Ayer, en sesión del Congreso, compareció el secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, Jaime González de León, para explicar los alcances del paquete económico 2019; los diferentes grupos parlamentarios emitieron cuestionamientos en torno al endeudamiento, la aplicación desglosada de recursos en el plan de movilidad, C5, incrementos de presupuestos en dependencias, entre otros tópicos.
En torno al muevo impuesto a los Juegos de Apuestas, señaló que es una medida que permitirá controlar por parte del Estado este tipo de actividad.
Dijo que el presupuesto del Gobierno central no tiene partidas secretas, pues se desglosa el destino que se da al recurso, y que sin embargo en otros entes como el Poder Legislativo y Judicial, solamente se aprueba el monto, ya que tienen autonomía, por lo que internamente se toma la decisión de cómo ejercerlo.
Destacó que se pretende un incremento al Impuesto Sobre Hospedaje, del 2 al 3%, pero que es un impuesto que no lo paga el empresario, sino el que visita el hotel y es con el fin de contar con más recurso para destinarlo a la promoción turística. Aclaró que este incremento fue solicitado por los empresarios del sector turístico para homologar la tasa a otros estados y fortalecer la promoción del estado.
Por otro lado, los legisladores cuestionaron el que se incremente el presupuesto sólo a algunas instituciones de educación superior, y no se puede argumentar falta de recursos, porque se pretende canalizar más dinero a diversas instancias improductivas, como al Tribunal Electoral del Estado, cuyo trabajo deja mucho que desear.
Destacó que el proyecto de Movilidad es integral y tiene un costo de 2 mil 160 millones de pesos; se pretende llevarlo a cabo en los próximos cuatro años, pero aseguró que en un año se verán los primeros resultados, con un mejor servicio en el transporte público, con infraestructura adecuada, modificación de rutas y que el control sea de una sola empresa.
Dejó en claro que ahora el Gobierno sí asumirá la rectoría del transporte público, que ya no tendrá cabida el monopolio (refiriéndose a ATUSA) y que en los sucesivo, el concesionario que no se ajuste a la normatividad, se irá.
Finalmente, en cuanto al C-5 ponderó la tecnificación del sistema de seguridad pública e inteligencia preventiva, pues se contará con 1,500 cámaras fijas, 500 cámaras de reconocimiento facial, 200 cámaras de reconocimiento de placas y 600 botones de pánico.