Dicen que cada quien habla de la feria según le va en ella, en consecuencia, es normal que los funcionarios defiendan el desempeño de su labor y resalten cada uno de sus logros; como también es común que quienes están en desacuerdo, les echen en cara su negligencia y potencien los errores.

En vías paralelas van unos y otros, y lo único que cabe es conocer y examinar los aspectos que mencionan unos y otros, para formarse un juicio y así tener una idea más clara de lo que señalan.

Aguascalientes fue sede de la V Reunión Regional de Seguridad Zona Occidente, que encabezó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a la que asistieron los titulares de la Defensa Nacional y de Marina, el procurador general de la República, el comisionado nacional de Seguridad y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional; lo que deja en claro la importancia que tiene para la administración del presidente Enrique Peña Nieto un tema tan sensible.

Como es rutinario en ese tipo de encuentros, Osorio Chong reiteró el llamado a los ejecutivos estatales, a mantener el mayor esfuerzo para dar tranquilidad a la sociedad, que la seguridad de los ciudadanos sea lo que prevalezca en todo momento y, a su vez, se comprometió a que la Federación sabrá responder a los requerimientos que le hagan sobre el particular.

Ante los gobernadores de Guanajuato, Colima, Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Aguascalientes, el jefe de la política interior sostuvo que cada quien en su entidad debe responder por la paz y tranquilidad exigida por los pobladores, sugiriéndoles que sigan con el nivel de coordinación interestatal para hacer más efectivo el combate al delito, palabras que más tarde ratificó al declarar que aun cuando ha bajado el índice de homicidios, de secuestros y otros ilícitos, la colectividad no lo percibe así, porque continúa siendo muy alto el robo domiciliario, de vehículos y a los negocios, por lo tanto, ahí debe haber mayor firmeza.

Al día siguiente, tuvo lugar el foro sobre la Prevención, Investigación y Sanción de la Tortura en México, en donde el gobernador José Carlos Lozano de la Torre rechazó cualquier acto que viole los derechos humanos, ya que recurrir a la tortura, la intimidación o la violencia a nombre de la justicia, “es atentar en contra de las mismas instituciones” y de los principios de libertad e igualdad que son origen y sustento de la vida constitucional de México.

En cambio, para la sociedad es algo presente, usual y característico que se registre en distintas corporaciones y de lo que se tiene conocimiento cuando alguien no soporta más el asedio y lo denuncia públicamente, o que un apresado murió “suicidado” o “por causas desconocidas”, sin que se atiendan los reclamos de los familiares para hacer una investigación exhaustiva.

Miguel Sarre Iñiguez, primer defensor de los derechos humanos en Aguascalientes y actual miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, afirmó que “la tortura se mantiene sobre cuatro patas, a la manera de la letra ‘I’, que le sirve de sostén al hacerla invisible, indecible, ininvestigable, imposible”, por consiguiente, puede definirse que “la tortura implanta la violencia de un poder que no se detiene ante los límites más íntimos del cuerpo, de los sentimientos y de la conciencia humana. Su organización institucional, los instrumentos y técnicas a los que recurre, y los múltiples mecanismos de legitimación mediática y jurídica que la sostienen, ponen de manifiesto la inhumanidad y destructividad última del sistema de dominación política, militar, económica y mediática que hoy la ampara”.

Por su parte, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y organizadora de ese foro, subrayó que es difícil acabar con la tortura en México y que se relaciona con las formas primitivas de un sistema inquisitorial, que justifica la persecución de los individuos sin tener elementos probatorios, lo cual es una clara violación a los derechos más elementales de los ciudadanos, por lo que ella promueve una ley que responda al mandato internacional; para ello debe haber apoyo de los congresos estatales que aprueben los cambios necesarios y así pueda acabar esta práctica.

El aporte de Aguascalientes a ese propósito lo dio el gobernador Lozano de la Torre, al citar que debe haber unidad de esfuerzos y objetivos, pues sólo así se podrán alcanzar los cambios y las reformas estructurales que están en marcha y consolidar una política nacional de defensa y fomento a los derechos humanos.

