Medidas de protección extendidas por jueces penales, liberan a las mujeres víctimas de violencia familiar por espacio de noventa días; se trata de un término mayor al que pueden brindar los juzgados familiares y sin embargo, es poco aprovechado por quienes sufren el flagelo de la agresión al seno de su hogar,
Así lo señaló el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, al explicar que el Artículo 137del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla medidas de protección para las mujeres que reciben azotes por parte de cónyuges, parejas sentimentales u otros allegados.
Este ordenamiento federal maneja esa figura similar a la regulada en leyes locales, pero tiene un mayor alcance en cuanto a duración, generando mayor margen de actuación para romper el círculo de violencia que está afectando a la mujer y en su caso, a descendientes menores de edad.
En entrevista, el fiscal indicó que una mujer violentada puede pedir a través del Ministerio Público que un juez penal de control otorgue medidas de protección y éste procede para que con la intervención de elementos de seguridad municipales y estatales, se separe a los agresores del domicilio y se impida su retorno en ese plazo citado.
Aseguró que son medidas muy rápidas para evitar que el victimario acuda al domicilio de su víctima y que garantizan la subsistencia de la obligación de proveer para el sustento de sus dependientes.
Figueroa Ortega reiteró que estas medidas son poco aprovechadas, pues generalmente las víctimas acuden al juez familiar lo cual es adecuado, sin embargo, hay casos que requieren de una medida con mayor alcance para romper el círculo de violencia en una casa.
La que se extiende por un juez penal garantiza la separación del agresor y de la víctima a fin de que ésta se sienta mejor, continúe en su domicilio y sin cohabitar con quien la agrede; además, el trámite legal continúa en contra del victimario.
Refirió que esta medida de protección prevista en la legislación penal federal es una de las herramientas con las que se puede contar por parte de las víctimas a través del Ministerio Público, que permite avanzar en el aspecto legal y también el social.
En ese contexto, alentó a las mujeres que sufren de violencia familiar a recurrir a esta figura que les brinda un mayor lapso que el previsto en la legislación local, que suele ser de 72 horas de protección, a fin de frenar la violencia y en su caso tomar decisiones con mayor mesura.