El Heraldo de Aguascalientes

Prorratean el país

Salvador Rodríguez López

Lo que en otros órdenes sería un despropósito, en política no sólo es permitido sino avalado por la ley, por lo que a menos de seis meses que se den a conocer las candidaturas para las elecciones de 2018, los partidos firmantes del Frente Amplio Democrático (FAD) – PAN, PRD y Movimiento Ciudadano – determinaron lo que le corresponderá a cada uno.
En este sentido Aguascalientes entra en el reparto de las candidaturas a senadores y diputados federales y locales, que será de acuerdo a las posibilidades de triunfo que tenga cada organismo, hecho que pone en una contrariedad a perredistas y emecistas, ya que no están a la altura de los panistas.
Tratándose de los comicios federales, la única manera de que Acción Nacional pueda compensar a sus socios es incluirlos en el listado “plurinominal”, que de ninguna manera es garantía de que vayan a acceder a la próxima Legislatura. Es difícil que los panistas acepten ceder alguna de las posiciones de mayoría que han sido suyas desde el año 2000 y en caso de que lo hiciera pondría en riesgo su propia votación, tan poco amigable a apoyar causas ajenas.
La alianza suscrita ante el Instituto Nacional Electoral (INE) incluye los procesos electorales de la Presidencia de la República, las nueve gubernaturas y los 300 distritos electorales. De manera inicial el PRD “apartó” la Ciudad de México, Tabasco y Morelos y el MC se conforma con que le dejen Jalisco, mientras que el PAN se quedaría con Guanajuato, Chiapas, Puebla, Veracruz y Yucatán.
En el caso de las elecciones locales, la distribución será conforme a la presencia que tenga cada quien en los distritos, que en el caso de Aguascalientes son 18 y de los cuales ninguno está en poder del PRD ni de Movimiento Ciudadano, lo que ahora podría ser diferente en alguno de ellos con la ayuda de Acción Nacional.
En este juego de “que me das y a ver que te doy” se debe tomar en cuenta que por primera vez esta entidad tendrá reelección de diputados, por lo que varios de los ocupan una curul esperan el refrendo de los electores, por consiguiente estos no entrarían en la puja.
La cuestión será cómo explicar a los que sean “sacrificados” que deben aceptar en aras de un “bien superior”, como es el FAD, a pesar de que hoy sienten que es su momento, lo que traería consigo situaciones internas que no serán fáciles de digerir, principalmente entre los panistas, que con bastante anticipación se han preparado para estar en las boletas.
Aún resuenan las palabras del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, al citar que el objetivo del FAD “va más allá de las personas, lo importante es el proyecto, en el cual estamos trabajando”.
En teoría las alianzas electorales son para que ganen todos los que las conforman, sin embargo en los hechos se eliminan cuadros valiosos de un partido para que otro con menos jerarquía ocupe su lugar, lo que trae consigo que los desplazados se conviertan en discrepantes de las campañas y muchas veces den al traste con lo que se hace.
Va a ser trascendental observar en que terminará el Frente Amplio, porque desde antes de su integración el PAN dejó en claro que lleva preferencia, lo que determina que como arranque el abanderado a la Presidencia va a ser de este partido, con lo que dejará en el camino a varios perredistas que trabajan en ese sentido, principalmente a los gobernadores Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles.

CIERRAN LA PINZA
La subcontratación de personal, conocida como “outsourcing”, ha sido denunciada por la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA) como un mecanismo que busca eludir o reducir obligaciones patronales y ante todo que pone en riesgo la estabilidad laboral de los que automáticamente son involucrados en esta medida.
El problema está en que la filial cetemista ha abordado este tema en más de una década con resultados parciales, lo que ha dado pábulo para que deje de ser una actividad encubierta y opere de manera abierta, al grado que en periódicos de la capital del país hay anuncios de despachos que ofrecen sus servicios.
El secretario general de la FTA, José Alfredo González González, insiste que la autoridades locales y federal apliquen “mano firme” contra el outsourcing y lleven a cabo inspecciones a los centros de trabajo para determinar en qué condiciones está contratado el personal y de encontrar alguna anomalía se apliquen las sanciones que correspondan, que pueden llegar hasta los 5 mil salarios mínimos.
La forma como funciona esa acción es que las firmas outsourcing se hacen cargo de la nómina, con lo que el patrón titular se desentiende de pagar salarios y las prestaciones previstas en la ley y aquellas que han sido incluidas en el contrato colectivo de trabajo, concretándose sólo a la producción, sin embargo hay quejas porque en cuanto cambia la situación laboral se cancelan diversos beneficios económicos y los que protestan son presionados para que renuncien, llegándose el caso que se pulveriza el contrato por lo que el trabajador queda en estado de indefensión.
En lo que respecta a la Federación de Trabajadores, José Alfredo González aseguró que no se aceptará que las empresas con las que tiene contrato “operen bajo este esquema”, lo cual es vigilado, ya que es de los asuntos que a petición de los sindicatos se trataron hace seis años en la reforma laboral, suprimiéndose legalmente esta labor.
Es algo que se ha registrado en aquellos lugares donde no hay una representación sindical, o que ésta lo permite, pero en relación a la cetemistas se logró anular esta situación y en su lugar se trabaja en el adiestramiento de los nuevos trabajadores, mediante centros de capacitación que están incluidos en los contratos colectivos. La formación de estos cuadros no debe exceder de un año y una vez concluido podrán pasar a formar parte de la plantilla.
Por otra parte, el 24 de octubre del año pasado El Universal publicó que para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el servicio de outsourcing que utilizan las empresas para la contratación de personal por medio de un tercero es considerada “una actividad vulnerable de ser usada para el lavado de dinero”.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, estableció que las empresas que recurran al outsourcing van a tener que sujetarse a normas antilavado implantadas en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Para no dejar lugar a dudas, la UIF indicó: “Nos permitimos puntualizar que el contratista al dar el servicio de subcontratación en términos del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, actualiza el supuesto previsto por el inciso b) de la fracción XI del Artículo 17 de la LFPIORPI”
De esta manera se busca cerrar la pinza, ya que podrán esquivar a las autoridades federales del trabajo pero no a las hacendarias, que tiene los mecanismos suficientes para conocer de dónde proceden los recursos financieros que utiliza la empresa que suscribe un convenio con una outsourcing.

DESASOSIEGO
El anuncio que hizo la alcaldesa Teresa Jiménez de que la semana próxima habrá cambios en su equipo de colaboradores mantiene la inquietud en las secretarías y direcciones, ya que en donde tengan lugar no sólo se irá uno o dos, sino los que llegaron con el o la titular. Cuando cae la cabeza arrastra a todo lo demás, una norma no escrita en el servicio público pero que está vigente, lo que hoy trae como consecuencia una larga espera para saber a quienes les tocó el ramalazo.