de Odebrecht, empresa que a la fecha sigue sin ser inhabilitada, la farmacéutica Teva, el caso de CAPUFE, el uso para efectos personales de helicópteros por parte del ex director de PEMEX que denunció la Auditoría Superior de la Federación, etc.

Los brazos operativos del SNA, tanto la Secretaría de la Función Pública y sus órganos internos de control junto con la Auditoría Superior de la Federación seguramente tienen casos de corrupción ya identificados cuya judicialización se puede concretar en el muy corto plazo. Ya se ha visto que aun sin Fiscal Anticorrupción, la PGR ha podido realizar acciones para que se capturen a los ex gobernadores prófugos y sus colaboradores, así que solo se requiere procesar los casos que ya están maduros. El Comité Coordinador podría darles seguimiento puntual a esos casos relevantes. Si bien la Secretaría de Hacienda no es parte del Comité Coordinador del SNA, la información que tienen el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera permitiría seguir la huella del dinero mal habido de los corruptos con lo que se solidificarían los casos más notorios.

El Comité Coordinador del SNA se podría empezar a colgar algunas medallas de los asuntos relevantes que las instituciones bajo su Coordinación ya están cocinando y con ello ganar credibilidad para mostrar que el SNA puede dar resultados rápidos.Ojalá lo hagan pronto y no sigan esperando otras cosas.

Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.

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