Hoy, en sesión del Congreso, se aprobarán modificaciones a la Ley de Desarrollo Social para el estado, a fin de integrar un Padrón Único de Beneficiarios que evite duplicidades en la entrega de apoyos y programas del Estado y los municipios.

Con ello, se busca direccionar y canalizar los recursos a las comunidades y personas que más lo necesiten.

Este Padrón Único consistirá en la relación oficial de beneficiarios, e incluirá la información sobre las personas atendidas por los programas sociales estatales y municipales, relacionados con derechos sociales o de bienestar económico. Dicha información será de libre acceso y consulta.

Además, tiene el objetivo de integrar la información sobre los programas sociales y sus padrones de beneficiarios en un sistema de información único, de cobertura estatal, municipal y de carácter público, con el objetivo de fortalecer la coordinación, complementariedad y transparencia de la política de desarrollo social.

Con ello, se busca consolidar un sistema de información único que mediante los identificadores que al efecto utilice, permita relacionar a cada uno de los beneficiarios con los apoyos que recibe, con el propósito de identificar y corregir las duplicidades de atención y promover una distribución más equitativa, oportuna y transparente de los recursos.

Del mismo modo, permitirá apoyar el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad para ser beneficiario, verificando que las personas que reciban apoyos o servicios correspondan con la población objetivo definida en las reglas o lineamientos de operación correspondientes.

Esta base de datos deberá proveer información sobre la distribución geográfica y características socioeconómicas de los beneficiarios de los programas sociales, para identificar las necesidades y prioridades de atención, así como apoyar su seguimiento y evaluación. El Padrón deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado, para que se haga cualquier observación.

Además, los programas financiados a través del fondo de fomento a las actividades de las organizaciones sociales, deberán ser puestos a consideración y aprobados por el Consejo Estatal de Evaluación y supervisados por el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia y el Órgano Superior de Fiscalización. La Comisión de Desarrollo Social hará lo propio para evaluar los resultados en materia de política social de las Organizaciones de la Sociedad Civil.