Es factible que en varias ocasiones se habrá preguntado Usted, amable lector o lectora, cuál es la razón para que una empresa en poder del Gobierno no rinda lo que de ella se espera, pero esa misma empresa, que pasa a manos privadas, se convierte en algo acreditado, que incluso es punto de arranque para crear una serie de firmas exitosas.

Lo anterior viene a comentario por lo señalado por el secretario de Finanzas del Estado, Jaime González, quien el pasado 15 de noviembre anunció que se concesionarán las plantas de tratamiento de agua, debido a que el mantenimiento de las mismas es muy costoso y sólo se aprovecha el 20% del agua tratada, el resto se tira.

Según argumentó el funcionario, las 37 plantas manejadas por el Gobierno al año tratan 100 millones de metros cúbicos, donde cerca del 2% del agua tratada es utilizada para el riego de áreas verdes; 18% va al uso agrícola y el 80% restante se descarga en el Río San Pedro.

También mencionó que los mantos acuíferos en la entidad presentan un desnivel de disminución de 10 centímetros a cuatro metros por año y el nivel de abatimiento de los mismos es de 1.5 metros anual, lo que entre paréntesis son datos que se esgrimen desde principios de la década de los 80 del siglo pasado.

En estas condiciones, cada vez que se toma ese tipo de decisiones se saca a relucir que cada año se extraen alrededor de 500 millones de metros cúbicos y la recarga que se registra de manera natural, con un año pluvial favorable, es hasta de 120 millones de metros cúbicos.

En función de estos razonamientos se pretenden concesionar las 37 plantas que tiene a su cargo el Gobierno del Estado, con lo que se eliminará el costo que significa el mantenimiento y su operación, por lo tanto, quien obtenga el permiso para explotar comercialmente este bien público, podrá venderlo a los sectores industrial y agrícola y a la propia autoridad, para el riesgo de camellones y otras áreas verdes.

Es irrefutable que la administración estatal debe deshacerse de las empresas que le causen pérdidas, paso al que seguramente nadie se opone, pero la interrogante gira en torno a cuáles son las causas por las que no puede hacerlas rentables, mismas que tan lo son que varias manos se alzan para solicitar la concesión. Ningún hombre o mujer de negocios va a hacerse cargo de algo que sabe de antemano que el fruto es incierto, por lo que al dar el paso es porque ya analizó la viabilidad.

Ejemplos de lo anterior hay muchos. Está Teléfonos de México, fundada en 1947 y privatizada totalmente en 1991 por el presidente Carlos Salinas, quedándose al frente el Grupo Carso del empresario Carlos Slim, que de haber tenido una economía adversa la convirtió en el principio de una fortuna que lo ha llevado a ser uno de los hombres más ricos del mundo.

Otro es el Instituto Mexicano de Televisión (Imevisión), organismo estatal mexicano que surgió en 1968 y el cual, en un inicio dejó en manos privadas el canal 13, por lo que sólo operó el 7 y 22, pero más tarde reincorporó el 13. Para 1991 la decadencia y los problemas de señal eran constantes, por lo que en 1991 se vendieron el 7 y el 13 a Ricardo Salinas Pliego, que los convirtió en TV Azteca, mientras que el 22 lo conservó, como hasta la fecha, con carácter cultural.

Un tercer caso fue el de Ferrocarriles Nacionales (Ferronales), que creó el general Porfirio Díaz en 1907, nacionalizado por Lázaro Cárdenas en 1937, desincorporado por Ernesto Zedillo en 1997 y liquidado por Vicente Fox el 4 de junio de 2001, al publicar en el Diario Oficial de la Federación la extinción del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México. Lo que fue una empresa en virtual quiebra se transformó en una serie de firmas en constante florecimiento.

Recapitulando, la incógnita está en saber por qué aquello que dirige el sector público no tiene rendimiento alguno y que por arte de magia, al pasar al sector privado, es todo lo contrario.

