Por Jesús Eduardo Martín Jáuregui

La Suprema Corte de Justicia de la Nación durante algún tiempo tuvo, no sé si bien ganada, fama de ser el cabús del tren de la nación. Incluso en las encuestas de confianza y credibilidad, contra lo que pudiera esperarse, no salía tan bien parada, situándose por debajo del Ejército y de la Iglesia Católica. Si se quería señalar que algún procedimiento sería lento se hacía la analogía: tan rápido como un juicio de amparo en la Suprema Corte. Los ministros se veían lejanos e inasibles integrantes de una casta divina poseedores de la verdad legal, una especie de Sacro Colegio Pontificio que en la Roma antigua detentaba el monopolio de las legis actio sacramentum, sin las cuales no podía iniciarse ningún proceso legal.

En la historia reciente de la Corte, dos baldones la señalan, de los que la huella dejada tardará tiempo en borrarse. Execrable que el total de ministros integrantes de la Suprema Corte hubieran ido a felicitar al presidente José López Portillo por la desatinada medida de privatizar la banca. Los mismos ministros que semanas adelante habrían de juzgar la constitucionalidad del decreto presidencial ¡Habrase visto! Con qué cara un señor ministro hubiera podido declarar inconstitucional la medida que públicamente había alabado. En la jerga forense se le llama “prejuzgar” y es uno de los pecados capitales en que puede incurrir un juzgador. La otra mancha fue el aceptar en silencio el golpe de estado del Presidente Ernesto Zedillo que desapareció de repente uno de los tres poderes de la unión, al extinguir la Suprema Corte, licenciar a sus ministros y dejar al país por varios días acéfalo el Poder Judicial de la Federación. Sólo un ministro señaló la ilegalidad de la medida y la ilegitimidad de la nueva integración que habría de hacerse de la Suprema Corte, el licenciado Atanasio González, quien fuera mi maestro de Economía Política y que en una entrevista para el diario Excélsior criticó la decisión presidencial, su eco en el poder legislativo y la sumisión de los demás ministros de la Corte que se quedaban sin trabajo pero con una jugosa jubilación y una sustanciosa prima por el retiro.

Las cosas han cambiado, por la restructuración del presidente Zedillo o sencillamente porque sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal han entrado en una etapa verdaderamente productiva e interesante. No pretendo detenerme en este articulejo en el análisis de la jurisprudencia de la novena y décima épocas para lo que el espacio y la intención son insuficientes, sino señalar que aires de renovación han circulado por la Corte, lo que se aprecia desde los nuevos murales que adornan los muros del edificio sede, hasta la creación del sistema de Casas de la Cultura Jurídica de los estados, que han venido a constituirse en promotoras efectivísimas del derecho y la justicia, propiciando el desarrollo no solo de las iniciativas del Consejo de la Judicatura y las de la Suprema Corte sino también de las de organismos profesionales o académicos que han encontrado siempre la disposición y el apoyo para sus iniciativas.

Dentro de las tareas que se ha echado a cuestas el Poder Judicial de la Federación se encuentra la de elaborar y difundir “protocolos” de actuación en materias específicas que constituyen lineamiento que se dan fundamentalmente para sus “operadores jurídicos” pero que desde luego, pueden y deben extenderse a las demás instancias jurídicas oficiales del país. Los protocolos son lineamientos que orientan a partir de los criterios jurisprudenciales que se han sostenido tanto por la Corte, en el pleno y las salas, como por los tribunales colegiados, a las instancias que habrán de llevar a cabo la individualización de las normas, sobre los principios aplicables y los procedimientos realizables para la actualización de los valores imbíbitos en los protocolos. Constituyen no un cuerpo jurisprudencial sino un cuerpo doctrinal a partir de la jurisprudencia, realizado por el personal especializado y aprobado por los ministros para su aplicación y divulgación.

Hace apenas unos días se presentó el “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN LA ORIENTACIÓN SEXUAL O LA IDENTIDAD DE GÉNERO”. En la presentación del documento se señala que tanto la orientación sexual como la identidad de género son algunas de las características más esenciales de la vida de una persona, conforman su personalidad, su ser íntimo y la imagen que se proyecta a los demás y en consecuencia la imagen que de ella se forman los otros. Lamentablemente, a lo largo de la historia tanto la orientación sexual como la identidad de género han sido pretexto o motivo para tratos que van desde la burla hasta el escarnio y desde el desdén hasta la abierta discriminación y violaciones diversas a los derechos humanos. Nuestro país ha sostenido la igualdad esencial de las personas y el respeto irrestricto a su libertad de creencias, de pensamiento y de expresión, sin distinción de sexos, sin embargo, no reconocía expresamente ni tutelaba específicamente la diversidad sexual ni la perspectiva de género. Más aún, en el estereotipo del mexicano lamentablemente privaba una imagen machista que en nada favorecía el respeto a la diversidad y la aceptación de las diferentes orientaciones, así como la distinción entre sexo y perspectiva de género.

La Corte sostiene que la utilidad del protocolo se reflejará específicamente a auxiliar a la impartición de justicia en los casos en que se involucren los temas señalados, particularmente a grupos que han sido colocados socialmente en situación de vulnerabilidad y a los que se orienta el protocolo: las lesbianas, los gays, los y las bisexuales, las personas trans y las personas intersex, previendo las situaciones que pudieran afectarles o impactarles.

El documento cita las palabras de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay: “A final de cuentas, la homofobia y la transfobia no son diferentes al sexismo, la misoginia, el racismo o la xenofobia, pero mientras estas últimas formas de prejuicio son condenadas de forma universal por los gobiernos, la homofobia y la transfobia son en demasiadas ocasiones dejadas de lado”.

Este protocolo de la Suprema Corte viene a convertirse en un documento valioso en la lucha por la efectiva libertad y el efectivo respeto a la diversidad sexual. Es indispensable que estos temas permeen en la sociedad que no podrá ser madura si no alcanza niveles de respeto y tolerancia para todos sus integrantes. El Protocolo, si bien está dirigido fundamentalmente a los operadores del derecho, resulta de interés para todos y puede ser “bajado” de la página de la Suprema Corte, cuyo enlace es: http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/content/protocolo-orientación-sexual-o-identidad-de-género?sid=67170

 bullidero.blogspot.mx            [email protected]          @jemartinj