NERVIOSISMO

En el comportamiento humano son normales los altibajos en el estado de ánimo y que en gran medida se debe a hechos circunstanciales, por lo cual, no se pueden tomar como un patrón de conducta, pero llaman la atención cuando se trata de personajes que por su misma condición están expuestos al escrutinio público.

En este contexto está el gobernador José Carlos Lozano de la Torre, que el viernes 25 de julio no se anduvo con ambages al citar: “para que no estén dando lata, mis ranchos los tengo de toda la vida, eran de mi papá desde hace 60 o 70 años, porque luego en las campañas políticas están jodiendo que los compré con dinero del gobierno”.

El mensaje tiene destinatario, pero el titular del Poder Ejecutivo no lo mencionó, sin embargo, por ahí alguien sacó a relucir esos bienes, que efectivamente, provienen de una herencia familiar, que fueron del conocimiento público desde hace casi 40 años, cuando entró al servicio público.

Asimismo, el pasado uno de agosto lanzó la advertencia a sus colaboradores: “trabajan o se van”, que puso en alerta a los que no han logrado la efectividad esperada: “El gobernador no es el único que tiene que estar haciendo todas las gestiones, también los funcionarios; a estas alturas tienen que estar relacionados con las dependencias federales y deben estar bajando los programas y los recursos”.

El cuarto año de gobierno se considera el de la consolidación de los programas, por tal razón, algo ha percibido como para exigir más dinamismo o de plano, que venga otro a terminar la tarea. “Es algo que les repito constantemente, porque hay oficinas que están siendo líderes a nivel nacional en su trabajo y hay otras que no figuran por indolencia. Necesitamos que cada una de las secretarías y de las áreas de gobierno sean líderes nacionales en el trabajo, todos tienen que jalar parejo hasta el último día de la gestión.”

Y como remate, les recordó a los que ya están cansados o que están pensando en otras cosas, “a la mejor en que se va a acabar el gobierno y se quedarán sin trabajo, esa gente no cabe en esta administración”.

Dentro del mismo plano declarativo, el mandatario afirmó que no debe haber pugnas entre el procurador general de Justicia, Felipe Muñoz, y el jefe de la Policía Estatal, Rolando Hidalgo, ya que cada quien tiene campos muy definidos, por lo tanto, “no debe haber celos de ninguna manera, entre uno y otro”.

No obstante, Felipe Muñoz subrayó el jueves anterior que se necesita ser más cumplidos en la vigilancia para frenar los delitos del fuero común, por eso exigió que “todos pongámonos a trabajar, no sólo gastemos gasolina; no se puede subir a las patrullas y andar recorriendo calles, debemos tener una visión integral de cuál es nuestra función”; en consecuencia, “hago un llamado a todos los involucrados en este tema a poner más de nuestra parte”.

Para dar más sustento a su admonición, Muñoz Vázquez pidió que nadie se adjudique el trabajo y logros en materia de seguridad de forma exclusiva, “porque sería un acto de soberbia”, lo que cabe, apostilló, “es tener cero robos”.

No tuvo que esperar por la respuesta, al día siguiente, Rolando Hidalgo pidió que la sociedad sea la que califique su trabajo, no el procurador, recordándole que una cosa es la procuración de justicia y otra la seguridad pública.

“Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde y que las otras autoridades hagan lo que les toca; ya cuando es un acto consumado, la Procuraduría es la que debe de trabajar”, reiteró.

Puntualizó que los habitantes del estado deben calificar los resultados que tiene cada instancia, “ellos son los principales jueces, son los que deben exigir, no otras personas que nada más hablan por hablar”.

Aunque esta animosidad entre los dos funcionarios viene desde que arrancó la administración, esta vez llegó más lejos con señalamientos que no dejan lugar a dudas de que difícilmente habrá un punto de coincidencia, por más esfuerzos que hace el gobernador Lozano por que conserven la ecuanimidad, algo que él sabe que no se compra en un estanquillo, sino que es producto de control mental.

IMPULSOS ADVERSOS

En una clara muestra del encono que se vive en la Cámara de Diputados, el triunfalismo de la mayoría legislativa choca con la desesperación de la minoría, que no ha logrado frenar ninguno de los dictámenes de las leyes secundarias, correspondientes a la Reforma Energética.

