El presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Emmanuel Sánchez Nájera, advirtió que la determinación del congreso local respecto del presupuesto y gasto del Tribunal Local Electoral podría terminar en una acción de inconstitucionalidad.
Y es que se estaría violentando el principio de autonomía que goza el organismo que aún no logra instalarse y ponerse a trabajar en Aguascalientes, dijo, al tiempo de celebrar que por lo menos ya hay entre los legisladores la intención de “darles algo”.
Explicó que si bien hace unos meses presupuestar recursos para este tribunal parecía no ser una opción, y de hecho había la convicción expresa del Ejecutivo estatal de que no era algo que se necesitara, hoy en día es plausible que al menos ya se analice el tema.
Es bueno que por fin se haya destrabado, dijo, no obstante hay que revisar cuánto se piensa aprobar porque de entrada es menos que la propuesta inicial planteada por los integrantes del tribunal en comento, quienes pusieron sobre la mesa una partida de alrededor de treinta millones de pesos al año en tanto que la oferta actual del legislativo es de 8.1 millones de pesos para lo que resta de este 2017, que no es cantidad tan distante de la solicitada.
En ese sentido consideró que es necesario revisar cómo puede ejercerse ese gasto con transparencia pero fijando bien hasta dónde está facultado el Congreso del Estado para auditarle a un órgano autónomo, como lo es el TLE, de qué manera debe gastar cada uno de los recursos que le sean asignados.
Sánchez Nájera consideró que el tema exige análisis y debate intenso y profundo porque la idea de no violentar la autonomía de las instituciones fue la que echó por los suelos la iniciativa de no incremento libre de las colegiaturas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Y agregó que en ese momento con el argumento de no poder intervenir en un organismo autónomo, en el Congreso se decidió no ir con la propuesta perredista que trató de contener los incrementos que se daban en las colegiaturas de la institución de educación superior.
Lamentó que ese argumento ya no importa tanto cuando se habla del tribunal y entonces en este caso la pretensión es definir cuánto va a gastar, en qué, a quién se contratará, cuánto les pagará y demás, acciones que podrían incluso entrar en un tema de inconstitucionalidad, donde si no se procesa de manera adecuada lo que pueda ocurrir respecto a esa aprobación de presupuesto podríamos enfrentar una realidad similar a la de la legislatura anterior que aprobaba dictámenes que luego se venían abajo en cualquier juicio.