Ante la imposibilidad práctica de conocer a los contribuyentes que se encuentran en la lista negra del SAT, el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), José Antonio Guerra Caparrós, señaló que crece el número de personas físicas y morales que hicieron deducciones y se relacionan con proveedores que simularon y compraron facturas.
En el momento en que esto sea detectado, recomendó de inmediato regularizar la situación fiscal, no obstante las facultades de comprobación que tiene el SAT para determinar un crédito fiscal y que el contribuyente pueda presentar la documentación pertinente para acreditar que sus operaciones existieron y tiene evidencia material.
El funcionario comentó que por un lado, el Artículo 69B del Código Fiscal de la Federación y el Artículo 17H del mismo tienen al contribuyente muy presionado por parte de la autoridad fiscal, utilizando ambas facultades para exigir el cumplimiento de las obligaciones.
Existen contribuyentes que se merecen las medidas duras del SAT, pero para otros resulta excesiva para la operación de las propias empresas.
Los datos precisos de las empresas en lista negra sólo los conoce el Servicio de Administración Tributaria, pero sin duda que ha impactado a una larga lista de contribuyentes que se manejan con orden, cumplimiento, y sobre todo con reconocimiento por estar dentro de la ley.
“A la Prodecon le han llegado muchos casos de esta índole en lo que va del año, porque se pueden reflejar en solicitudes de devolución de impuestos de ISR o IVA, por cartas invitación, por acciones de comprobación fiscal, entre otros”, apuntó.
Aunque existen algunas empresas grandes que pueden identificar la lista negra de proveedores ante el fisco, la mayor parte no tiene la capacidad administrativa para acceder a esa información y protegerse, pero sí pueden consultar el Diario Oficial de la Federación o el portal del SAT, lo complicado es revisar proveedor por proveedor.
Además, comentó que las listas negras del SAT se publican de manera aleatoria y eso complica la consulta práctica de todos esos proveedores que se mueven fuera de la legalidad.