Claudia Salazar
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados impulsará la eliminación del fuero constitucional al Presidente de la República y todos los funcionarios públicos que tienen esa protección.
Marko Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que solicitarán a la Comisión de Puntos Constitucionales analizar todas las iniciativas que hay sobre eliminación del fuero y presente una propuesta de dictamen.
Dijo que la reforma debe incluir que cualquier funcionario público sometido a investigación podrá seguir en su cargo mientras dure proceso, y cuando haya sentencia de un juez, deberá separarse del mismo.
“Esto, con la lógica del principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, explicó.
El panista consideró que eliminará la inmunidad procesal al Presidente de la República, los Secretarios de Estado, ministros de la Corte y legisladores, entre otros funcionarios.
El compromiso de todas las bancadas, dijo, es aprobar la reforma y enviarla al Senado antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.
El miércoles pasado, el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, propuso legislar sobre el fuero, sin pretender sacar raja política rumbo a las elecciones de julio.
Tras recordar que eliminar el fuero ha sido una demanda de la sociedad civil, planteó reformar los artículos 38, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución.
La iniciativa plantea modificar el artículo 110 para establecer que el Presidente de la República podrá ser sujeto a juicio político.
En el artículo 111 se enlistan a todos los servidores públicos que serán responsables por la comisión de delitos, faltas u omisiones en que incurran durante el tiempo de su encargo y podrán ser sujetos de proceso penal.
Sin embargo, el proyecto precisa que no podrán ser detenidos, ni privados de su libertad durante el ejercicio de su cargo, y continuarán en funciones hasta que se dicte sentencia condenatoria y ésta haya causado ejecutoria, en atención al principio de presunción de inocencia.
Incluye al Presidente de la República, Secretarios de Estado, senadores y diputados federales, Ministros de la Corte, Magistrados del Tribunal Electoral federal, consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Estado, directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados.
También el Fiscal General de la República, el presidente, los consejeros y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, así como los integrantes de los órganos constitucionales autónomos.
Otros funcionarios que perderían el fuero son los titulares de las empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos dependientes del Gobierno federal.