César Martínez
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Las organizaciones Artículo 19 y Amnistía Internacional pidieron que se indague por conflicto de intereses a jueces y magistrados que impusieron condena de 10 millones de pesos a Sergio Aguayo y luego instruyeron el embargo de sus bienes.

Por separado, Ana Cristina Ruelas y Tania Reneaum, directoras de Artículo 19 y Amnistía Internacional México, respectivamente, consideraron que los juzgadores favorecieron al ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira para callar a Sergio Aguayo, quien pagó 450 mil pesos para evitar el embargo.

Aguayo publicó el 20 de enero de 2016 un artículo editorial donde señalaba que Moreira destilaba un «hedor corrupto», cinco días después de que el político coahuilense fuera detenido en Madrid acusado de lavado de dinero.

Moreira demandó en julio de 2016 a Aguayo por daño moral y en un proceso viciado, donde fue acreditado que uno de los Magistrados que lleva el caso tiene conflicto de interés por su cercanía con el ex dirigente del PRI, el articulista de Grupo REFORMA fue sentenciado a pagar 10 millones de pesos por ejercer su libre expresión.

«Aquí lo que quiere Moreira es mandarle un mensaje de silencio a Sergio, y lo que no está bien del tribunal es que está siendo ese instrumento para mandarle ese mensaje de silencio, lo que está haciendo el tribunal es un mecanismo que se reconoce a nivel internacional que se llama acoso judicial», señaló Ruelas.

«Lo que tendría que suceder ahorita es que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México investigue un posible conflicto de interés y la tendenciosidad que existe dentro de las resoluciones del tribunal, a efectos de que este tribunal se excuse de conocer el caso de Sergio Aguayo y se asigne el caso a otro tribunal que tenga posibilidad de hacer».

No obstante, aclaró que el tribunal ya dictó sentencia y a quien le tocará resolver el asunto es al juez de amparo, quien deberá recuperar precedentes ya emitidos por la Suprema Corte.

En tanto, Tania Reneaum consideró que, si en su columna de enero de 2016, Sergio Aguayo no se hubiera referido a Humberto Moreira sino a cualquier otra persona, no se habría actuado igual.

«Lo que estamos viendo es cómo podría haber un vínculo entre el poder político y el poder jurídico, y entonces el resultado es un amedrentamiento y una amenaza clara a la libertad de expresión», consideró.