Gustavo García Olguin 
Agencia Reforma

CDMX.- La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) pedirá imponer una multa 739 mil pesos contra Jaime Rodríguez, por recibir financiamiento ilícito de empresas para recabar firmas para su aspiración presidencial independiente.
Ciro Murayama, consejero del INE y presidente de la comisión, informó ayer que detectaron que “El Bronco” obtuvo 11.2 millones de pesos de empresas vía dos formas: triangulación hacia su campaña y pagos a auxiliares de Rodríguez.
La comisión, detalló Murayama, acreditó un esquema de triangulación en el que participaron al menos 19 personas que hicieron aportaciones a la campaña del Gobernador con licencia con dinero que recibieron de empresas mercantiles.
El monto comprometido fue de 4 millones 675 mil 250 pesos por este método, que EL NORTE reveló el pasado 28 de marzo.
Murayama precisó que todavía están en investigación las aportaciones de otras 62 personas, por lo que la cifra podría subir.
“El único financiamiento privado que es legítimo por la legislación mexicana”, explicó el consejero, “es el que hacen ciudadanos en lo individual de recursos propios y, además, que no son aportaciones anónimas.
“Aquí lo que tenemos es que este conjunto de ciudadanos hizo las aportaciones, pero no con recursos propios, sino que ellos sólo fueron un vehículo para mover el dinero que salió de empresas.
“Es una trama de triangulación para ocultar un financiamiento de origen no legal”, afirmó.
Asimismo, dijo Murayama, la comisión detectó que mil 035 auxiliares que recabaron firmas para “El Bronco” recibieron pagos vía la tarjeta Saldazo de Oxxo de parte de más empresas.
El monto ilícito detectado en estas operaciones fue de 6 millones 521 mil 179 pesos.
Así, resumió el consejero, la cifra de recursos ilícitos inyectados a la campaña de Rodríguez vía empresas -que no identificó- suma hasta ahora 11 millones 196 mil 429 pesos.
El proyecto de dictamen con la multa de la comisión será votado el lunes por el Consejo General del INE.
Además, luego de que REFORMA lo adelantó el jueves, Murayama confirmó que se acreditó que al menos 439 funcionarios del Gobierno de Nuevo León trabajaron en la recolección de firmas en horario laboral, lo que es inconstitucional.
Señaló que la situación se cifró en un millón 756 mil pesos, tomando en cuenta una matriz de 4 mil pesos pagados por empleado estatal.
El Trife, añadió, recibió el expediente y deberá resolver la sanción.