Lo único que le queda a los opositores es seguir con la amenaza del referéndum para el año próximo, que presuntamente servirá para echar abajo todas las reformas avaladas por la actual Legislatura.

Con 333 votos a favor y 125 en contra, las bancadas de PRI, PAN, PVEM y Panal determinaron cambiar las funciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), además crearon la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos.

Los diputados ratificaron el documento sin hacer cambios a lo aprobado por el Senado, registrándose el rechazo de los grupos legislativos del PRD, PT y PMC, al considerar que los órganos reguladores son “débiles” y es en “pago de facturas” del PRI al Verde Ecologista, el principal impulsor de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial que contó con el respaldo del gobierno federal.

De cualquier manera, la reforma fue calificada por los propios legisladores como la más importante de los últimos años, al terminar con el monopolio de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, al abrir estos sectores a la inversión privada nacional y extranjera.

La función de los órganos reguladores es dar viabilidad a todos los nuevos ordenamientos de la Reforma Energética, como la vigencia de los contratos que se suscribirán con particulares, y los controles de residuos y de emisiones contaminantes, entre otros.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos se encargará, entre otras funciones, de licitar y de suscribir los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, así como regular y supervisar el reconocimiento superficial.

Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía regulará y promoverá el desarrollo eficiente de la transportación, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación de los energéticos, al igual que de la supervisión de expendios al público del petróleo, del gas natural y licuado, de petrolíferos y petroquímicos.

La discutida Agencia de Seguridad Industrial será la responsable de la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector de hidrocarburos, mediante la regulación y supervisión de la seguridad industrial, el control de residuos y emisiones contaminantes.

Como todo lo que germina en el Poder Legislativo, tiene dos polos, el positivo, que proviene de aquellos que aseguran que los cambios y la inclusión a las leyes darán nuevas condiciones de crecimiento económico y social, con un amplio beneficio para la generalidad de los mexicanos; y el negativo, de los que todo lo ven oscuro y presagian mayores problemas para el país.

Frente a esas actitudes, lo mejor es analizar los pro y contra de cada medida y las declaraciones y posicionamiento de los que intervienen, para no ser dañado por la polarización que hay en el Congreso, donde es manifiesta la presencia de fuerzas contrapuestas, que nunca van a mencionar si otros intereses los mueven para aprobar o rechazar los dictámenes.

CORRIGEN PAGO AL CAMPO

La unificación de criterios de las diversas organizaciones rurales obligó a la Cámara de Diputados a fijar porcentajes para el pago de las empresas que ocupen temporalmente sus tierras para explotar hidrocarburos.

El PRI presentó un cambio a la minuta de la Ley de Hidrocarburos negociada con la Confederación Nacional Campesina (CNC), en la cual se establece que los titulares de los terrenos o bienes tendrán derecho a que la contraprestación cubra el pago de afectaciones, previsiones de daños y/o venta por concepto de ocupación, servidumbre o uso de la tierra.

En este sentido, el porcentaje no podrá ser menor a 0.5 % ni mayor a 3 % a los ingresos en el caso del gas shale. En otros casos, incluido el petróleo, no podrá ser menor a 0.5 ni mayor a 2 %, a favor de la totalidad de los propietarios o titulares de derechos.

Se agregó también que los empresarios, contratistas o asignatarios deberán ejecutar proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad o localidad afectada y en la reforma se precisa que los ingresos a repartir a los dueños de las tierras se calcularán después de haber descontado el pago al Fondo Mexicano al Petróleo, el nuevo organismo que centralizará los ingresos petroleros.

De esta manera, puntualizó el PRI, “para que quede claro que la parte de los ingresos a repartir será antes de impuestos y no después del Impuesto Sobre la Renta”, lo que sin duda incentivará aún más la inversión, por un nuevo elemento de deducción en el ISR que beneficiará a las empresas, al poder deducir costos por el pago de renta de tierras, indemnizaciones por afectaciones y por cubrir contraprestaciones si se concreta la extracción de gas o petróleo, modificación que, por cierto, es en respuesta a la solicitud que hizo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) durante las consultas públicas de la Reforma Energética.

