Martín Aquino 
Agencia Reforma

Guadalajara, Jal.- La contratación “inflada” que hizo el Congreso de Jalisco sobre un servicio de mantenimiento para una impresora de valor reducido, será investigada por la Contraloría interna y la Dirección de Control Presupuestal de la Asamblea, para determinar si hay responsabilidad administrativa de algún funcionario.

MURAL publicó ayer que, para reparar una impresora HP Láser Jet P1102w de la oficina del diputado emecista Augusto Valencia, el Legislativo contrató a una empresa no localizada en domicilio que reportó tener, La Comercializadora de Luis Alonso Tavares Castañeda, quien facturó 6 mil 380 pesos por el servicio al artículo que, usado, se oferta en Internet en mil 400 pesos.

Ante esa situación, el coordinador de diputados de MC, Salvador Caro, informó que junto con Valencia solicitó a la Contraloría realizar una auditoría a todos los pagos menores que ha realizado el Congreso, de manera que se pueda determinar si existen anomalías y, entonces, sancionar a los responsables.

Por su parte, José Aldo Ramírez, titular de Control Presupuestal, señaló que no se han pagado al proveedor los 6 mil 380 pesos, y dijo que solicitará reunirse con él, además de que realizará una investigación para determinar si se incurrió en alguna irregularidad.

El proveedor Tavares Castañeda, en cambio, explicó que su empresa no es “fantasma”, y justificó que el domicilio que reportó tener es la casa de sus padres, pero el establecimiento se encuentra en la Colonia Americana.

Señaló que el costo del servicio para la impresora del Congreso, el cual aún no le pagan y la factura que entregó fue cancelada, se incrementó porque le pidieron hacer tres visitas para revisar el aparato, y cada una de ellas tiene un costo de 650 pesos.