Salvador Rodríguez López

Con las facultades que le otorga la ley, el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (TEEA) anuló el acuerdo de conformación de los consejos distritales electorales, determinados por el Instituto Estatal Electoral (IEE), bajo el supuesto que en ellos “hay militantes de partidos políticos”, entre otras razones para dejar sin efecto la atribución.
El pasado 28 de enero se dio a conocer el dictamen que obliga al IEE a emitir un nuevo acuerdo y “dictaminar de manera fundada y motivada”, en que se atienda las consideraciones previstas “en cuanto a la exclusión de los consejeros de partidos y la justificación de personas con menor calificación”.
En la sesión que tuvo lugar el día previo a su publicación se mencionó que el concluyente se derivó del juicio de protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, promovido por Alma Rosa González Rodríguez, participante en el procedimiento.
De lo analizado, el TEEA resolvió que el proceso de selección de consejeros distritales fue “ilegal” y de los motivos que esgrimió es que “fueron seleccionadas personas que contaban con afiliación de algún partido político”, así como que determinados perfiles no cumplían con los requisitos establecidos por la convocatoria y el Código Electoral para aspirar al cargo.
Es incontrovertible que el Tribunal debe vigilar que se cumpla en todas sus fases la legalidad y que si observa alguna falta la haga saber a la autoridad correspondiente, hasta ahí todo está bien, lo que sale de este marco es que los magistrados vean la paja en el ojo ajeno.
Exigen que los nuevos consejeros sean apartidistas para que sus decisiones sean objetivas e imparciales, que no se contaminen por la relación que presuntamente tienen o tuvieron con algún partido político, sin embargo esta implacabilidad no lo imponen al interior, justamente con el presidente del propio Tribunal Electoral del Estado, Héctor Salvador Hernández Gallegos, que ha sido representante jurídico del Partido Acción Nacional (PAN) y candidato a diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El 10 de mayo de 2017 el presidente de Morena en el estado, Aldo Ruiz, denunció que Hernández Gallegos estuvo con el PAN “participando activamente en la defensa jurídico-electoral de Acción Nacional en 2015 y 2016”.
Previamente, el 28 de abril del mismo año, se publicó Con Usted que Héctor Salvador Hernández fue representante del PAN en el segundo distrito y finalmente candidato a diputado federal por el PRD en el Distrito 03 en la elección del uno de julio de 2012.
En estas condiciones, existió (¿o existe?) una relación directa con ambos partidos y es precisamente el titular del órgano colegiado, que estará en el encargo por siete años, por lo que le corresponderá intervenir en las elecciones de 2018, 2019, 2021 y 2022.
Podrá aducirse que si la Cámara de Senadores dio su aval para que fuera magistrado es porque no encontró una contravención, sin embargo las mismas causales que hoy alega el Tribunal en contra de los consejeros designados son las que él tuvo en su momento, aunque podrá invocar aquello de “hágase la voluntad del Señor en los bueyes de mi compadre”.

SENTENCIA BALADÍ
La mayor defensa que tienen los jueces cuando se les recuerda el tiempo que tardan en emitir un veredicto es que deben hacer acopio de todas las pruebas y sólo hasta que tengan la plena seguridad de que el fiscal y la defensa han agotado todos los recursos pueden pronunciarse.
Con lo anterior buscan evitar una ilegalidad, o que en otro nivel les invaliden el fallo, lo que en términos generales les da confianza a los ciudadanos que cuando lo requieran habrá justicia.
Pese a esos argumentos, hay casos en los cuales, cuando se dicta el laudo que pudiera haber sido a favor del demandante ya no podrá revertirse, que es precisamente la denuncia que se interpuso en contra de unos clérigos a los que se acusó de haber intervenido en el proceso electoral que tuvo lugar en Aguascalientes entre 2015 y 2016.
El pasado 30 de enero se hizo público que el procedimiento administrativo sancionador fue favorable para los siete eclesiásticos acusados, por lo que quedaron exentos de recibir algún correctivo, sin embargo, aún cuando las denuncias se hicieron antes y al término de la jornada comicial fue hasta el 15 diciembre de 2016 cuando la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación (Segob) inició el procedimiento y el 8 de enero de 2018 la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob resolvió que ninguno de ellos cometió una infracción a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Pasaron 19 meses – después del 5 de junio de 2016 en que fueron los comicios -, para que se formulara la resolución, que por una parte puso fin al expediente, pero por otra cabe cuestionar qué habría pasado si el dictamen hubiera sido en contra de los imputados, porque sería difícil anular la elección después de que tiene más de un año que está en ejercicio constitucional.
En todo caso, los órganos de la Secretaría de Gobernación debieron resolver antes del uno de diciembre de 2016 y no ahora en que hay actos consumados, algo similar con lo que ocurrió en 2012 cuando se acusó que en la campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto se había infringido la ley con el reparto de unos monederos y años después se determinó que no había materia para proceder.

PUNICIÓN
El que manda debe ser obedecido y si no es así habrá maneras de imponer su decisión, máxime si es una autoridad gubernativa que tiene la potestad de endurecer la advertencia, por lo que los constructores están notificados que si no colocan señalamientos preventivos en las obras que realizan en la vía pública serán multados. La amenaza salió del director de Tránsito Municipal de Aguascalientes, José de Jesús Rodríguez Benavides, recordándoles a empresas, instituciones y gobiernos que en las construcciones que están en la vía pública debe haber señalética perfectamente visible de día y de noche para evitar un percance a peatones o automovilistas. El funcionario está en su papel, ya que en 2017 hubo siete denuncias de particulares y este año ya se registró la primera, no obstante, él no predica con el ejemplo, ya que en la mayor parte de la ciudad no están pintadas o repintadas las “cebras”, como se conoce las líneas amarillas por las que deben cruzar los transeúntes y mismas que están obligados a respetar los conductores de automotores. Durante la administración anterior y de la que Rodríguez Benavides fue titular de Tránsito no se hizo algo al respecto y en la actual sólo en la Feria Nacional de San Marcos se realizó en unas cuantas calles céntricas o por las que podría haber mayor afluencia de turistas, pero ni siquiera se hace en la esquina de las calles Cristóbal Colón y Juan de Montoro, que es en donde está palacio municipal. Antes de advertir, debería de cumplir con una de las obligaciones elementales, como es ofrecer seguridad a miles de personas que por necesidad tienen que atravesar las calles y la más de las veces lo hacen “toreando” a los vehículos. Es indudable que hay obras que ponen en riesgo la integridad física de quienes pasan por el lugar, principalmente por las zanjas que se dejan con un pequeño montón de tierra a manera de aviso, pero de lo que se percatan los automovilistas hasta que caen ahí o les truenan las llantas o la suspensión, o de los individuos que no visualizan a tiempo el hoyanco, por lo que los responsables deben ser castigados, pero para la misma autoridad de Tránsito pasan los años y no le interesa darle de brochazos a las “cebras”.

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