Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

A partir de este mes de enero de 2015, la Secretaría de Hacienda centraliza el pago de los trabajadores de la educación básica que laboran en Aguascalientes, aun cuando este nivel educativo está descentralizado. ¿Qué problemas o razones hubo para que ya no sea el Gobierno Estatal, a través del Instituto de Educación, quien pague a los trabajadores?, ¿fue el Gobierno Estatal quien renunció a la obligación de seguir pagando o fue decisión del Gobierno Federal centralizar los pagos?

El Gobierno Federal tomó la decisión de volver a pagar directamente a los trabajadores como lo hizo antaño. ¿Por qué? Para poder responder a esta pregunta, con elementos de juicio, es necesario recordar los compromisos que el Gobierno del Estado adquirió al firmar el convenio de la descentralización educativa en 1992. En aquel entonces se comprometió, fundamentalmente, con cuatro cosas: 1. Elevar la calidad de la educación básica; 2. Ampliar la cobertura educativa; 3. Asegurar la dirección y funcionamiento de los planteles descentralizados; y 4. Incrementar los recursos (estatales) para el gasto educativo. La Federación, a su vez, asumió la obligación de transferir (enviar) recursos suficientes para el cumplimiento de estos propósitos. Es decir, la Federación se encargó de seguir pagando a todos los trabajadores de la educación, con el fin de que los servicios educativos continuaran atendiéndose con normalidad; de igual manera, cada año, siguió asignando presupuestos necesarios para la instalación de nuevas escuelas y contratación de nuevos trabajadores que cubrieran, justificadamente, las necesidades de crecimiento natural; y para elevar la calidad de la educación envió puntualmente recursos que hicieron operar una serie de programas adicionales tendientes a fortalecer al Sistema Escolar de la Entidad. En pocas palabras, la Federación, aun con la descentralización, continuó haciéndose cargo de todos los gastos educativos; el Estado se concretó, tan sólo, en administrar los recursos.

¿Cuál era el objeto, entonces, de pedir al Estado que incrementara sus aportaciones presupuestarias para la educación? Con el propósito de que el Estado soportara, con un 50 %, proyectos educativos propios que mejoraran la educación, y la Federación aportaría el otro 50 %. Por otra parte, si el Gobierno Estatal autorizaba estímulos económicos a los trabajadores y creaba nuevas plazas bajo su responsabilidad, entonces sería el Estado el encargado de pagar el importe de estos acuerdos internos, y para eso se requerían aportaciones crecientes, acordes a los compromisos que se fueran adquiriendo cada año.

¿Qué pasó, con los cuatro compromisos fundamentales, durante los 22 años de la descentralización educativa? Los resultados de la calidad educativa han sido pobres, según lo demuestran las evaluaciones internas y externas; en cambio, en lo concerniente a la cobertura Aguascalientes ha logrado una infraestructura del 100%, capaz de brindar atención a toda la demanda de educación básica, con los apoyos invaluables del CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo) y de los colegios particulares; y en cuanto al funcionamiento de las escuelas públicas, éstas han estado prestando los servicios a secas, sin adjetivos; pero en donde sí hubo severos problemas fue en lo relativo a las aportaciones económicas estatales, sobre todo en las últimas administraciones, pues no siempre fue posible cumplir con los compromiso contraídos; y vinieron empeorando la situación los millonarios estímulos económicos que se autorizaron localmente a los trabajadores y las nuevas plazas que se crearon sin soporte financiero, y sin tener justificación la mayoría de éstas; acumulando, en su conjunto, cuantiosos déficits. De tal manera que para saldar estos crecientes adeudos, por presiones políticas y ante la desesperación, se tuvieron que desviar recursos federales de distintas partidas etiquetadas para fines específicos, violando normas administrativas y provocando, a su vez, una serie de agujeros presupuestales. Con objeto de tapar el desorden financiero, por las causas descritas, se utilizó la estrategia de mentir y echarle la culpa a la Federación “por no autorizar suficientes presupuestos y por tardar el envío de los recursos comprometidos, razones por las cuales, se decía, el presupuesto no alcanzaba para el pago oportuno de todas las quincenas”. Falso, la Federación siempre envió y sigue enviando suficientes recursos y de manera oportuna para el pago de los trabajadores, así lo indica la bitácora donde se registran los recursos recibidos. El problema, pues, estaba en otra parte: en la falta de aportaciones locales de acuerdo con los compromisos contraídos, y en el manejo arbitrario de los recursos federales para cubrir deudas internas. Como esto mismo sucedía en otras 23 entidades federativas y todas presionaban a la Federación para que otorgara recursos adicionales o que absorbiera los déficits internos de varios años, fue entonces cuando Hacienda tomó la decisión de centralizar el pago de los trabajadores de la educación con el fin de regularizar, sanear, normalizar y asegurar el manejo de las finanzas educativas, sobre todo de los estados con problemas; en el entendido de que Hacienda únicamente pagará lo que se justifique en las escuelas y frente a grupo; y lo que se haya autorizado bajo la responsabilidad local, serán los estados los que respondan con estos compromisos adquiridos.

Mientras tanto, los niños y los adolescentes siguen esperando una educación de calidad.