El diputado Iván Sánchez Nájera propone que se prohíba en la Constitución Estatal, poder ser electo como diputado, regidor o gobernador a la persona que tenga una sentencia sobre una Falta Administrativa Grave, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas vigente en el Estado.

Ejemplificó cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento ilícito u ocultamiento de conflicto de interés, tráfico de influencias, encubrimiento o desacato.

Ello, adicional, a los que hayan sido condenados por delito intencional a sufrir pena privativa de la libertad.

Ayer, presentó iniciativa de reformas a la fracción III del primer párrafo del Artículo 20; la fracción II del Artículo 38 y la fracción III del párrafo decimoprimero del Artículo 66 de la Constitución Política del Estado.

En sesión de la Diputación Permanente expuso que hoy en día, el objetivo que persigue nuestro marco normativo y las instituciones del Estado Mexicano es muy claro, abatir cualquier hecho que sea corrupción.

Por eso se creó el 27 de mayo del 2015, el Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de Gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, con capacidad de mejora continua del desempeño de la administración gubernamental; además de tener la capacidad técnica y objetiva para medir y evaluar el desempeño del servidor público en el marco de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

En términos de lo anterior, el 18 de julio del año 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual tiene por objeto principal distribuir las competencias entre los órdenes de Gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.