Claudia Guerrero
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores de Morena propusieron una reforma para cancelar las concesiones a las empresas mineras que incurran en violaciones legales que generen impacto social en las comunidades donde se lleva a cabo la explotación.
El proyecto de reformas a la Ley Minera establece que la concesión será cancelada en caso de que las empresas no rindan un informe anual al Servicio Geológico Mexicano en el que incluyan la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales, así como las medidas de mitigación y los planes de gestión.
También podrán ser sancionadas por no ejecutar o comprobar la ejecución de esas medidas de mitigación y por no destinar los montos económicos mínimos para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación.
La iniciativa fue llevada a la tribuna por la senadora Angélica García Arrieta, quien pidió que se faculte a la Secretaría de Economía a declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo.
Explicó que, con las modificaciones legales se busca que la dependencia federal pueda cancelar concesiones y asignaciones mineras por ese motivo.
Por otro lado, se pretende facultar al Servicio Geológico Mexicano para que realice estudios de impacto social en las áreas objeto de concesión y de asignación mineras.
El proyecto establece que se deberá garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar.
Además, se pretende obligar a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación.
De aprobarse la iniciativa, las mineras tendrán que rendir un informe anual del impacto social de su lote y, en caso de incumplimiento, podrán perder la concesión.
Por otro lado, detalla los requisitos para el concurso de las concesiones y determina como “terreno libre” el comprendido dentro del territorio nacional con excepción del ubicado en o amparado por las zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo.
“Es muy importante atender a las pequeñas colectividades donde se extraen los minerales porque se extraen, se causan daños y no se deja beneficio de la explotación minera”, indicó la legisladora.
“No privilegiemos el interés económico de unos cuantos por encima de los derechos sociales de la población que está siendo vulnerada”.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Minería y Estudios Legislativos.