Guadalupe Irízar 
Agencia Reforma

CDMX.- Las personas que se encuentran en prisión y no han sido sentenciadas tienen derecho a ejercer su voto activo en las elecciones del País, según una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Del total de la población carcelaria de México, que hasta septiembre de 2018 sumaba 202 mil 403 personas según cifras de la SSPC, el 38 por ciento no tiene sentencia.

La propuesta del Magistrado Felipe de la Mata destaca la presunción de inocencia de todos las personas procesadas y sin sentencia y fue aprobada este miércoles por 4 votos contra 3.

«De una interpretación sistemática de diversas normas constitucionales y convencionales, se propone que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar porque se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia», se expone en la sentencia avalada por la mayoría.

«La interpretación propuesta amplía el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas», añade.

Para avalar este derecho se tomó en consideración la interpretación evolutiva del derecho al voto y la presunción de inocencia tanto por parte de la Sala Superior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana y otros tribunales internacionales.

Como parte de la sentencia aprobada, los Magistrados ordenaron al INE que haga pruebas e implemente un sistema para que los reclusos del País que no tienen sentencia puedan votar en las elecciones de 2024.

«Será desarrollada por la autoridad electoral federal en plenitud de atribuciones, establecido el cómo, cuándo y dónde se ejercerá el aludido derecho a votar», indica la sentencia.

«La primera etapa de prueba se implementará en un plazo razonable, de tal manera que el derecho de las personas en prisión preventiva se garantice para las elecciones del año 2024. El Instituto Nacional Electoral identificará si el ejercicio del derecho al voto se aplicará solamente a la elección presidencial o a otras elecciones, según las necesidades y posibilidades administrativas y financieras», añade la resolución.

La sentencia de de la sala superior, inapelable, fue discutida en la sesión pública de este miércoles y a propósito de de dos juicios ciudadanos interpuestos en 2018 por Guadalupe Gómez Hernández y Marcos Ruiz López personas que se auto adscribieron como indígenas recluidos que enfrentan un proceso penal.

Estos dos presos, sin sentencia todavía, acusaron al INE de omisión por no garantizar su derecho al voto para la elección presidencial que todavía no se celebraba y en la que querían participar.

Las diferencias

Si bien todos los Magistrados coincidieron en la necesidad de garantizar la presunción de inocencia de los presos en los reclusorios y su eventual derecho al voto, hubo diferencias sobre la manera en que se decidió incorporarlos al voto activo.

El Magistrado Presidente del TEPJF, Felipe Fuentes, votó en contra de la resolución, junto con los magistrados Reyes Rodríguez e Indalfer Infante, por considerar que había razones procesales de improcedencia de los recursos presentados el año pasado para la elección presidencial de 2018.

«Yo considero que no puede ser el Tribunal, bajo este litigio presentado, llegar a esa conclusión», expuso.

Fuentes planteó que aun si se entrara al fondo del asunto y se dictaminaran como fundados los recursos de los dos indígenas tzotziles, se estaría ordenando una norma específica para resolver la demanda de estas dos personas con carácter general.

Recordó que la Corte en una resolución sobre contradicción de criterios a propósito de este tema, estableció que el derecho al voto activo está limitado cuando hay imposibilidad física del recluso para ejercer ese derecho, por seguir su proceso en prisión, lo que no ocurre cuando éste se sigue en libertad.

Sin embargo, la mayoría que conformaron Felipe de la Mata, José Luis Vargas, Janine Otálora y Mónica Soto, apoyaron la sentencia que hace referencia a una interpretación más amplia.

«El reconocimiento del derecho al voto activo de los reclusos no sentenciados es acorde con los más recientes estándares fijados por la Corte Interamericana y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a la tutela de derechos políticos de las personas en prisión», expuso el magistrado ponente De la Mata.

«El criterio que se propone cambiará el paradigma en el ejercicio de derechos políticos de las personas en prisión preventiva porque la suspensión automática de sus derechos sin posibilidad de participación mínima en la vida democrática ha implicado el olvido estatal y social de esta población», sentenció.
Con información de Antonio Baranda