Por Octavio Díaz García de León

La idea: La protección de nuestras fronteras y litorales es un elemento básico para la seguridad nacional. Se le presta menos atención a nuestra frontera sur que a la norte, por lo que es necesario enfocar esfuerzos hacia allá, no sólo para ordenar el flujo de inmigrantes sino para detener el tráfico ilegal de drogas, armas y otras mercancías ilegales. No es un asunto de coyuntura sino debe ser una tarea permanente.

Solemos poner más atención a lo que ocurre en nuestra frontera norte y a las relaciones con Estados Unidos. Con nuestro vecino del norte hemos pasado en las últimas décadas desde una relación fría caracterizada como una vecindad distante, hasta una relación comercial más estrecha derivada del TLCAN.

Pero es importante no olvidar los retos que México tiene con su frontera sur. Son 956 kilómetros de frontera con Guatemala y tres de nuestros estados colindan con ese país: Chiapas se lleva la mayor parte con  654 km., Tabasco con 108 km., y Campeche con 194 km. El otro país que colinda con México al sur es Belice, este último con el estado de Quintana Roo a lo largo de 193 km.

Para Estados Unidos su frontera sur conlleva problemas muy similares a los que México tiene con su propia frontera sur. Los temas que dominan en ambos casos son el paso de drogas, flujos migratorios descontrolados, flujos ilegales de armas y dinero y problemas ambientales que afectan a las regiones fronterizas.

La relación de fuerzas entre países es también, en ambos casos, asimétrica. La mayor potencia del mundo comparte frontera con México que sigue siendo un país en vías de desarrollo y cuyas instituciones no son tan fuertes como las del vecino del norte.

De manera similar, para nuestros vecinos del sur, México es el gigante del norte con una economía, territorio y población muy superior a la de ellos. Asimismo, las instituciones mexicanas son comparativamente más sólidas.

Existe entonces una relación espejo: Estados Unidos con México y México con Centroamérica. Los retos que se enfrentan en ambas relaciones requieren soluciones regionales porque los problemas se van encadenando de sur a norte y afectan a todos.

México ha intentado apoyar a Centroamérica desde hace décadas, a través de diversas iniciativas. Desde las iniciativas para pacificar Centroamérica en los años ochenta y noventa del siglo pasado, pasando por el Plan Puebla–Panamá en el gobierno de Fox y el Proyecto Mesoamérica en el de Calderón. Ahora, el presidente López Obrador promueve el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras (Triángulo Norte) y México.

El gobierno de México ha ofrecido estos apoyos porque sabe que para detener los flujos migratorios y disminuir la criminalidad asociada con el tráfico de drogas, es necesario desarrollar en el largo plazo la economía de las zonas expulsoras de personas y de producción o paso de drogas.

Eso no quita que en el corto plazo se requieran medidas de carácter urgente para mitigar una crisis humanitaria derivada de las trabas que Estados Unidos ha impuesto para impedir la entrada a ese país de refugiados provenientes de Centroamérica.

Pero las acciones que se están llevando a cabo no sólo responden a la coyuntura ocasionada por Trump. La fragilidad de nuestra frontera sur es una amenaza a la seguridad nacional que debe ser atendida de manera permanente.

Ya en sexenios anteriores se desarrollaron acciones para retomar el control de la frontera sur, con poco éxito. Aquellas iniciativas no tuvieron la publicidad que las actuales, pero también contemplaron el despliegue de fuerzas de seguridad e inteligencia para intentar recobrar el control de esa región.

El despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur es necesario para atender la emergencia en el corto plazo. La solución de largo plazo podría estar en el Plan de Desarrollo Integral para el Triángulo Norte, que, de llevarse a cabo, daría estabilidad a la región al mejorar las condiciones de vida de millones de personas.

Si se logra desarrollar esa región, los flujos comerciales también beneficiarán al sureste mexicano. Por ello, tiene sentido invertir en Centroamérica. Tal y como el TLCAN benefició a nuestro país con inversiones extranjeras y un incremento espectacular del comercio que benefició a los tres países, también fue un factor para disminuir la migración indocumentada de nuestros compatriotas hacia el norte.

Se podría replicar con éxito esa experiencia con nuestros hermanos del sur. No sólo desde el punto de vista económico, sino también con un fortalecimiento de las instituciones para fortalecer el estado de derecho, disminuir la corrupción y apoyar los esfuerzos para combatir los grupos delincuenciales que operan en nuestros países.

Solucionar los problemas con nuestra frontera sur implica resolver también los que tenemos con nuestro vecino del norte porque los problemas son compartidos y requieren una solución regional. Ojalá, Estados Unidos y Canadá también participen en este esfuerzo por desarrollar Centroamérica para beneficio de toda la región.

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