Por: José Carlos Romo Romo

Estimado lector, los ciudadanos normalmente nos quejamos de no ser tomados en cuenta por nuestras autoridades en la toma de las decisiones gubernamentales y, algunos de nosotros, demandamos que la participación ciudadana deje de ser un simple discurso político para convertirse en un genuino derecho popular, el cual deba ser respetado y hecho valer ante cualquier ente público.

La problemática se agudiza al constatar que el marco jurídico de nuestro país, a nivel nacional y también en el orden subnacional, no se tienen previstos los mecanismos suficientes y adecuados para que el ciudadano pueda convertirse en un sujeto activo de la vida pública de su comunidad, lo que limita severamente el avance democrático del país, al no permitirse el legítimo empoderamiento del ciudadano, lo cual, evidentemente, sería en detrimento de nuestros gobernantes y de los partidos políticos que los llevaron al poder.

Otro aspecto a considerar es que, cuando las condiciones están dadas para que el ciudadano intervenga en el ámbito público, éste desdeña esas oportunidades y prefiere mantener una postura pasiva y distante respecto a los temas de interés colectivo, prefiriendo ser arrastrado por la opinión pública o, en muchos de los casos, por las determinaciones de la clase gobernante.

Por otro lado, algo que a cualquier ciudadano le enfada y, al mismo tiempo, le afecta patrimonialmente es el pago de las contribuciones fiscales. No hay ninguna duda sobre la obligatoriedad jurídica y moral de ello, sin embargo, el ciudadano no cuenta con los elementos suficientes para observar una correlación clara y directa entre lo que aporta económicamente al gasto público y lo que recibe a cambio, por parte de sus autoridades, en servicios, obra pública, seguridad, etc.

En otras palabras, el mexicano no está de acuerdo en pagar impuestos y otras cargas tributarias porque éstas las considera elevadas y no ve que estos recursos se traduzcan en acciones gubernamentales que le beneficien sustancialmente. Simplemente, no sabe en qué se gastan sus contribuciones y, al conocer los sueldos y las prerrogativas que disfrutan ciertos servidores públicos, llega a la conclusión de que no está dispuesto a seguir sacrificando parte de su patrimonio para solventar esos gastos excesivos y superfluos que hacen algunas instancias públicas, en lugar de aplicar esos recursos a la atención oportuna y eficaz de las necesidades colectivas.

En relación a todo lo anteriormente expuesto, veo con beneplácito que en algunas partes del país empiezan a tomar muy en serio el tema de la participación ciudadana, siendo el Distrito Federal quien, normalmente, se destaca por dar los primeros pasos en esta materia. Al respecto, en días recientes me enteré que el Instituto Electoral del DF habrá de celebrar una consulta ciudadana dentro del marco de un ejercicio denominado “presupuesto participativo”, el cual es un instrumento útil para que los ciudadanos tengan la capacidad de decidir en qué debe gastarse un determinado porcentaje del ejercicio presupuestal venidero.

Lo anterior, no es algo nuevo en la capital, se viene haciendo desde el 2012 y está debidamente regulado por la Ley de Participación Ciudadana del DF, la cual dispone que, “cada año, las Delegaciones deberán dividir el 3% de su presupuesto de manera igualitaria entre las colonias y pueblos de su territorio, a fin de financiar proyectos propuestos por las y los vecinos y que estén relacionados con la prevención del delito, el equipamiento urbano, la promoción de actividades recreativas, culturales y deportivas, obras y servicios. Los proyectos serán sometidos a la opinión y votación de las y los habitantes de cada colonia o pueblo y el de mayor aceptación será realizado por las autoridades delegacionales”.

En el caso que nos ocupa y para el ejercicio fiscal 2016, la consulta ciudadana de mañana habrá de definir el destino de 800 millones pesos que habrán de ejercer las 16 Delegaciones del DF. La mecánica que se sigue consiste en que, a través de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos o, en su defecto, la mesa directiva del Consejo Ciudadano Delegacional, se registran los proyectos propuestos, los cuales son valorados por cada Delegación y deberá haber un mínimo de 2 y un máximo de 5 por cada colonia o pueblo. Finalmente, los proyectos a desarrollar son electos por los propios habitantes de cada colonia o pueblo, según la votación emitida a través de las mesas receptoras instaladas para tales fines y la página web del Instituto Electoral del DF.

Si Usted desea conocer más sobre este ejercicio democrático, el cual promueve una auténtica participación ciudadana, visite la página web www.ciudadanosuni2.org o busque información a través el hashtag #eslaidea en twitter.

Este tipo de ejercicios permiten que se concrete la participación y el empoderamiento de los ciudadanos, así como permitir que el pago de los impuestos sea más llevadero, más nunca del todo satisfactorio. Tengo conocimiento de que una iniciativa de Ley en esta materia está siendo impulsada, aquí en Aguascalientes, por el Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada del PRD. Ojalá que esta propuesta legislativa transite debidamente por el análisis y la correcta deliberación por parte del Congreso del Estado.

Como es costumbre, agradezco el favor de su lectura y atención. Lo espero, una vez más, el próximo sábado.

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