El Tribunal Electoral del Estado presentó su propuesta presupuestal para el año 2020 por un monto de 23 millones de pesos y aspira a que la cantidad sea respetada para el fortalecimiento de la institución y la seguridad laboral de su personal.
Al respecto, el magistrado presidente, Salvador Hernández Gallegos, explicó que precisamente a falta de recursos, hay personal que lleva dos años prestando servicios profesionales por honorarios.
“Se trata de un equipo que además ha recibido capacitación durante el lapso y lo que menos conviene es que a falta de recursos se pierda su experiencia y adiestramiento especializado, sino que por el contrario la aspiración es darles seguridad en sus funciones”.
En entrevista, recalcó que el trabajo desarrollado a casi dos años de su instalación y con resultados firmes, ha permitido demostrar en la entidad que los tribunales electorales son necesarios y crean un vínculo importante con la sociedad en la que se desempeñan.
Expuso que en el periodo los poderes Legislativo y Ejecutivo han conocido razones para la existencia de un tribunal electoral local como la instancia más cercana a la ciudadanía, con fuerza suficiente, para que el ciudadano pueda acercarse a la justicia.
PROPUESTA DE MORENA. Por otro lado y respecto de la propuesta de legisladores federales de MORENA, para reducir los periodos de la función de magistrados electorales del Poder Judicial de la Federación, consideró que sería improcedente y sobre todo innecesario. “Por un lado porque al ser una reforma con efectos retroactivos para al menos dos magistrados en funciones, según explicaron los promoventes de la iniciativa, facultaría a éstos para interponer un recurso de impugnación con amplias posibilidades de ganar, pues la Constitución es clara respecto de la aplicación retroactiva de la norma”.
Pero además, recordó que el escalonamiento de los periodos se hizo para que los tribunales no se queden solos o al menos no se generen en ellos vacíos que pudieran alterar el funcionamiento regular y con experiencia que se requiere ante controversias sobre la materia.
Indicó que como todo sistema, el de justicia electoral requiere reformas que atiendan los criterios de la Suprema Corte y de la Sala Superior del Tribunal Federal para mejorar o dar una interpretación atinada en cada ley, cuando un proceso electoral ha arrojado situaciones no contempladas, no para ajustar temporalidades que volverían a abrir vacíos en el pleno.