La frase que generalizó el desaparecido actor Capulina (Gaspar Henaine): “No me gusta la venganza, pero sí la desquitanza” la aplica en toda su extensión Jesús Ramírez, dirigente de la CROM, al señalar que el año pasado la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA) le arrebató unos contratos de servicios con una empresa, por la que tuvo que recurrir a la licitación para recuperarlos, de ahí que ahora en que poco más de un centenar de obreros de Nissan le pide que los represente aceptó, con lo cual se cobra la “afrenta”.

Dispuesto a no soltar la presa, continúa adelante en su propósito de dividir la atención de los empleados de Nissan, sin embargo la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA), titular del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), señaló que dará la batalla en todos los campos posibles.

En una muestra de unidad, los líderes de más de 100 sindicatos cetemistas que representan a cerca de 70 mil obreros, expresaron su apoyo a sus compañeros de las dos armadoras de automóviles y de las plantas proveedoras, lo que se consideró que sería suficiente para terminar la disputa, pero lejos de ello el pasado lunes la CROM volvió a convocar a una manifestación en la exedra de la Plaza de Armas.

El secretario general de CTM local, José Alfredo González, no se anduvo por las ramas la semana pasada, al considerar que fue un claro “oportunismo” de su adversario al hacer presencia en el supuesto conflicto, por lo que exigió parar esas actitudes para que no se rompa la paz gremial que ha caracterizado a Aguascalientes.

Sostuvo que “no deben tocar puertas en donde en un momento dado no están llamando” y aunque afirmó que la FTA no va a entrar en alguna confrontación el solo hecho de que hubiera un cierre de filas es una evidencia que no van a dar un paso atrás en la defensa de lo que ha sido parte de su agrupación.

En tanto, los demandantes tienen como principal exigencia la renuncia del secretario general Gabriel Jasso, al asegurar que tiene 22 años en el cargo, por lo que no quieren esperar hasta mediados del año próximo para la renovación sino que debe ser a la mayor brevedad, acordándose que fuera en enero, sin embargo quienes se quieren quedar con el CCT continúan presionando para que sea antes para quedarse con la toma de nota, pero más que el Sindicato de Nissan el propósito es apropiarse de todo el pastel laboral de la industria automotriz..

Como se mencionó en otra colaboración, todo es cuestión de que surja un conflicto en un colectivo para que empiece la descomposición social. Como dice el clásico, esa película ya la vi, basta recordar los enfrentamientos entre profesores, ferrocarrileros y burócratas, que se iniciaron por cuestiones intramuros y que luego involucró a otros grupos, lo que en cada etapa provocó un retroceso en la inversión y caída del empleo, ya que si hay algo que causa pavor a los capitalistas son los conflictos populares.

El mejor ejemplo está en Cuernavaca, en donde el Sindicato Independiente de Nissan ha llevado a cabo paros y huelgas desde hace casi 40 años, la más reciente en abril de 2017 al estar en desacuerdo con el incremento salarial de 5.5% que ofreció la empresa, desasosiego que hoy se pretende introducir en Aguascalientes.

El representante cromista expresó que en 2017 la FTA fue la que rompió el “pacto de civilidad” que tenían establecido todas las centrales obreras, al pretender adjudicarse la titularidad de un sindicato de servicios y aunque quiso arreglar las cosas hubo negativa, lo que “yo aguanté un año hasta que volví a ganar ese contrato colectivo, después de una licitación”.

Sostuvo que pese a esa situación “tampoco salí a decir, ya están violentándome el pacto, yo simplemente aguanté”, por lo tanto deben tragar saliva los cetemistas ahora que viven una situación similar.

De no haber un acuerdo que termine con estos “golpecitos”se avizora un período de inestabilidad sindical y social, lo que exige la intervención de las autoridades para que llamen a los involucrados a ratificar el pacto de no agresión, sin olvidar que justo ahora, en que habrá una nueva administración federal, se requiere de la unidad entre sindicatos para defender sus parcelas de poder y puedan salir fortalecidos.

No está por demás recordar aquello que se le atribuye a Confucio: “Antes de embarcarse en un viaje de venganza, cave dos tumbas”, al referirse al carácter autodestructivo de quienes le apuestan a la venganza, por lo tanto es preferible hacer lo que decía el Vikingo: “Aguantar callado”.

IRREFLEXIÓN DE HACIENDA

La persecución en contra del lavado de dinero y la evasión de impuestos es algo que pocos mexicanos pueden estar en desacuerdo, ya que en ambos casos afecta enormemente a la sociedad, al haber un cantidad menor de recursos para la realización de obras y servicios y atender exigencias en materia de salud, educación, cultura y recreación, entre otras demandas colectivas.

Hacerlo le permite al gobierno federal tener los recursos necesarios para solventar esas exigencias, al lograr la recuperación de lo que se eludió a través de disimulos, enmascaramientos o escondites contables.

Son medidas que por regla general se aplauden, lo contrario sucede con la actitud que adoptan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al obligar a jubilados y pensionados a presentar una declaración anual por los pagos que reciben, pese a que ya no causan impuestos, forzándolos a solicitar ante la dependencia que les cubre esa prestación que entregue una copia de dichos desembolsos, que luego deben presentar ante las oficinas la SHCP, y en caso de no cumplir con ese requisito se hacen acreedores a una multa.

La gran pregunta que deberían hacerse en Hacienda y el SAT es cómo puede un pensionado o jubilado ser evasor fiscal o lavador de dinero, puesto que en el cruce de información que tiene con el Seguro Social, el ISSSTE, las Fuerzas Armadas y Petróleos Mexicanos, entre otros organismos públicos, saben con exactitud lo que recibe cada persona.

De la misma forma que se eliminó la “supervivencia” que debían cumplir los ex trabajadores para tener derecho a continuar recibiendo el pago, se puede hacer con la información fiscalizadora, teniéndose en cuenta que todos los datos los tiene registrados la citada oficina.

Con lo anterior se reduciría el trabajo que realiza el personal de la dependencia, que por ley debe dar entrada a la información que proporciona el ciudadano y al mismo tiempo evitaría que personas mayores tengan que cumplir un requisito que no conduce a nada, puesto que la declaración únicamente aporta lo que se sabe de antemano.

En este sentido los legisladores federales y estatales deben tener una intervención decidida para que se cancele dicha exigencia, exhortando a la Secretaría de Hacienda y al SAT para que eliminen de sus actos el citado procedimiento.

CALLE OLVIDADA

La administración municipal tiene en total olvido una cuadra de la calle Matamoros, que va de la calle Nieto a la avenida Adolfo López Mateos. Pese a lo céntrico del lugar, ninguno de los que han estado en la oficina principal de palacio menor se ha preocupado por atender la necesidad de contar con banquetas, lo que obliga a los transeúntes a caminar “pegaditos” a la pared para no ser atropellados. De construirse las aceras tendría que ser reducidas ya que el arroyo actual apenas alcanza para un solo carril vehicular, pero habría la protección necesaria a los caminantes.