Ricardo Vargas

El viernes pasado nuestro presidente Andrés Manuel dio a conocer que de las cinco opciones que tiene para deshacerse del avión presidencial, una de ellas es rifarlo a la población mexicana. Si bien no se han dado detalles de esta operación, el presidente comentó brevemente que se rifaría a través de la Lotería Nacional en una emisión de seis millones de boletos participantes, y cada uno de ellos con un precio de venta al público de 500 pesos mexicanos.

Por más extraño que esto pudiera parecer, es algo que podría suceder dada la reputación de nuestro actual gobierno, el cual ha tomado decisiones que parecieran ir contra toda lógica y con una evidente falta de planeación (cancelar el aeropuerto de Texcoco, iniciar el proyecto del Tren Maya, cancelar las subastas de energía limpia, cerrar los ductos de combustible de Pemex). Y el caso del avión no es la excepción, pues algo que inició como una promesa de campaña superflua ha trascendido hasta llegar al punto en que todo el país está hablando sobre si comprar o no un “cachito” para participar en la rifa del avión.

En primer lugar, la sola idea de vender el avión presidencial estaba mal fundada desde un inicio, pues el avión no es propiedad del Gobierno Mexicano, sino que se encuentra dentro de un arrendamiento financiero contraído por la administración pasada a través de Banobras, quien compró el avión a Boeing en 218 millones de dólares, para posteriormente acordar un contrato de arrendamiento con la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto no quiere decir que el avión sea propiedad del Gobierno (Sedena), pero el Gobierno sí está comprometido a seguir pagando por la tenencia del mismo de acuerdo al contrato que fue celebrado con Banobras. No podría darse entonces (a reserva de lo que prevean las cláusulas de anulación del contrato) una venta de la Sedena a un tercero, pues sencillamente no se es dueño de dicho avión.

Segundo, de concretarse esta rifa, el ganador del avión enfrentaría varios problemas económicos y fiscales al momento de hacerse acreedor del arrendamiento del avión. Evidentemente no sería dueño del avión, sino que sería ahora el tenedor de un contrato por arrendamiento financiero, y tendría que absorber naturalmente los costos que este contrato implica. Tomando en cuenta únicamente el tema de mantenimiento, combustible para uso de la aeronave, salarios para operarios y pago por espacio en hangar, el usuario del avión enfrentaría un gasto mensual operativo superior a los 5 millones de pesos, sin contemplar aún el costo financiero por el arrendamiento mismo de la aeronave. Además de esto, el ganador del avión tendría que pagar cerca de un 20% de impuestos del valor facturado de la aeronave, que podría ascender a los 40 millones de dólares (800 millones de pesos).

Tercero y más importante. El avión presidencial, junto con su precio y el costo financiero que su tenencia pudiera significar, tiene realmente un papel minúsculo y ciertamente insignificante en las finanzas públicas de México. Tan sólo el año pasado, nuestro Gobierno Federal anunció un acuerdo por el que se donarían cerca de 90 millones de dólares anuales a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras con la intención de generar empleos en dichos países y frenar la migración ilegal hacia nuestro país. Con un poco más de dos años de realizar estas donaciones, se podría pagar por completo el avión presidencial y se dejaría incluso de incurrir en costos financieros por su arrendamiento.

En términos del presupuesto nacional, el valor del avión presidencial al momento de su compra, representa el 0.06% de los ingresos totales que el Gobierno Federal presupuestó para este año. En comparación con los egresos, si la Sedena comprara el día de hoy el avión presidencial, esto significaría un gasto del 0.07% del total de egresos que se han presupuestado para el año 2020. ¿Deberíamos entonces preocuparnos tanto por deshacernos del avión presidencial? ¿No hay otros rubros dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación que podrían ser revisados y que significarían un verdadero cambio en el bienestar de los mexicanos?

Tenemos la necesidad de agilizar los procesos del ejercicio del gasto público, de incentivar mayores flujos de inversión privada a través de una mayor inversión pública. Hay un desabasto importante de medicamentos y equipo en el sector salud; ¿y queremos “ahorrarnos” el 0.06% de los gastos anuales del Gobierno?

Que no se nos vaya el avión.

 

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@1ricardovargas