José Luis Macías Alonso
En respuesta a la reforma energética recién aprobada, la izquierda mexicana gastará su último cartucho a través de la consulta popular; aprovechando la coyuntura, el PAN prepara la suya sobre el salario mínimo; y para no quedarse, el PRI anunció que buscará consultar a la ciudadanía acerca de la reducción de legisladores plurinominales.
Hoy en Sin Jiribilla, hablaremos de este instrumento y exploraremos su procedencia y efectos.
Académicamente, la consulta popular es una herramienta democrática directa, sustentada en el ánimo de acentuar la legitimidad de una decisión pública y emanada del “plebescitum” romano utilizado desde el siglo IV a.C.
Es el uso que se le dé y no la figura propiamente, la que garantiza el avance democrático, en Francia, por ejemplo, el astuto Napoleón Bonaparte, utilizó este mecanismo de participación para justificar reformas orientadas, irónicamente, a la concentración del poder hacia su persona.
En la actualidad, ante la crisis de representación popular que tienen las democracias contemporáneas, esta figura se vislumbra como una medida interesante para articular la opinión del gobernado con el de la autoridad.
En México, con la reforma política de agosto de 2012, se estableció constitucionalmente el derecho de los ciudadanos de votar en las consultas populares. Como consecuencia, en marzo de este año se creó la Ley Federal de Consulta Popular.
Dicha ley, en su artículo 4o, define a la consulta popular como el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos, a través del voto, ejercen su derecho de expresar su opinión respecto de temas de trascendencia nacional. Contrario a las definiciones teóricas, éste concepto legal omite señalar que la opinión consultada necesariamente versará sobre alguna propuesta; situación que puede desencadenar, como ya veremos, una parálisis jurídica.
Regresando a nuestra ley vigente, el texto también señala que el equivalente de al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores (poco menos de 2 millones) podrán pedirla a la cámara legislativa que corresponda; luego el INE validará el número mínimo de solicitantes y finalmente, en su caso, la Suprema Corte resolverá sobre su constitucionalidad.
En este último requisito habrá que poner los reflectores; esta atribución que se le confía a nuestro garante de la Constitución es delicada. En nuestra perspectiva, el análisis de constitucionalidad versará sobre tres ejes.
El primero, relativo a garantizar que el tema a consultar no se ubique dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 35 constitucional.
El segundo, consistente en actualizar el supuesto de que sea un tema de “trascendencia nacional”, para lo cual, sin soslayar lo señalado por la ley de la materia que ya lo define, éste se deberá interpretar en términos constitucionales.
El tercero, relativo a la armonización que tenga la propuesta de interrogante con la norma suprema.
Según el portal digital del PRD, su pregunta será: ¿Está de acuerdo en que se mantenga el decreto de reformas a los artículos 25,27 y 28 de la Constitución en materia de petróleo y energía eléctrica publicado el 20 de diciembre de 2013?
Aún en el supuesto de que más del 40% de los electores en el país respondan negativamente, no se producirá ningún efecto jurídico. En México el proceso legislativo para una reforma constitucional se encuentra expresamente previsto y en consecuencia no admite otro camino.
El hecho de que la carta magna le reconozca efectos vinculatorios al resultado de la consulta popular, no implica la posibilidad de transgredir otras disposiciones constitucionales; por lo anterior, incluso dilucidamos que la Corte tildará de inconstitucional la interrogante y con ello negará su realización.
Jurídicamente, la única alternativa es que un legislador presente una iniciativa constitucional, con lo anterior, se desnuda el único y verdadero fin de ésta consulta: el impacto político.
En cuanto a la pregunta panista, ésta plantea el establecer en la ley laboral que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fije uno que garantice a las familias alcanzar la línea de bienestar señalada por CONEVAL (en promedio, poco más de 2 mil pesos mensuales). Además de irresponsable por plantearse de manera aislada sin considerar otros indicadores económicos, ésta pregunta encuentra su error en afirmar que el salario es el único elemento para mejorar la economía familiar, dejando a un lado el otro gran factor: los gastos. Ningún aumento al salario garantiza por sí mismo el acceso a la línea de bienestar.
De efectuarse, la consulta panista, a diferencia de la perredista, sí generaría efectos vinculatorios y consistirían en que los poderes ejecutivo y legislativo estudiaran la propuesta.
En el mismo supuesto que la panista, se encuentra la consulta popular impulsada por el PRI consistente en reducir el número de legisladores plurinominales en ambas cámaras. De avanzar y culminar con la correspondiente reforma constitucional, los partidos minoritarios sufrirán un golpe fuerte en el ya de por sí bajo número de representantes que tienen en el Congreso de la Unión, máxime con la llegada de sus tres nuevos hermanos. Habrá que valorar si vale la pena ahorrarnos sueldos de legisladores a cambio de afectar la representación de las minorías en nuestra democracia.
Las consultas populares son herramientas jurídico-políticas que al menos en su concepción, buscan el fortalecimiento democrático. En el caso mexicano, la figura permite limbos jurídicos que pueden pervertirla en meras estrategias de persuasión política y olvidar lo verdaderamente importante y riesgoso a la vez: que la opinión de la gente se traduzca en decisiones públicas, aún y cuando éstas no sean constructoras de democracia. El acotar la materia, que su objeto sean propuestas y clarificar sus efectos, puede ayudar.
@licpepemacias

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