De acuerdo a las estadísticas de la Coordinación Especializada en materia de Voluntad Anticipada, del ISSEA, del 2009 al 2018 se registraron 216 solicitudes de adhesión al programa, es decir que en promedio sólo 21 personas al año renunciaron a la obstinación terapéutica, ante alguna eventualidad.

Del total, 182 recurrieron al formato oficial del ISSEA y los 34 restantes lo hicieron ante notario público.

“Y es que hay dos vías para tramitar el Documento de Voluntad Anticipada (DVA), ante notario público o ante el personal de salud, en el entendido de que los hospitales cuentan con el formato que habrá de firmar el paciente en etapa terminal o algún familiar”, explicó el Dr. Idelfonso Aldana Martínez, titular del área,

En abril del 2009 entró en vigor la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Aguascalientes, en la que se precisa que el DVA puede solicitarlo cualquier persona en pleno uso de sus facultades mentales, que padezca una enfermedad avanzada, progresiva, degenerativa, incurable, irreversible y mortal.

En aras de evitar mayor sufrimiento, la persona puede rechazar un determinado tratamiento médico que propicie la obstinación terapéutica, entendida ésta como utilización innecesaria de los medios, instrumentos y métodos médicos para mantener vivo a un enfermo en etapa terminal.

“El Documento debe registrarse en el área correspondiente del ISSEA para los efectos a que haya lugar, y únicamente podrá ser revocado por el signatario del mismo en cualquier momento”.

El doctor considera que el reducido número de casos obedece al desconocimiento de esta Ley, y de las bondades que trae consigo; destacó que el personal de las unidades médicas debe orientar a los familiares, darles la información inherente.

También, reconoció que hay familiares que se resisten a la voluntad de sus familiares, otros aceptan que pasen los últimos días en casa rodeados de su familia, previa asesoría y en el entendido de que la atención médica no se suspende; este tipo de pacientes se encuentran bajo supervisión.

En este programa participan médicos, psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales, especialistas en cuidados paliativos.

“Todos tenemos derecho a una muerte digna, a una agonía no prolongada, a la asistencia mínima necesaria, a no sufrir”.