En este año, las cancelaciones de certificaciones de sello digital por parte del SAT se mantienen como uno de los asuntos que preocupan a la Prodecon, pues han afectado ya a 22 contribuyentes al cancelarles la posibilidad de facturar su actividad productiva, informó el delegado José Antonio Guerra Caparrós.
El Servicio de Administración Tributaria no ha detenido esta práctica como un mecanismo de presión para las personas físicas y morales, en varios casos sí procede y lo merecen los contribuyentes, pero en otros se extralimita la autoridad fiscal en esta facultad concedida desde el año 2014.
De todas las quejas presentadas ante esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el 60% de ellas sí se lo merecen, pues acumulan omisiones en la presentación de sus obligaciones y deben aclarar su situación, y el otro 40% no merecen ese trato.
Existen supuestos en el artículo 17-H fracción X del Código Fiscal de la Federación para que proceda la cancelación del certificado del sello digital, en qué circunstancias y cuánto tiempo tiene la autoridad para atender la aclaración que haga el contribuyente, lo cual no sucede y prolongan en el tiempo la suspensión de actividades de un negocio, al presumir o justificar determinadas conductas.
Aquí en Aguascalientes, el SAT canceló el sello digital de un contribuyente porque supuestamente omitió presentar la declaración anual de determinado ejercicio; no obstante que se le acreditó a la autoridad que sí se cumplió, el fisco asumió una actitud de burocracia para retrasar el proceso de reactivación de facturación.
El delegado de la Prodecon aseveró que una actitud similar aplica el SAT en los casos relacionados con las listas negras, a las cuales se suben a los contribuyentes que facturaron operaciones presuntamente simuladas y esto le impacta a todos aquellos que realizan la deducción correspondiente.
José Antonio Guerra Caparrós precisó que a las empresas relacionadas con ese tipo de situaciones se les presiona para que corrijan de inmediato su situación fiscal, aunque cuenta la autoridad con los mecanismos de comprobación para determinar un crédito fiscal y con las oportunidades al causante para que acerque la documentación que acredite que sus operaciones realmente existen.
Con estos dos artículos, el SAT está presionando muy fuertemente a los contribuyentes del estado de Aguascalientes y del resto de país, para obligarlos a cumplir con sus obligaciones tributarias.