David Reynoso Rivera Río

Durante esta etapa de intercampañas, considero prudente dejar descansar los temas electorales y partidistas, para abordar uno de los temas jurídicos más relevantes en los últimos días alrededor del orbe. Lo anterior, dado que el Tribunal Supremo de Estados Unidos de Norteamerica atraviesa un interesantísimo debate entre la privacidad digital, la seguridad y el auxilio gubernamental.

El Gobierno de nuestro país vecino interpuso recurso legal para exigir a Microsoft obtener la información de los correos electrónicos de un narcotraficante cuyos correos se encuentran almacenados en un servidor de Irlanda. La intención del gobierno norteamericano estriba en poder obtener la información para complementar su investigación; sin embargo, la normatividad no permite el transpaso de dichos datos si están almacenados en el extranjero.

Lo anterior pone en evidencia que el mundo digital nos comienza a rebasar y el gran reto para gobiernos, jueces y legisladores será adaptar acciones y leyes de cáracter global en un entorno local sin perjudicar los derechos fundamentales. Lo interesante del caso es el enfrentamiento que vivirán los jueces norteamericanos ante la paradoja de la privacidad y la seguridad, ya que el usuario de los medios y plataformas digitales acude debido a la privacidad del tratamiento de sus datos personales y al verse esta vulnerabilidad probablemente se desincentive su uso. Por otra parte, existe la posibilidad de que un fallo en contra de la privacidad de la información personal ahora dé cabida a que países encuentren la manera de crear legislación que propicien el turismo virtual de servidores con el afán de brindar seguridad a los usuarios.

Los argumentos del gobierno no han podido obtener un recibimiento unánime por parte de los juzgadores ya que intentan situar la investigación de delitos y el combate a las posibles amenazas como prioritarios ante la Ley de Comunicaciones Almacenadas aprobada en 1986 que estipula su no aplicación para información archivada fuera de las fronteras del país vecino; sin embargo el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica intenta una vez más hacer uso del denominado “brazo largo” de la ley norteamericana dado que la sede principal de Microsoft está en dicho país e intentan hacerla aplicable.

Rescato la aportación de la jueza Ruth Bader Ginsburg, que menciona la peligrosidad de que la información viaje a través de un cable transatlántico. Mientras que otros jueces se muestran preocupados por la carencia de herramientas para que el Gobierno obtenga información de un ciudadano estadounidense que está siendo investigado y tiene información guardada en un servidor en el extranjero salvo a través de la cooperación judicial con otro país, que podría durar meses o años.

Por lo pronto, habrá que estar muy pendientes en los próximos meses del desenlace de este interesantísimo caso, así como de los razonamientos jurídicos que tendrán los jueces norteamericanos para que con ello se marque o no una nueva pauta en la regulación del uso de tecnologías. Agradezco el favor de su lectura y les deseo una excelente semana.

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