En los casos que no se logre un acuerdo o que una de la partes incumpla los compromisos o lo que dispone la ley, se podrá recurrir al Tribunal Unitario Agrario o ante un juez de distrito en materia civil, e incluso se podrá pedir la mediación de la Secretaría de Desarrollo Agrario.

Se cubren todos los flancos para que las nuevas figuras jurídicas arrojen los frutos que se esperan y auspicien un desarrollo a las empresas que explotarán los hidrocarburos y a los propietarios o titulares de los derechos de la tierra.

II INFORME DE EPN

El segundo informe del presidente Enrique Peña Nieto tendrá lugar el uno de septiembre, tal como lo dispone el Artículo 69 constitucional, por lo que el mandatario inició la grabación de los spots que se transmitirán a finales de agosto.

El propósito es posicionar las reformas de telecomunicaciones y político-electoral, recién aprobadas, y en materia energética, que se espera esté promulgada antes del uno de septiembre.

Además de esos cambios a las leyes, Peña Nieto abordará como temas la confianza de los inversionistas, el plan de infraestructura, la cruzada contra el hambre y la reducción del delito de alto impacto; asimismo, dará énfasis a los cinco ejes que forman parte de su Plan de Gobierno, por lo tanto, los promocionales también versarán sobre los avances que hay en Un México en Paz, Incluyente, con Educación de Calidad, Próspero y con Responsabilidad Global.

Especial atención tendrá el plan de infraestructura que sumará 7.7 billones de pesos durante los próximos cuatro años y el beneficio que reciben más de 3 millones de habitantes en la cruzada contra el hambre, al igual que la reducción de delitos de alto impacto, como la baja de 27 % en homicidios dolosos.

Parte de los spots se filman en las giras que tienen lugar por el país y otros en la oficina del presidente, salones y escalinatas de Palacio Nacional, encomendándose la producción a los Estudios Churubusco Azteca, con lo que se firmó el acuerdo el pasado 15 de enero.

ABORTO DESUNE AL PRD

Pues vaya que a los perredistas de Guerrero les gusta estar en el ojo del huracán, porque ahora se enfrentan el gobernador Ángel Aguirre Rivero y legisladores y líderes de su mismo partido, que se oponen a la iniciativa que presentó para despenalizar el aborto en la entidad.

En lo que es su penúltimo año de gobierno, Aguirre retomó una promesa de campaña al solicitar al Congreso del Estado que se permita abortar en Guerrero, tal como ocurre en el Distrito Federal, donde el PRD ha sido punta de lanza y le hace presumir que alrededor de 90 mil mujeres, en un periodo de siete años, han recurrido a este método para frustrar el proceso de gestación.

El gobernante entregó la iniciativa sin el consenso del PRD, esto llevó a que el líder estatal, Carlos Reyes, expresara que provocó una “polémica” innecesaria. Consideró que “no se le ha dado el tratamiento adecuado, ha hecho falta que el partido a nivel nacional intervenga en un tema, porque así lo habíamos acordado”.

Recordó que hace más de un mes que se iba a realizar una reunión para abordar este asunto, en el que intervendrían los diputados del partido, “pero no fue así”, lo cual generó que entre ellos mismos se descalifiquen, pues hay quienes están a favor, pero otros de plano la rechazan apoyados por legisladores del PAN y el PRI.

El escrito quedó “congelado” en comisiones del Congreso y será hasta el 15 de septiembre cuando podría ocuparse, lo que para la diputada Ana Lilia Jiménez es una iniciativa mal planteada.

Lo que sucede, apuntó David Jiménez, dirigente de la corriente Grupo Guerrero, es que “está pensando el gobernador Ángel Aguirre en su clínica del Pacífico. Él estaba pensando echarse dinero con la muerte de los niños y convertirse en empresario de la muerte”.

Es indudable que los perredistas no se andan con medias tintas, si algo les agrada, lo apoyan a costa de lo que sea, y si están en desacuerdo, no vacilan en irse a la yugular contra el “enemigo”, así se trate de un correligionario, aunque en este caso Aguirre Rivero, priista hasta la víspera en que fue postulado como candidato del PRD, no hace ningún esfuerzo por atraerse la simpatía de sus “compañeros” de partido.