FALTA CLARIDAD

Las famosas “comparencias” de los funcionarios públicos ante el Congreso del Estado, que por ley tienen lugar después de cada informe del gobernador, son para que –supuestamente– expliquen, aclaren o amplíen las interrogantes que tienen los legisladores, pero la más de las veces se convierte en un torneo de ocurrencias en el que cada quien saca de su léxico aquellas palabras más rimbombantes, con lo que pretende dejar constancia que es un versado en el tema, aunque a la hora que se les pide que las amplíen no saben responder o lo hacen con evasivas.

El autor de este espacio no ha sido partidario de ese tipo de presentaciones, porque son aprovechadas por los diputados de oposición para tundirle al “invitado”, con adjetivos que muchas veces rayan en la ofensa o pone en entredicho su honorabilidad, cuestiones a las que no puede responder en los mismos términos porque de inmediato es acusado de atentar contra la “soberanía” del Congreso, de ser un enemigo de la democracia y de la libre expresión.

Lo positivo que tienen las citadas comparecencias son los datos que aportan diputados o diputadas que sí se preparan para la reunión, al analizar e investigar los datos que aportó el mandatario y luego cotejarlos con otros, lo que les permite tener un panorama completo sobre el tema. De ahí surge la información que se amplía o enriquece para un mayor conocimiento de los ciudadanos, que es, a final de cuentas, quienes deben estar al día de cómo está y cómo se maneja el servicio público.

De lo anterior puede dar cuenta la diputada Elsa Amabel Landín, al referirse a los recursos no manifestados por el titular del Poder Ejecutivo durante su segundo informe de labores, cercanos a los 7 mil millones de pesos. Afirmó que en 2017 el Congreso aprobó una Ley de Ingresos que ascendió a 20 mil 259.5 millones de pesos, sin embargo, de acuerdo con la información aportada por la Secretaría de Finanzas (Sefi), los ingresos estimados al 31 de diciembre importan la cantidad de 27 mil 079.6 millones de pesos, por lo que hay 6 mil 120.1 millones más de los manifestados en la ley correspondiente, de los cuales 3 mil 919 se relacionarían a recursos federales etiquetados, pero 2 mil 201.1 millones no están justificados; además se presentó una subestimación de las participaciones federales por 799.3 millones de pesos que se requiere saber en qué se han aplicado, o cuál es su destino.

Le legisladora subrayó que se pide claridad en el manejo de los recursos públicos, por ser una de las principales demandas de la sociedad, que tratándose de dinero exige que “se rindan cuentas claras”, lo que ojalá tenga un seguimiento puntual hasta conseguir una declaración convincente.

Y DALE CON EL DAP

Cada vez que se menciona el Derecho de Alumbrado Público (DAP), que como se ha señalado en varias colaboraciones es un impuesto anticonstitucional, hay una defensa a ultranza de la autoridad municipal –la actual y sus antecesoras-, al considerar que los aguascalentenses deben aceptar que este ingreso lo necesita el Ayuntamiento para desarrollar los programas colectivos; sin embargo, la autoridad no se hace responsable cuando alguna calle queda en penumbras, lo que en términos claros es un abuso, puesto que cobra por algo que no proporciona. Las quejas son casi a diario y cuando los reclamos suben de tono la dependencia responsable recurre al sobado pretexto del robo de cables. Hay sitios en que la ausencia de alumbrado es de dos o tres días, luego el servicio se reanuda un día y vuelve a fallar otros dos y así sucesivamente. Las únicos que pueden enfrentar esta injusticia son empresas que tienen abogados, por lo que cada año obligan al Gobierno de la ciudad a regresar lo que les descontaron, pero el común de los habitantes, que son la mayoría, tienen que aguantar el cobro que es de 10% sobre lo que han gastado en energía eléctrica, ya que se vincula con el recibo que expide la Comisión Federal de Electricidad (CFE).